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 Superada
la etapa de crisis que nos tocó vivir a partir de 2002, que
se pudo transitar gracias al consenso de todos los actores
del Sistema. Se generaron acciones para que dicha crisis no
impacte en la salud de los ciudadanos, como por ejemplo, el
Plan Federal de Salud que le devuelve la Rectoría del
Sistema al Ministerio de Salud de la Nación y a través del
COFESA, a todos los Ministerios de Salud Provinciales; la
reducción de la mortalidad infantil a través del Plan Nacer,
instalado en un primer momento, en las Provincias más
postergadas; la formación del Recurso Humano a través del
Programa de Médicos comunitarios que permite afianzar la
estrategia de la Atención Primaria en todo el País; la
intención de reducir el embarazo adolescente con un Programa
de Salud Sexual y Procreación Responsable; el acceso al
medicamento a pobres e indigentes sin cobertura, a través
del Programa Remediar; y la Prescripción del medicamento por
su nombre Genérico que no sólo abarata el costo del mismo,
sino que rejerarquiza el rol del farmacéutico.
En esta nueva etapa es necesario una Ley Federal de Salud
que establezca las competencias de las distintas
jurisdicciones; que le dé la sustentabilidad económica al
Sistema; y que defina la articulación entre lo Estatal y
Privado en Redes con mecanismos de referencia y
contrareferencia. Esta Ley debe encuadrar el Derecho a la
Atención Médica y establecer, con equidad, una canasta
básica de Salud que deberán cumplir todas las Provincias y
especificar que la actividad de la Salud es Pública
independientemente de quien la provea. Este último punto es
fundamental para definir una Política Tributaria para el
Sector.
Un tema pendiente, y muy importante, es el referente a una
Ley de Responsabilidad Profesional que reduzca los gastos
que genera la medicina defensiva y termine con la industria
del juicio por mala praxis.
Por otro lado, debe saldarse la deuda que mantiene el Estado
Nacional y el INSSJP con los prestadores y que la mayor
recaudación operada en el Sistema de Seguridad Social se
vuelque a mejorar el valor de las prestaciones.
La fragmentación de los financiadores promueve la inequidad
ya que no todos tienen la obligación de cumplir con el PMO y
sus distintos modelos de atención, atentan contra la
accesibilidad de sus afiliados a prestaciones integrales,
oportunas y de calidad. Establecido el encuadre del Derecho
a la Atención Médica, debemos establecer un PMO realista y
financiable que deban cumplir todos y que reduzca el
sangrado financiero que provocan los recursos de amparo al
sistema; determinar su costo, vinculado a un Modelo de
Atención único para todos los financiadores, y sino alcanzan
los recursos, debe financiarse con aportes del Tesoro
Nacional.
Esto permitiría terminar con la discriminación que tiene el
sistema, que asegura exclusivamente al que tiene empleo, la
integración del mismo, y la Universalización de la Seguridad
Social asegurando la cobertura a toda la población.
Por último, pero no menos importante, debemos avanzar hacia
la equidad, la calidad de la atención médica y la seguridad
del paciente; definir una política de Recursos Humanos
asegurando su formación en calidad y cantidad necesaria, con
una retribución de acuerdo con la responsabilidad de su
actividad y asegurando su distribución para facilitar la
accesibilidad geográfica de la población al sistema. |
