La política desencanta a las sociedades, y esta sensación se extiende más allá de nuestras fronteras, como un fenómeno que incluso no está relacionado con el sistema de gobierno.
Parece una “grieta” mundial que expone el rechazo de los gobernados hacia una clase dirigente que no solo no los contiene, sino que además está en discusiones cada vez más alejadas de sus preocupaciones.
Desde los jóvenes que intentan escapar de la guerra de Ucrania o las mujeres que protestan contra su sometimiento en Irán, a los levantamientos contra la falta de respuestas a sistemas de salud y educación más comprehensivos en Chile, esa situación se expresa a lo largo y lo ancho del planeta.
Esa grieta provocó un cambio en las democracias, con la desaparición de partidos “tradicionales”, el surgimiento de movimientos y coaliciones que desafían principios elementales del sistema, montados en la antipatía hacia la política convencional.
El Brexit, la llegada de Trump al gobierno en Estados Unidos, y aun la de Bolsonaro al de Brasil, fueron explicados como consecuencias de esa ira popular, expresión de la incomprensión ante demandas que la política no registra.
Ese sentimiento se registra en la Argentina, donde nueve de cada diez ciudadanos piensan que los políticos solo defienden sus intereses, y no se interesan por los problemas de la gente común.
Surgen así voces que cuestionan las bases del sistema, “odian” al Estado e incitan a su reemplazo con consignas no muy claras, basadas algunas en el uso de la libertad personal irrestricta, para disminuir la inequidad. La clase política resiste aduciendo que se quiere avanzar a la anarquía, destruyendo el valor de la política.
En un país agobiado por problemas económicos que han conducido a casi la mitad de la sociedad a una vida de pobreza e indigencia, y que, sumados a los culturales, han empujado a los jóvenes a la indiferencia hacia un sistema que no solo les impide progresar, sino que los estimula a emigrar, la clase política se sigue mirando con recelo en la discusión de diferencias que poco le importan a la sociedad, evitando fijar su atención en aquello que deben entender y transformar.
El Ministerio de Salud “tiene como uno de los ejes centrales de su política el desarrollo de acciones que favorezcan la implementación de políticas sanitarias con perspectiva de género y diversidad...”, reza la Resolución 952/2022, para lo cual utilizará de ahora en más el “lenguaje y comunicación no sexista e inclusiva” en todos sus documentos y actos administrativos.
¿Ese lenguaje inclusivo contribuirá a mejorar el estado y gestión de hospitales a los cuales más del doble de las mujeres que llegan a la primera consulta por cáncer de mama, lo hacen en estadios avanzados, respecto de aquellas que son asistidas en el medio privado? ¿Permitirá que los médicos de esas instituciones reciban sueldos acordes a su responsabilidad, dedicación y riesgos en el ejercicio profesional, que evite el paulatino abandono de su formación en residencias?
¿Garantizará a toda la población una calidad de atención que le impida ser empujada a una medicina prepaga, que hoy compromete alrededor del 25% de los ingresos familiares? ¿Logrará moderar el impacto del gasto en medicamentos, que en el costo de oportunidad empuja a que los médicos cobren migajas?
La principal tarea de la política consiste en establecer prioridades, y habitualmente lo hace en base a las preocupaciones sociales. En el caso de que lo prescripto en la resolución citada, constituya una de esas prioridades, que además haga más accesible a la ciudadanía las comunicaciones oficiales.
Cabría recordar, que el cáncer de mama constituye la primer causa de muerte de mujeres en la Argentina; que el 25% de ellas consideró que llega tarde a la consulta porque tiene dificultades para dejar sus compromisos laborales o porque no tiene con quien dejar a sus hijos (¿No debía el Estado garantizar educación preescolar para todos y horarios prolongados?); que la demora entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento en el sector público duplica al del sector privado, etc., cabría pensar que estos últimos problemas no tienen esa prioridad, y que la sociedad no los registra y exige.
También es posible que, en el mismo sentido, la no aceptación del pago de ganancias por el poder judicial, este fundamentada en poderosos principios constitucionales y éticos absolutamente imposibles de revertir, mientras casi cinco de cada 10 niños argentinos carecen de seguridad alimentaria.

¿Problemas de la política, fundamental para mejorar la vida de todos... o de la hipocresía de unos pocos que impide mejorar la calidad de vida de todes...?