Los meses transcurridos desde el inicio de la actual gestión, lejos de mostrar pasividad y falta de normas claras, proporcionan ya una clara definición de principios, objetivos y horizontes para el sistema de salud. Hemos presenciado un conjunto de disposiciones que, aunque son de conocimiento público, conviene listar a los efectos de su adecuado dimensionamiento.
Las normativas introducidas en el DNU 70/23, y luego -más allá de su diferida reglamentación- , perfeccionados por el DNU 600/24, y el pas de deux entre la Secretaría de Industria y Comercio y la Superintendencia de Servicios de Salud y las aseguradoras privadas, sumadas a algunas medidas administrativas conexas, establecen una tendencia definida, que conviene no considerarlas como iniciativas aisladas sino como confluyentes con otras acciones con las que se van delineando profundos cambios en nuestro sistema de salud, hasta el punto de configurar una reforma silenciosa en curso.
Si bien el diseño parece apuntar a un modelo de competencia regulada, ésta se establece, como bien lo señalaran aquí los Dres. Oscar Cochlar y José P. Bustos (Revista Médicos - julio 2024) en un terreno de “cancha inclinada” a través de reglas de juego diferentes según el origen de los recursos, en el que el sector privado goza de prerrogativas no aplicables a las entidades originalmente encuadradas en la Ley 23.660, particularmente en lo que hace al alcance de la cobertura, la libertad de imponer restricciones para la incorporación de personas con enfermedades preexistentes, la posibilidad de dar de baja a beneficiarios, modificar aranceles discrecionalmente y particularmente en lo que hace al aporte al último y desangrado vestigio del Fondo Solidario.
No se prevén medidas tendientes a la protección de publicidad engañosa o abusos contractuales, no está contemplada la estandarización de la calidad prestacional, ni la posible concentración del mercado, sino que incluso se ensalza la virtud del monopolio.
Lo que se dispone no es la continuidad de un seguro sustitutivo como el que conocíamos (aunque imperfecto, por la hibridez resultante de la desregulación de los 90’ y la aparición del mercado asegurador privado en la seguridad social nacional), sino un modelo más cercano al chileno o al estadounidense, donde el alcance de la cobertura es en función de la capacidad de pago del cliente, y no del riesgo potencialmente intercurrente.
Pero mientras en la campaña electoral en USA se propone la ampliación universal de la cobertura, acá el modelo se introduce en paralelo con la definitiva defunción de un subsistema que, más allá de sus muchos desvíos, desmanejos e imperfecciones, durante más de 50 años proveyó cuidados de salud para casi la mitad de la población. Algo que orgullosamente conocimos como Seguridad Social.
Hoy, en parte por lo que vino sucediendo hasta aquí, un poco por lo que está en curso, ese sistema está en vías de desaparición, ya por fallas intrínsecas de diseño, por insuficiencia de aportes y contribuciones, informalidad del mercado laboral, transición demográfica, incorporación acrítica de coberturas exigibles, espiralización de costos, y licuación intencional del insuficiente e ineficiente FSR.
Quedarán las Obras Sociales Provinciales y los regímenes especiales sujetos a su propia suerte, y el PAMI y sus prestadores en alto riesgo de desfinanciamiento a partir de la reducción / desaparición del impuesto PAIS.
Se instala así una competencia deliberadamente desigual, entre actores asimétricos con poblaciones diferenciadas, diferente riesgo actuarial, e incomparables niveles de cautividad de sus aportantes.
A esa competencia sesgada e imperfecta se le suman desigualdades injustas, resultantes del desentendimiento público con el sufrimiento del otro, el acceso deficiente a la atención y servicios básicos y, en definitiva, el abandono de la política pública como herramienta de compensación de asimetrías y vulnerabilidades.
Apelando a la potestad de los Estados provinciales en materia de salud, el Estado Nacional se desentiende de la suerte de la población, reduce en más $ 150.000 millones el presupuesto del Ministerio de Salud sin explicación precisa de los supuestos ahorros alcanzados, retrasa y/o suspende la provisión de medicamentos de alto precio, discontinúa o desfinancia programas de costo efectividad demostrada, e interrumpe o demora asistencia alimentaria directa en primera infancia, mientras que libera el PVP de medicamentos, con incrementos francamente por encima del IPC.
La consecuencia de este creciente empobrecimiento, en el sentido más amplio de la palabra, desemboca en mayor enfermedad, mayor desesperanza, mayor pobreza y marginalidad.
Más allá de la situación particular de cada jurisdicción, para todo aquel que no acceda al aseguramiento nominal, el destino se juega en la asimétrica disponibilidad de recursos de cada provincia, su capacidad de gestión, niveles de organización y disponibilidad de estructura.
Un sector salud provincial y municipal desfinanciado, que arrastra décadas de restricción e ineficiencia, que sostiene una demanda creciente, cada vez más pauperizada, y que ahora va a ser -ya lo es- receptora de quienes ya no pueden sostener el pago de los seguros públicos o privados.
Una población más pobre, más enferma, más postergada para acudir por asistencia, en un sistema de atención episódica, carente de normas comunes, de rectoría y de estrategia común.
Facilitación de procederes y operaciones para el sector asegurador privado, acceso pleno a los cuidados de salud para quienes puedan pagarlo y paralelo abandono de las funciones básicas del Estado en materia de acceso, equidad, regulación, calidad, sustentabilidad y resguardo de derechos inalienables, quedando éste relegado a la continuidad de políticas asistencialistas dirigidas sólo a atenuar los escandalosos niveles de indigencia.
Así, la salud pública desfinanciada, carente de líneas rectoras y sin implicación comunitaria, ni es salud ni es pública: es exclusión y es beneficencia, en el mejor de los casos.
Nos encaminamos hacia un modelo que terminará de cristalizar la cruel segregación biológica y social que poco a poco se ha naturalizado: no es ni será el avance de la ciencia ni el sistema de salud, sino las relaciones de poder quienes determinan quien enferma de aquello que alguna vez fue evitable. Quién vive y quién muere más temprano.
Es crucial debatir si se trata de un conjunto de medidas descabelladas e improvisadas, o si más allá de torpezas, contramarchas e improvisaciones, efectivamente, estamos presenciando un plan racional, sistemático, con objetivos definidos y clara posibilidad de alcanzarlos.
Si así fuera, lejos de rescatar acríticamente lo que fue, es imperioso contraponer un futuro de racionalidad, sustentabilidad y justicia.