Hace tiempo, cuando algunos de nosotros nos calzamos por primera vez un guardapolvo éramos todavía habitantes de un país que poco a poco se nos iría desintegrando entre las manos. Presenciábamos sin saberlo los últimos estertores de un modelo que allá, en los principios de los 70, y como resultado de acuerdos corporativos -militares, había consolidado un sistema de seguridad social amparado en la Ley 18.610, creado el INSSJP-PAMI y lanzado las primeras experiencias de seguros privados voluntarios.
En aquellos años, la pobreza orillaba el 7% de la población, casi no se conocía el significado cruel de la palabra indigencia, el empleo proporcionaba dignidad e ingresos suficientes, y la movilidad social era una expectativa cierta.
En aquel tiempo, el Estado proporcionaba salud de calidad e igualitaria, educación calificada y meritocrática en las escuelas, seguridad en las calles. La mayoría de nosotros sabíamos, o intuíamos que íbamos a tener una vida mejor que la de nuestros padres.
Tras el fracaso del primer intento de reforma de salud, con- sumido por la vorágine de un tiempo de locura y violencia que desembocó en la noche más larga de nuestra historia, asistimos al progresivo desmantelamiento de nuestros hospitales a través de su desfinanciamiento, y paulatina precarización. Larvada- mente, silenciosamente, una sombra iba oscureciendo aquel viejo orgullo de pertenencia. Tal vez no lo vimos.
Un poco después, con la esperanza recuperada creímos que podíamos educar, comer y curar, aunque al poco tiempo supimos que se necesitaba mucho más que la fe en la institucionalidad para ello.
Y nuevamente, la fuerza corporativa abortó la posibilidad de superar las limitaciones de un sistema de salud que ya, a esa altura, mostraba la necesidad de igualar en términos de derechos efectivos las respuestas a las necesidades de salud de la población. No fue posible.
Y más allá de imprecisiones técnicas de formulación inicial, el resultado a fines de los 80, terminó por establecer un modelo asimétrico, desigual y a la postre, injusto.
Presenciamos desencantos, devaluaciones, hiperinflaciones. Vimos hospitales transferidos y recursos restringidos. Conocimos reformas parciales con las que el espíritu de los ’90 selló su impronta en un modelo cada vez más subordinado a la capacidad de pago pre o posdatada del ciudadano, inerme frente a los entresijos del sistema.
Ya iba quedando poco del “país lindo” que alguna vez habíamos conocido. Ya la pobreza, que alguna vez había sido una contingencia, se empezaba a instalar como una presencia constante. Ya el hambre había mostrado su rostro.
Después, el estallido. El pozo aparentemente sin fondo, y el renacer de una nueva esperanza que al tiempo se volvió estanca- miento, y retórica expresada en el color de cada preferencia política.
Tiempos de ideologización de la salud. De Estado paternalista y ciudadano huérfano, abandonado por ese mismo Estado que lo sumó a un universo de exclusión, intemperie y anomia. Las cifras, los indicadores sociales, cualesquiera sean ellos son suficientemente elocuentes.
Hubo un momento, en todo ese tiempo en el que, como actores sectoriales en un sentido amplio, naturalizamos que, ante iguales problemas de salud e iguales necesidades objetivas existan respuestas diferentes determinadas por acuerdos sociales tácitamente adoptados, aunque en ello se jueguen los años de vida restantes.
Un tiempo en el que aceptamos que el protocolo asistencial de una patología difiera según la inserción laboral, la disponibilidad de recursos, o el sitio de residencia del afectado. En el que nos habituamos a un bajo peso por desnutrición, a una falta de adherencia a un tratamiento por imposibilidad de compra, a una lista de espera irracional, a las colas en la madrugada, al maltrato, la desidia, la indolencia.
¿Cuándo fue que una muerte evitable dejó de colisionar de un modo innegociable con el juramento que alguna vez hicimos? ¿Cuál el instante trágico en el que admitimos que una sonrisa plena sea sólo patrimonio de quienes pueden comer, cuidar sus dientes o eventualmente pagar una prótesis?
Un tiempo en el que consentimos el multiempleo como modelo, la mera palmada pandémica como reconocimiento, el burn out como modo de vida, el desfinanciamiento y el destrato como destino, la injerencia corporativa en las decisiones sectoriales, la rectoría inexistente, el diferimiento de pagos, las guardias cerradas, la capacitación como un lujo y el futuro como una quimera.
¿Qué pasó? ¿Cómo fue que aceptamos vivir con todo esto?
¿Que nos pasó, después de lo que vivimos, entendimos y perdimos durante la pandemia para que hoy, en medio de una campaña electoral que probablemente definirá mucho del futuro de nuestros hijos estos temas no aparezcan en la agenda política?
Cómo entender, tras este recorrido que la única propuesta programática partidaria explícita difundida públicamente hasta el día que escribo estas líneas sostenga “descentralizar las derivaciones hospitalarias, arancelar todas las prestaciones y auto gestionar el servicio de salud en trabajos compartidos con la salud privada”... Proponga la “creación de un seguro universal de salud que cubra los costos, cuidados preventivos, procedimientos de urgencia proporcional a la capacidad de pago del receptor del servicio”... “Promocionar con empresas privadas la donación de insumos al nivel 2”. (1)
Y el problema no es sólo la propuesta. El escándalo es que hasta aquí no pueda ser cotejada con ninguna otra. En todo caso, tal vez la pregunta correcta no es cuándo pasó, sino cómo fue que dejamos que esto suceda...
Tal vez todavía es tiempo para proponer alternativas y reclamar una acción reparadora desde la política. Nos queda, en todo caso apropiarnos de nuestra obligación ciudadana de exigir respuestas precisas, a demandas que deben ser explícita y perentoriamente formuladas.
Allí, hay un compromiso ciudadano necesario, y posiblemente, también una asignatura pendiente.

REFERENCIA

1) Bases De Acción Política Y Plataforma Electoral Nacional. La Libertad Avanza. (Las negritas corresponden al autor de la nota).