En un artículo anterior daba cuenta de una propuesta acerca de encontrar similitudes y coincidencias entre los términos “tragedia educativa”, acuñado por el Prof. Jaim Etcheverry, en 1991, y “tragedia sanitaria”, que con cierto exceso adjetivaba, con la finalidad de encuadrar un constructo conceptual, con cierta ambición argumentaba mi ensayo, por demás muy crítico, pero con la plena convicción e intención de proponer, alternativas de posibles salidas a la grave situación observada.
En este artículo de opinión, propongo otra arista de abordaje, que de la misma manera contribuya a ese constructo, en particular desde una perspectiva del derecho de la salud; anticipando una tensa relación, entre aquellos de carácter individual y otros de carácter colectivo, que agravan, a mi buen saber y entender, la definida “tragedia sanitaria”.
La sensación de frustración, hartazgo, cansancio y decepción de todos los actores sociales, en nuestra condición de “sujetos”, con relación a los supuestos beneficios derivados de los prolíficos preceptos del marco jurídico - normativo en nuestro país, que determinan una colisión con la vivencia traumática de un acceso efectivo a los servicios de salud.
Este desencuentro provoca efecto con daño, que puede ser causa justa de esa bronca sostenida, expresada en términos de violencia hacia el equipo de salud, que no solamente es injusta, sino también lesiva del deterioro de la malla de la convivencia social, circunstancia que se convierte en un combustible muy peligroso e incendia la democracia, la institucionalidad y la gobernabilidad, alertando con luces rojas, riesgos inminentes en la continuidad de la prestación de los servicios de salud.
Comparto una reflexión, de carácter semántico más que conceptual, diferenciando, entre “derecho a la salud” y “derecho de la salud”, en el primero, de carácter prestacional y orientada al “acceso” de bienes y servicios, enfatizando más el “uso o consumo”; del otro, el “derecho de la salud”, en el que rescato más lo simbólico, con alcance valorativo como bien social jurídicamente tutelado, mediante el cual “la salud”, se propone como un “constructo socio cultural propio de la persona y del conjunto social – la población”, como un “bien preciado de carácter” presunto, pero ideal con cierto atributo de utopía, aspiracional, en el supuesto de percibir “bienestar”; destacando que los predeterminantes genómicos de enfermar, hacen imposible que la especie humana, en su condición de tal, esté libre de cualquier condición mórbida subyacente, latente o de aparición futura, que libre a cualquier ser humano de no padecer ninguna afección a lo largo de su vida.
“Vivir es una condición suficiente y necesaria para enfermar y/ o de morir”; todas las personas, sin excepción alguna, en la medida que se agreguen años a la esperanza de vida, seremos pasibles de padecer alguna enfermedad, de diferente tipo, intensidad y frecuencia; tanto por causas externas (accidentes), por agentes infecciosos, u otras de evolución crónica y no transmisible, enfermedad mental, cáncer u otras de las 10.000 entidades codificadas por la OMS.
Las sociedades se deben medir en el campo de lo axiológico, en la manera que cuidan a los ciudadanos más vulnerables, los niños, las niñas y los ancianos.
Como encuadre de la “tragedia sanitaria” propuesta, la manera en la cual las sociedades definen y determinan el alcance del derecho de la salud, es un objeto de análisis, como factor determinante.
La salud es un derecho humano fundamental, de 2dª generación, (Karek Valsac, jurista de origen checo, agrupados originariamente en tres categorías, en 1979). Su enunciado tiene arraigos etnocentristas de base europea, con un claro sesgo occidental en su expresión, atribuyéndole singularides, muy diferentes del encuadre oriental.
En la Argentina la “Salud” es una facultad no delegada de las Provincias a la Nación, previo a la conformación federal como país, por lo que se reservan a ella las garantías derivadas.
Nuestra carta magna incurre en una fórmula jurídica propia, que aborda el derecho de la salud de manera implícita, no se expresa de forma narrativa, taxativa ni explícita, a diferencia de otros derechos, por ejemplo, el derecho al trabajo. De esta forma su alcance queda sujeto a la adhesión de otras normas de carácter supraconstitucional (tratados), a la interpretación judicial y al tratamiento que se detalle en cada una de las constituciones provinciales.
La incorporación de los contenidos de tratados inter- nacionales con validez constitucional, le imprime valores muy característicos; componente de una perspectiva desde el derecho “positivo”, con gran amplitud de beneficios; basta solo con recuperar lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 25 párrafo primero establece que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Este contenido como descriptor, en un país de organización federal, como el nuestro, y en el cual la salud, y por ende su derecho vinculado, como una facultad no delegada, hace las reservas de las garantías de regulación y fiscalización; observando, hacia dentro de las constituciones provinciales, que 17 de las 24 constituciones provinciales muestran de manera explícita al derecho de la salud, distinguiendo este tratamiento normativo, de lo establecido en la constitución nacional, generando una cierta tensión, en función de las responsabilidades de gestión de gobierno en cuanto a las obligaciones del Estado Nacional con relación a las Jurisdiccionales (23 Provincias y una Ciudad Autónoma), en particular en la respuesta sanitaria de cumplimiento efectivo a la persona física, con necesidades de cuidados a la salud y de atención de la enfermedad.
¿De quién es la responsabilidad de garantizar la prestación de manera efectiva, tanto en tiempo como en forma, en cuestión de la calidad (oportunidad, pertinencia., etc.) y seguridad, en la provisión y prestación de los servicios, que contribuyen con la salud integral, y por ende de la calidad de vida de las personas y de las poblaciones?, es: ¿del Estado Nacional?, ¿del Estado provincial? y/ o ¿del Estado Municipal?, es ¿de todos? “CUANDO ES DE TODOS no ES DE NINGUNO”.
El alto porcentaje de casos en los cuales la resolución sanitaria es impuesta desde el poder judicial (judicialización de la salud), muestran a las claras la falta de respuestas del sistema de salud.
¿Qué actor social con función de gestión gobierno, es el responsable de los retrasos, en meses e incluso años que dan cuenta en la actualidad de las extensas listas de espera? (se afirma que hay pacientes que hace años aguardan una fecha para la realización de una cirugía de reemplazo de cadera, por patología cardiovascular, por cáncer, etc.), o en otro extremo, los problemas de salud que no se resuelven de manera oportuna, agravando la evolución de la patología, realizando prestaciones diagnósticas y terapéuticas mucho más costosas, incluso una consecuencia mucho más grave, más trágica, “la muerte, probablemente de causa prevenible”, la cual llega antes que la respuesta sanitaria, la cual debía haber sido brindada por los servicios de salud.
¿Cuál es el límite en la responsabilidad individual de cada actor social?, ¿es exclusiva del “título” profesional y directa- mente de aquella derivada de su praxis?, cuando en realidad no se le brindan las condiciones, indispensables y necesarias, para llevar a cabo su tarea de manera adecuada, o por el contrario ¿es de la conformación, modelo de organización y funcionamiento real del actual sistema de salud?, o quizás ¿es de los decisores políticos, gubernamentales?, quienes incluyendo en sus argumentos de campaña miles de promesas proféticas, que no se concretan en la responsabilidad de la gestión ni en la formulación de políticas públicas.
Hoy es notorio desde cualquier perspectiva de análisis, con sesgo de marcada complicidad, la intención de sostener un sistema de salud “asistémico”, altamente ineficiente, desorganizado, inequitativo, costoso, sobre ofertado, con indicadores de no calidad, inoportuno e insatisfactorio, dando argumentos suficientes para la habilitación de un “tratamiento judicial” de un problema sanitario.
Otorgándole a un juez un rol de carácter “curativo”, concediéndole y transfiriéndole los valores derivados de la sabiduría científico – médica, al decidir al momento de administrar justicia, el momento más apto en la provisión de cuidados, y una manda, para que instrumente de manera inmediata la asignación de los recursos necesarios para garantizar el derecho de la salud, los cuales en una economía de escasez, se los saca a otro paciente, el cual ve diferida su curación cambiando su pronóstico, poniendo en evidencia, entonces, la citada tensión de derechos (teoría de la “sabana corta”).
Hoy surgen una gran cantidad de preguntas con pocas respuestas, que permitan comprender esta trágica realidad, las que abren debates y contraposiciones contra fácticas.
Esta muy dura y cruda realidad, que se sufre, cada vez más intensa, en la que los verdaderos “padecientes” de esta tragedia sanitaria son por un lado, los enfermos, que a imagen y semejanza de un peregrino, andan angustiados, deambulando por diferentes hospitales, servicios de salud, direcciones médicas, golpeando puertas de consultorios, pidiendo a conocidos alguna recomendación, tratando de encontrar por cualquier medio, una solución a la enfermedad que los aqueja, reclamando, exigiendo y muchas veces implorando una solución, cuando en realidad tiene derecho de carácter constitucional, que los asiste, y los debería proteger, los gobiernos son indiscutiblemente los garantes de su efectivo cumplimiento.
No solo los pacientes, sino también lo padecen, los integrantes del equipo de salud, los cuales también son víctimas de esta tragedia, de esta tensión de derechos; cotidianamente ven deteriorado su salario, su bienestar personal, su desarrollo profesional, su reconocimiento académico, desmotivándose, decidiendo emigrar a otro país, incluso abandonando su profesión, o condicionados por circunstancias mucho más graves, actuando de manera desinteresada, exponiéndose a actos riesgosos, aceptando múltiples lugares de trabajo, con pésimas condiciones de empleo, extensas cargas de trabajo, con horas interminables, que determinan la fatiga y por supuesto una mayor propensión al error, causales de daño a las personas, que debían de cuidar o de curar, incluso a ellos mismos, en ocasión a las demandas judiciales a los cuales son expuestos.
Entonces, afirmo con cierto énfasis esperanzador, que estamos ante un fin de ciclo y cambio de época, que hace insostenible esta realidad, del cual se desprende que resulta indispensable e impostergable generar y abrir espacios de diálogo y de debate amplios, intersectoriales e interjurisdiccionales, entre el gobierno, la academia, la ciencia y la comunidad, con la finalidad de revisar los extensos marcos normativos, los que deben ser modernizados y compilados.
Elaborando un código sanitario nacional único, de carácter prescriptivo y de procedimientos estandarizados; que den cuenta de nuevos compromisos sociales, con la finalidad de corregir los desvíos en cuanto al incumplimiento de las responsabilidades de todos los actores, en la gestión, gerenciamiento de los servicios y en la de provisión de los cuidados, los que debieran ser integrales a la salud de las personas; que sienten las bases de un nuevo y gran acuerdo federal sanitario.
Que reorganice integralmente el sistema de salud, articulando todos los niveles de complejidad y de resolución, conformando redes articuladas, público – privadas, e integrales por cuidados progresivos, con servicios de salud según nivel de resolución; con accesibilidad de complejidad creciente y descomplejización decreciente; de líneas de cuidados continuas, que abarque desde la promoción hasta la rehabilitación basada en la comunidad, que priorice las actividades considerando al más vulnerable, la embarazada, el niño, la niña, el adulto mayor, al longevo; de carácter universal.
Refundando un nuevo modelo de cuidados a la salud y de atención a la enfermedad, eficiente, equitativo, solidario y sostenible, en el cual la persona como hacedora de cultura, con autonomía plena de su voluntad en cuanto a sujeto de derecho, como destinataria de las acciones y tenga conocimiento de sus derechos, participe de manera activa y se beneficie con los preceptos derivados de estos, y no que termine perjudicada, sin saberlo, por el accionar de un sistema injusto que expone a sus equipos interprofesionales y determina, agotamiento, fatiga, emigración, etc. por no considerar a la salud como una política de estado, que atraviese a los intereses de los partidos políticos y a los períodos coyunturales electorales.