Independientemente de las presiones de la industria farmacéutica, es difícil encontrar un gobierno -aun de los países más desarrollados y mayor gasto per cápita en salud- que no esté luchando con el alto precio de los medicamentos.
Se ha necesitado enfrentamientos entre gobiernos de países como la India y la propia industria para obligar a que los medicamentos reduzcan significativamente el precio de aquellas moléculas de las que las empresas desean rápidamente obtener un blockbuster que supere el billón de pesos en ventas, como ocurrió con el sofosbuvir.
Ya a finales de 2014, los medios de comunicación españoles destacaban las protestas de los enfermos de la hasta entonces incurable hepatitis C, por acceder al nuevo fármaco que prometía alta eficacia de éxito, aunque con un precio de u$s 1.000 por píldora y un costo total de u$s 84.000 el tratamiento completo de 12 semanas en Estados Unidos.
En el mercado sanitario español, el costo resultaba de 60.000 euros. El Ministerio de Sanidad de ese país inicio entonces negociaciones con el dueño de su patente - Gilead Sciences - para acordar un esquema de financiamiento destinado al sistema público, cuyo precio final nunca se dio a conocer por pedido del laboratorio. Una de las opacidades habituales del mercado farmacéutico.
Lo único concreto fue que, en 2015, el laboratorio logró alcanzar una cifra de negocio de 1.755 millones de euros, que lo colocó como número uno en ventas, con un crecimiento del 268% respecto del año previo.
El enorme empuje venía de su producto estrella. Pero casi paralelamente el gobierno de Egipto, país con la mayor incidencia mundial de hepatitis C (alrededor de 9 millones de personas equivalente a un 10% de la población) consiguió que Gilead le vendiera la misma molécula a u$s 900 el tratamiento o sea u$s 10 el comprimido. ¿Cuál es entonces el verdadero costo de producir el sofosbuvir?
En 2018, un informe publicado por la OMS referido al precio de las nuevas e innovadoras drogas oncológicas admitía que las empresas fijaban el precio de sus moléculas especialmente de acuerdo con sus expectativas de ingresos, en lugar de lo que costaba realmente fabricarlas.
Afirmando inclusive que, frente al costo supuesto de I+D, los rendimientos resultaban ser muy superiores. Más de lo requerido para generar incentivos y financiar nuevos desarrollos.
Especialmente teniendo en cuenta que el costo de utilizar moléculas oncológicas en pacientes terminales con pocas expectativas de vida supera ampliamente el de los medicamentos para otras enfermedades crónicas de alta incidencia, en un promedio hasta 2,5 veces mayor.
En el mismo año, la ministra de Salud de Italia efectuó un llamamiento que fue respaldado tanto por países ricos como pobres, destinado a mejorar la transparencia de precios y costos reales de I+D, al igual que los costos de producción de los denominados Medicamentos de Alto Precio (MAP).
Es sabido que tales costos -especialmente en I+D- ocultan otros gastos, y que sería oportuno conocer la realidad de los mismos. Las empresas del sector se defienden argumentando enfáticamente que tanto costos como riesgos de desarrollar moléculas más complejas justifican precios extremadamente altos.
Por lo cual transparentarlos significaría no poder mantener la capacidad de extraer su enorme tasa de rentabilidad tanto desde los países más ricos como desde los menos desarrollados. Más cuando se desconoce la capacidad de estos últimos de enfrentar procesos confidenciales de negociación de precios.
Tanto la OMS con el regulador italiano planteaban que una menor opacidad permitiría reducir los precios de lista, ciertamente un tanto ficticios ya que siempre se encuentran en condiciones de ser negociados.
El problema es que tal confidencialidad y el secreto sobre tales negociaciones y del descuento final operado por gobiernos o aseguradores, lleva incluso que a compradores de un mismo país se les puedan establecer precios finales muy diferentes.
Y si bien en teoría los países menos desarrollados podrían lograr negociar precios más bajos, lo habitual es que dicha confidencialidad establezca todo lo contrario.
Cualquier empresa, más aún en posición monopólica y sin control regulatorio, tiende a aprovecharse de la opacidad del mercado y la inelasticidad de la demanda para ciertos medicamentos -como los oncológicos o los requeridos para tratar enfermedades huérfanas- negociando precios que no se fijan según los costos de investigación sino en razón de lo que el mercado esté en condiciones de soportar. Es decir, un esquema precio-aceptante.
Esta situación puede ponerse en evidencia analizando los precios relativos de lista de diferentes países. Tomemos el caso del pavilizumab 100 mg/1ml, un monoclonal de elección para el tratamiento del virus sincitial respiratorio que produce la bronquiolitis y afecta en este momento a nuestra población infantil.
El Cuadro 1 muestra las comparaciones de precios por unidad y mg respecto de idéntica presentación entre once países, de los cuales seis son de América Latina (incluyendo a la Argentina).

Se observa que el precio en la Argentina se sitúa en el percentilo 90, ampliamente superior al de Uruguay, Brasil y Colombia, y también en relación con Suiza, España, Nueva Zelanda, Alemania y Chile.
Entonces. ¿Cuál es el precio real de lista del pavilizumab en esta combinación de países? ¿Podemos estar a casi el doble de lo que cuesta en Uruguay o Brasil, o directamente duplicar el precio de Colombia? ¿Qué diferencia nuestro mercado de salud de otros de Latinoamérica, sin siquiera compararnos incluso con los europeos, que nos lleva a estar en el percentil 90 de la distribución de precios?
La explicación este probablemente en nuestra condición de mercado precio aceptante con regulación ausente, que solo los precios de referencia o benchmarking permiten demostrar con claridad.
Podríamos extender el análisis del Cuadro 1 a todas las moléculas que se definen como Medicamentos de Alto Precio (MAP) y evaluarlas periódicamente, lo que permitiría construir un Observatorio de Precios Internacionales permanente, destinado a clarificar estas mismas diferencias y posiciones relativas.
De esta forma se llegaría a avanzar en mecanismos para ajustar la vigilancia comparativa de cada precio y aumento aplicado, y a la par establecer las regulaciones necesarias por parte del Estado a fin de evitar abusos y negociar en forma transparente.
Es posible que la búsqueda de mayor transparencia en cuanto a precios - comparándolos entre países - permita a los ciudadanos juzgar si sus gobiernos han tomado decisiones correctas y regulaciones acertadas sobre los medicamentos que compran y lo que pagan por ellos.
Más allá de las negociaciones confidenciales que se celebren con el Estado o los seguros sociales y privados y los descuentos obtenidos por cada sector, este enorme aumento sostenido que vienen soportando los Medicamentos de Alto Precio - considerando su principio de inelasticidad - debiera convertirse ya en una preocupación para la autoridad regulatoria.
Más cuando regular el mercado farmacéutico no puede limitarse a los mecanismos más tradicionales de fijación administrativa del precio, sino que requiere considerar todas aquellas nuevas formas de intervención pública que puedan afectar directa o indirectamente la formación del mismo.
Por ejemplo, adoptar mecanismos de fijación de precios en función del valor, o utilizar el ejemplo de los precios comparativos internacionales que tan bien aplicó en su momento Colombia y también llevan adelante Chile y Brasil.
Los países con menos influencia negociadora terminan pagando siempre más y mal. Sabiendo además que no regular un mercado con fallas bien marcadas implica propiciar desigualdad y exclusión.

Sobran conclusiones. Los instrumentos existen. Solo hay que aplicarlos.