Considerando la evidencia que existe sobre los riesgos de ciertos comportamientos poco saludables o riesgosos y la repetición de los mismos por parte de la población se puede comprobar las limitaciones cognitivas de lo que llamamos conductas racionales.
La influencia de los entornos sociales donde se mueven las personas y la de los medios de comunicación que crean conductas y establecen tendencias conspiran gravemente contra los comportamientos saludables que tienen fama de ser demasiado “responsables y cuidados”. Las empresas alimenticias, tabacaleras o de cigarrillos hacen de sus productos verdaderos símbolos de la aventura y riesgo en un medio donde impera la rutina.
Las políticas sanitarias pueden hacer sin duda y en alguna medida lo están haciendo, pero necesitamos ir más rápido acortando el proceso que no puede sólo apelar a la concientización y la educación. Es imperioso tomar el atajo y esto se llama integrar las políticas públicas. En este sentido es importante lo que se puede esperar por ejemplo de la política económica y fiscal que es una de las grandes generadoras de incentivos que afectan el comportamiento humano respecto de los más importantes factores de riesgo sanitario como son los hábitos de vida.
Julian Le Grand de la London School of Economics de Londres y principal asesor durante el tiempo de Tony Blair, el ex primer ministro inglés, escribió una interesante nota en el Financial Times donde plantea una serie de recomendaciones y propuestas para mejorar la salud de los ciudadanos británicos.
Estas propuestas que están siendo discutidas se refieren a una serie de medidas que crean incentivos destinados a cambiar comportamientos de las personas. Algunas actúan directamente sobre los destinatarios y otras en forma indirecta a través del accionar sobre las empresas.
La primer propuesta es establecer un mecanismo donde el fumador tiene que tener un carnet con prescripción médica para poder comprar cigarrillos, es decir se hace más difícil el acceso a un producto que tiene una probada nocividad sobre la salud de la población. Qué debe hacer el Estado, hasta dónde intervenir, es posible seguir observando cómo se consumen vidas en nombre de cierta libertad individual que se confunde con la libertad de mercado.
Otra propuesta es una reedición de una política aplicada en EE.UU. muchos años atrás sin resultados positivos, es restringir la venta de alcohol. Este enfoque de una especie de Estado Niñera que le dice y obliga a los ciudadanos a comportarse en forma saludable no parece ser un mecanismo demasiado efectivo para enfrentar el problema del alcohol. Los jóvenes son los más perjudicados y aquí hay mucho por hacer en materia de controles a la publicidad, que vale para los cigarrillos pero no para el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Hay algunos criterios que sí personalmente creo deben ser considerados por que son señales para la sociedad estableciendo prioridades en los casos como trasplantes de órganos según el comportamiento saludable o no que ha tenido el destinatario. Por ejemplo, para el caso de un trasplante de hígado una persona que lo ha perdido por una cirrosis por ingesta de alcohol versus otra que lo perdió por un accidente u otro factor no evitable, quién tiene derecho a recibirlo primero, el que está anotado o el que tuvo un comportamiento saludable.
Otra de las propuestas es crear incentivos que promuevan que las empresas brinden una hora al día a los empleados que quieran realizar ejercicio físico. Esta es una medida que muchas empresas ya hacen sin necesidad de que sean incentivadas por el Estado, dado que se ha comprobado que personas que están mejor físicamente son más productivas y creativas.
La cuarta propuesta implica actuar sobre los productores de alimentos preparados reemplazando la sal en la conservación. Recordemos que una ingesta excesiva de sal está relacionada con un mayor riesgo de hipertensión, y de complicaciones cardiovasculares, como puede ser un infarto cerebral. La respuesta a esta propuesta está directamente relacionada con la capacidad de control que tiene la autoridad de alimentación para autorizar y profundizar su control y evitar que la medida sea evadida. El poder del sector alimentario es muy fuerte y según un estudio realizado recientemente por la OMS la reducción del consumo de sal en la dieta alimenticia de 23 países en desarrollo (entre los cuales se encuentra la Argentina) evitaría la muerte de 8,5 millones de personas en diez años.1 Como sabemos el control bromatológico de los alimentos no es algo que se haga con mucha eficacia y sin dudas impacta fuertemente en la salud de la población. El mismo estudio antes mencionado determinó que si las personas dejan de fumar además de reemplazar la sal para conservar alimentos, los fallecimientos evitables ascienden a 14 millones.
En la Argentina que es un país lácteo por naturaleza cómo es posible que los alimentos descremados cuesten más; que en definitiva tener una alimentación saludable es más caro que comer comida que perjudica la salud. ¿No deberíamos pensar más acerca de esto y empezar a generar políticas integradas que dejen de lado una mirada estrecha sobre los precios y articular políticas en términos de la población? Es cierto que con funcionarios como Moreno controlando precios no es posible pensar en estas finezas de la regulación.
Finalmente se plantea una última propuesta que es subvencionar a los colegios y empresas para que den frutas en sus instalaciones a los estudiantes y trabajadores. Promover el consumo de frutas y verduras de comprobada eficacia en las dietas es algo que sin dudas permitirá actuar sobre la salud de la población. Las vitaminas naturales y el equilibrio dietario que muchas veces no se puede alcanzar por una cuestión de hábitos o de costos tendría de esta manera un fuerte aliado en la política económica que discriminaría positivamente a favor de las frutas.
Este artículo tiene por objeto generar un debate más profundo, hoy inexistente en la sociedad argentina, que asiste impertérrita a las presiones para vender más tecnologías y medicamentos, al accionar de jueces que responden a médicos que prescriben influenciados, a pacientes que incentivados piden cualquier cosa incluso medicamentos no autorizados o en experimentación o determinadas marcas por el solo hecho que el estudio jurídico o el médico prescriptor indicó como irremplazable.
Los legisladores siguen actuando en forma autómata alimentando la caldera del financiamiento de la salud hasta el punto que la misma termine estallando o siga ajustando por calidad como lo viene haciendo todos estos años. La carrera de la tecnología médica que viene y que vendrá necesita de parámetros objetivos, de indicadores de costo efectividad que puedan ser medidos y de una clara y rotunda definición de lo que significa utilidad terapéutica.