La Argentina gasta aproximadamente el 9,5% del PBI en salud. Diversos análisis se han enfocado sobre la eficiencia del mismo, sobre la equidad o los resultados logrados. La mayoría de estos diagnostican un serio problema sobre el uso de los recursos en salud y dejan entrever que el dinero será suficiente para el sistema de salud argentino si se hace una eficiente gestión de este.
Sin embargo, sin intención de tapar los problemas existentes, y mucho menos de anular las posibilidades de mejoras que puedan presentarse, creo que este mensaje es peligroso y contradictorio con la necesidad del sector que requiere contar más recursos. A continuación, les presento una breve reseña que justifica la necesidad de más recursos.

1. Necesidad de mejores salarios en el sector: la realidad es que el sistema de salud históricamente ha pagado bajos salarios, haciendo que los profesionales recurran al pluriempleo. Es común encontrar médicos, enfermeros, psicólogos o kinesiólogos, entre otros, trabajando en varios establecimientos a lo largo de jornadas que se extienden entre 12 y 16 horas diarias. Junto a la coyuntura de pérdida del nivel ingresos frente a la inflación, da como resultado un elemento que justifica de la necesidad de más recursos.
2. Incorporación de tecnologías: es cierto que no toda nueva tecnología es un verdadero avance en los resultados de salud, en la Argentina se requiere inversión sobre tecnologías médicas y de la información que permitan, entre otras cosas, conectar los centros de salud más remotos con los grandes centros de salud urbanos de alta complejidad. Por otro lado, en búsqueda de más y mejor calidad de vida para la población, es necesario incorporar tecnologías que permitan diagnosticar y tratar enfermedades ya existentes como en aquellas que permanentemente aparecen. También es menester recordar que la población envejece y consecuentemente nos lleva a la aparición de nuevas necesidades, con mayor cronicidad, más enfermedades no transmisibles y mayores niveles de dependencia. Un párrafo aparte merece la necesidad de mayor atención a la salud mental, cuya problemática se expandió en las últimas décadas y se ha visto exacerbada con la pandemia del Covid-19. En definitiva, la incorporación de tecnologías (en forma racional) es una necesidad de incremento de fondos en forma permanente.
3. Necesidad de renovar estructuras edilicias: muchos de los centros de salud requieren mejoras en pos del confort del paciente y los profesionales, incluso son necesarias ciertas renovaciones para cumplir con la normativa actual. De todos modos, hay una preocupación mayor, las reformas necesarias con miras al mantenimiento del ambiente. Los centros de salud tienen un gran impacto ambiental, debiéndose enfocar en corregir y mejorar el consumo de energía o la generación de residuos. Sin un ambiente adecuado para el humano, los prestadores de salud estarán aún más saturados en el futuro. Recordando los determinantes de la salud, es necesario ser ejemplo en el cuidado del ambiente.
4. La crisis de financiamiento del sector: debido a la crisis macroeconómica, especialmente debido a la inflación, todo el sector tiene problemas financieros. En la actualidad ningún subsector del sistema tiene ganancias extraordinarias, incluso muchos enfrentan serios riesgos de supervivencia. Las obras sociales han perdido afiliados (tenemos tasas récord de empleo informal vs empleo registrado) e ingresos, ya que los salarios han perdido frente a la inflación. Las prepagas, a pesar de los aumentos acumulados, han quedado desfasadas frente a la inflación desde el 2020. Las clínicas y sanatorios privados a pesar de que están colapsados de trabajo, la gran mayoría tiene pérdidas operativas, especialmente por el aumento de gastos en medicamentos y descartables de internación. Finalmente, los hospitales y centros públicos tienen déficit presupuestario que se traduce en largas colas y listas quirúrgicas como mecanismos para contener la demanda (y, por ende, el gasto).
5. La judicialización: este fenómeno, que afecta particularmente el sector de la salud, generando una gran cantidad de gastos directos (en pago de juicios y arreglos extrajudiciales o respondiendo a amparos) como indirectos (en seguros y prácticas no cubiertas). Son dos problemáticas. Por un lado, los juicios de mala praxis, que además de los gastos mencionados generan gastos por la llamada medicina defensiva, es decir, aquellas prestaciones que no agregan valor para solucionar el problema médico-sanitario, pero se realizan por miedo a enfrentar futuras demandas. Por otro lado, los amparos por prácticas no cubiertas. La gran mayoría de estos se debe a la falta de una normativa clara y actualizada de cobertura que deben brindar tanto las obras sociales como las prepagas. Es imposible planificar las prestaciones sin un PMO estable, que no se modifique por leyes paralelas que no prevean fuentes de financiamiento alternativas.

Más allá de mis consideraciones personales sobre la necesidad de más recursos, lo cierto es que debemos mejorar el uso. Es innegable que tenemos muchos flancos que trabajar, como disminuir la variabilidad clínica o mejorar los incentivos para la consecución de objetivos sanitarios. Pero también es necesario transparentar el destino de los fondos, ya sea del dinero público como privado. Si el lector se pregunta el por qué, la respuesta es sencilla: Si no sabemos en qué se invierte el dinero, jamás podremos corregir la equidad y eficiencia del gasto. Ya lo dice la máxima “Lo que no se mide, no se mejora”.
En conclusión, debemos medir y mejorar nuestras ineficiencias e inequidades en el manejo de fondos, pero de ninguna manera debemos creer que mejorando esto solucionaremos todos los problemas del sistema de salud, especialmente aquellos que urgentemente requieren más fondos. La Argentina no gasta poco en salud, pero resulta insuficiente para tener un sistema equitativo que logre los resultados que deseamos.