Todos los modelos sanitarios son buenos en la medida de sus resultados en términos de eficacia, eficiencia y equidad en el acceso a los servicios de atención médica. Por lo tanto, este es el gran desafío y objetivo de los cambios o reformas que se plantean para mejorar el desempeño del sistema de atención médica actual.
La literatura en materia diagnóstica, cuenta con brillantes y coincidentes opiniones, en tanto que las propuestas no plantean la acción después de la planificación, el rumbo a seguir y cómo enfrentar los obstáculos.
El problema es de larga data y no parece que pueda superarse por los mecanismos legislativos en los que sólo pueden identificarse en cuánto a la centralidad del sistema en el Ministerio de Salud y la articulación de los sectores por medio de acuerdos, mecanismo que presta cierto margen a la incertidumbre sobre su futuro.
En definitiva, las leyes de por sí no producen cambios sustantivos si no existe una decisión política despojada de trincheras ideológicas, teóricas o las que se originen a través de las expectativas a que da lugar su planteo.
Como la integración es lo opuesto a la segmentación según fuera la capacidad económica de la población, debe desarrollarse una mirada diferente pero a la vez disruptiva.
La evidencia muestra que el funcionamiento, la estructura y la organización de los sistemas de atención médica están condicionados fundamentalmente por la fuente de financiación, si es pública o privada, toda vez que importan las decisiones sobre la forma en que se reparten y aplican los recursos.
En consecuencia, la centralidad del problema está en la posibilidad de integrar los recursos cualquiera fuese su fuente, contributivo, público o privado. En segundo término, está en la capacidad de gestionar esos recursos por las distintas jurisdicciones del país, teniendo en cuenta que salud como función pública no ha sido delegada en la nación.
La gran autonomía que han alcanzado las organizaciones, tanto públicas como privadas y de obra social no hacen posible lograr la aludida integración de recursos porque defienden su individualidad, supervivencia y no quieren perder poder.
En orden a ello es necesario buscar otras alternativas. En esa búsqueda se encuentra el art.4º de la ley 23661 por la que se promueve la descentralización progresiva del seguro en las distintas jurisdicciones lo que podría reducir la brecha de equidad producto de las distintas fuentes de financiación.
En definitiva, si reconocemos que la integración del sistema depende de la posibilidad de integrar la fuente de financiación y que estos recursos se gestionen de una manera descentralizada, transfiriendo el poder en la toma de decisiones en las distintas jurisdicciones sería posible reducir la brecha de equidad en el financiamiento y avanzar hacia una atención médica accesible, suficiente y oportuna para toda la población.
Sin embargo, el Ministerio de Salud lejos de liderar esta integración ha preferido llevar adelante programas verticales que no actúan sobre la organización del sistema, sino que tratan de palear las insuficiencias del mismo.
De este modo ha llegado a constituir un nuevo subsector, toda vez que son programas que cuentan con una financiación, un plan de beneficios y una población beneficiaria.
El avance tecnológico y científico ha generado nuevos problemas, toda vez que la fuerte influencia del mercado en la expresión de la demanda alienta su uso abusivo y contribuye a la segmentación de la población según fuera su capacidad económica o tipo de cobertura pública, privada o de obra social.
La gestión de los recursos mayoritariamente privada en el sistema contributivo sorprendentemente demanda el auxilio del estado al ver comprometidos sus recursos por el alto impacto de los precios en su economía.
Es obvio señalar que no corresponde asignar un subsidio con fondos públicos, sino asignar nuevos recursos sean contributivos, públicos o ambos para constituir un fondo de financiación con gestión pública descentralizada para hacer posible un uso racional de la financiación en beneficio de toda la población