LA VISION DEL JUEZ
Fue el Juez David Brock Hornby el primer panelista en exponer, desde la visión judicial, la problemática implicada en el concepto de error. Indicó que la relevancia del error médico está en aumento en muchos países y, sobre todo, en Estados Unidos. La pregunta, entonces, es por qué interesa tanto el error médico y la respuesta, según el juez, es relativamente simple: “Nos interesa porque queremos reducir los errores y mejorar los resultados”.
“Cuando los jueces tienen que tomar decisiones en torno al error médico, dos preguntas pasan por sus mentes”, expuso el magistrado. La primera es acerca del estándar de cuidado, ya que éste es el que indica si hubo o no negligencia. La segunda se refiere a la causalidad: los jueces se interrogan acerca del daño causado por la violación de los estándares de cuidado. La visión del juez, por otra parte, tiene un beneficio, señaló Hornby: “Los jueces tienen una visión retrospectiva, pero los médicos deben tomar una decisión y actuar en el momento”.
Por su parte, el Juez Luis Alvarez Juliá se refirió a los dilemas que platean las ciencias dilemáticas, en contraste con lo que ocurre en las ciencias exactas. “El derecho no es una física de acciones; no hay soluciones únicas”, señaló a este respecto y añadió que los mismos principios son aplicables a la medicina. Subrayó, sin embargo, la importancia de la prudencia en la adopción de soluciones.
La paradoja de las ciencias dilemáticas, expuso el juez, se manifiesta en la imposibilidad de dictaminar error médico en una situación en la que dos soluciones distintas se presentan como viables, y en la dificultad que el lenguaje técnico impone a la comunicación. “Aunque el error es humano, no todo error puede dejarse sin sanción”.
A manera de consejo, Alvarez Juliá dio fin a su exposición confirmando la necesidad de redactar protocolos y de realizar reuniones periódicas entre profesionales, que ayuden a evaluar la asunción de determinadas soluciones.

LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
El segundo bloque temático de la segunda jornada estuvo presidido por el Juez Juan Carlos Guillermo Dupuis y coordinado por el Dr. Miguel Angel Secchi. El Presidente del panel comenzó aproximando una definición de seguridad: “evitar todo riesgo al paciente y respetar su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”. El doctor aseveró también que se ha producido una reformulación de la relación médico paciente, que hoy en día está mediada por la tecnología. En referencia a la seguridad del paciente, afirmó la importancia de la prevención y el papel central del Estado, que debe asegurar el cumplimiento de las normas vigentes. A manera de acuerdo, surgieron sonrisas entre la audiencia cuando el doctor mantuvo que “la seguridad del paciente la debemos garantizar todos”.
El Dr. Alberto Agrest estuvo a cargo de la primera exposición y le dio inicio alabando el carácter de diálogo del coloquio, que funcionó, según él, como un puente entre las partes. Señaló que, ahora como antes, el médico sigue siendo el único garante de la seguridad del paciente y quien se enfrenta al abismo que existe entre el conocimiento y la aplicación.
Ante la pregunta de qué pueden hacer los médicos para mejorar la seguridad de los pacientes, el galeno convino en la necesidad de corregir los errores propios, los del equipo y los del sistema.
Ahondó en las similitudes entre el quehacer del médico y el del juez. Así como los jueces cuentan con leyes y códigos de procedimientos, los médicos disponen de reglas y normas. “El problema en ambos casos, esclareció, es que esos procedimientos se aplican sobre casos individuales”. La diferencia, sin embargo, radica en el factor tiempo: mientras que los jueces obran en tiempos lentos, los médicos se ven obligados a un accionar rápido.
Prosiguió el Dr. James Apple, quien abrió el diálogo con una pregunta compleja: “¿Qué tan seguro se encuentra un paciente cuando visita a un médico o entra a un hospital?” En Estados Unidos, expuso, este problema comenzó a ser de preocupación general en los 80, a raíz de un programa televisivo que expuso una estadística alarmante: llegaban a 6.000 las muertes por año debidas a errores en la administración de anestesia. Estadísticas que se realizaron más tarde mostraron números aún más preocupantes: los eventos adversos relacionados con hospitalización llegaron a 1 millón en un período de dos años. Sin embargo, aclaró, recién en los 90 fueron abordados los problemas generales ligados a los errores médicos.
Según Apple, los errores médicos tienen tres tipos principales de causas: el factor humano, que incluye la inexperiencia, la fatiga, el burn out; el factor de complejidad médica implicado, por ejemplo, en las nuevas técnicas y las nuevas drogas; y el factor de las fallas del sistema, que contempla errores en la comunicación, nombres confusos de drogas y fallas que provocan los sistemas automáticos. “Hay mucho que pensar con respecto a la seguridad del paciente”, concluyó Apple.
A modo de conclusión general, el coordinador Secchi confirmó la existencia de dos aspectos en lo referido a la seguridad de paciente: el que entiende la seguridad del paciente en relación al acto médico y al del equipo, por un lado, y el acto judicial en que los jueces deben determinar si un error médico amerita o no una acción legal, por el otro.

EN BUSCA DE LA COMPLEMENTARIEDAD
La última jornada tuvo una modalidad especial. Las exposiciones, que estuvieron a cargo de representantes de cuatro Sociedades Científicas, fueron seguidas por los comentarios del panel de reflexión, conformado por el Juez David Brock Hornby y por la Jueza Joan Zeldon. En este sentido, fue justamente el diálogo y la metodología que signó la jornada. El coordinador, Dr. Horacio Dillon, se refirió a las coincidencias entre la justicia y las ciencias médicas, que se han ido constando a lo largo de los 6 ciclos de coloquios. Asimismo, confirmó la necesidad de distinguir entre el justo derecho a litigar y la litigiosidad indebida.

LA COLABORACION DE LAS SOCIEDADES CIENTIFICAS
El Dr. Claudio Iribarren, de la Asociación Argentina de Cirugía dio inicio al panel analizando un panorama acerca de la situación actual de la medicina, en la que, ilustró, se genera una inmensa presión en la relación médico paciente. Subrayó también las problemáticas que genera una litigiosidad abusiva: “El dinero que podría gastarse en mejoras de todo tipo está destinado a la litigiosidad”. Como consecuencia, prosiguió, se produce una medicina defensiva.
La discusión se centró luego en el asesoramiento que las Sociedades Científicas pueden brindar a los jueces, a través de la formación de peritos médicos altamente capacitados y debidamente certificados. Iribarren ahondó en la necesidad de los procesos de recertificación, que garantizan la capacitación constante del especialista. Las Sociedades Científicas, afirmó, pueden promover la autonomía judicial de los peritos, así como también tienen la capacidad de establecer una conexión clara con los jueces, de realizar informes periciales y de estimular el crecimiento y la calidad de los peritos. La Asociación Argentina de Cirugía, concluyó Iribarren, está fuertemente comprometida con el cumplimiento de estos objetivos.
El Dr. Marcelo Campos, de la Sociedad de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, luego de describir el proceso de formación de un anestesiólogo, se refirió a las normas que están involucradas en su quehacer. Según detalló, éstas están dirigidas a generar estándares de cuidado y establecen, por ejemplo, que el monitoreo del paciente debe ser continuo, de modo que el anestesiólogo debe estar siempre presente en la sala de operaciones y que no debe efectuar, salvo en ocasiones de emergencia, procedimientos simultáneos.
Con el objetivo de mantener el nivel de excelencia, señaló Campos, en la Asociación se dictan permanentemente cursos de actualización, que apuntan a la educación continua de los profesionales. Para reforzar el encuentro de los jueces con la anestesia, la Asociación también realizó una serie de conferencias que incluyó una sesión en el simulador. En este sentido, Campos destacó la importancia de reforzar este tipo de actividades “para que los magistrados conozcan nuestro trabajo diario”.
El Dr. Eduardo Mele, perteneciente a la Sociedad Argentina de Cardiología, comenzó caracterizando al cardiólogo como el profesional médico “que brinda atención cardiovascular respetando los valores culturales, humanísticos y éticos del paciente y su familia.”
La Sociedad de la que forma parte, destacó, tiene como misión la generación y la transmisión de conocimientos, como así también el constituirse en referente científico en cardiología. Sus objetivos, expuso el doctor, son brindar educación médica continua, proveer la certificación y recertificación de especialistas en cardiología, realizar vínculos entre la cardiología y la investigación, y velar por la ética. Mele destacó que resulta importante impulsar una formación de excelencia que logre una competencia profesional de alto nivel y que se debe garantizar la certificación y la recertificación ya que constituyen “una revisión del acto médico por parte de los pares, en la que se evalúa el grado de competencia para ejercer la especialidad”. En este sentido, coincidió con sus colegas en que, dado que los procesos de recertificación implican un acto voluntario de autoexigencia que ayuda al mejoramiento del sistema de atención médica, deberían ser exigidos con obligatoriedad.
Por último, se refirió a la relevancia de los consensos para la relación entre la medicina y la justicia. Los consensos conforman documentos que las Sociedades Científicas realizan para unificar criterios, para promulgar el uso racional de los recursos de diagnóstico y para, entre otros fines, desarrollar guías de prevención, que resultan verdaderas fuentes educativas. Los consensos, añadió, distinguen entre tres clases de recomendaciones para los procedimientos profesionales: aquellas referidas a lo que hay que hacer, las que aluden a las condiciones para las cuales hay divergencia de criterios, y las que se refieren a lo que no hay que hacer.
Por su parte, el Dr. Gustavo Cardigni, de la Sociedad Argentina de Pediatría, entidad fundada en 1911, definió el doble objetivo de su entidad: “la promoción y protección de la salud del niño y del adolescente, y la formación de médicos pediatras calificados”.
En consonancia con lo planteado por el doctor Mele, Cardigni coincidió en la relevancia de la elaboración de consensos, ya que éstos conforman también un respaldo para los médicos que trabajan en situaciones adversas y zonas aisladas. En cuanto a la educación continua de los pediatras, especificó que su Sociedad encara esta actividad desde la Subcomisión de Educación Continua, que dicta cursos tanto presenciales como a distancia.
Aclaró Cardigni que la Sociedad “le asigna un valor fundamental” a la certificación y al mantenimiento de la misma. En este sentido, expuso, cuenta con un Consejo de evaluación pediátrica, que se caracteriza por su independencia respecto de la conducción política de la entidad y por su sistema federal de evaluación. “La certificación y la recertificación son las herramientas más idóneas para garantizar que el pediatra sea un especialista”, resumió Cardigni. Al igual que sus pares, reafirmó la necesidad de que los peritos que asesoran a la justicia sean verdaderos especialistas recertificados.
El doctor se refirió, por último, a una problemática específica que surge en el ámbito de la pediatría: “la enfermedad y la muerte de un niño se viven como hechos antinaturales e injustos”. En este sentido, el aumento de las expectativas de la sociedad en referencia a la atención médica se da especialmente en el caso de los niños. Las zonas complejas que ligan a la pediatría con la justicia son, puntualizó Cardigni, el maltrato, la limitación de los tratamientos en el planteo de una muerte digna para el caso de niños, y la muerte cerebral, que sigue generando controversias. “Son temas que la sociedad tiene que debatir”, concluyó el pediatra.

REFLEXIONES INTEGRADORAS
Llegado el momento del comentario reflexivo, La jueza Zeldon describió la diferencia sustancial entre el lenguaje de los jueces y el de los médicos. Por eso, señaló, es que los glosarios resultan de suma utilidad para el trabajo judicial, ya que ayudan a promover la comunicación entre los jueces y la comunidad científica. Por otra parte, confirmó la necesidad, planteada por todos los panelistas, de que los peritos sean expertos en la especialidad requerida por el juez. Se refirió también al consenso logrado en el panel acerca de la indispensabilidad de la certificación y la recertificación y aclaró que las Sociedades Científicas pueden aportar mucho al quehacer judicial a través de los procedimientos de certificación de los peritos.
Por último, concluyó que si bien los procesos judiciales pueden hacer cambiar al médico, también pueden convertirlo en un mejor profesional porque lo invitan a considerar en profundidad la humanidad de los pacientes.
El juez Hornby, por su parte, distinguió tres niveles para el tratamiento de las temáticas en discusión: el nivel macro de reforma, el nivel de educación general, que observa la educación de los ciudadanos acerca de estas problemáticas, y el nivel de acción práctica. Es en este último nivel que hay que trabajar mientras se aguardan cambios en los niveles superiores, y la educación entre sectores profesionales actúa en ese sentido. Hornby apoyó también la idea de la certificación y recertificación, y añadió que la forma en que cambia la medicina exige que la capacitación sea permanente. Sugirió asimismo la necesidad de un entrenamiento de los médicos en la terminología judicial.
También se refirió, en relación a la exposición del doctor Cardigni, al gran porcentaje de violencia ejercida contra niños, tanto psíquica y física como sexual, que más tarde en sus vidas resulta en criminalidad. Por último, reflexionó acerca de la posibilidad de una pandemia y acerca de la necesidad de discutir las implicancias de un problema de esa magnitud.
En sus palabras conclusivas, el Presidente de la mesa, el doctor Jorge Beltrán, expuso la dificultad a la que se enfrenta la justicia en su intento de hacer primar la verdad: “¿cómo llegar a la verdad?” En este sentido, las consultas científicas y técnicas de los jueces a los peritos, enfatizó, pueden ser de gran utilidad. El perito, añadió, debe actuar como un auxiliar de la justicia y debe presentar recertificaciones periódicas de su idoneidad.

PALABRAS DE CIERRE
El acto de conclusión del coloquio estuvo a cargo del Juez Ricardo Li Rosi, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. El magistrado tuvo palabras de agradecimiento para todos los participantes, tanto instituciones como expositores y asistentes, que hicieron posible el coloquio. Citó luego una frase de Washington, que marcó los albores de la democracia: “El pilar fundamental del buen gobierno es la correcta administración de la justicia”. Aclaró que esta premisa no podría desarrollarse con idoneidad en el mundo moderno sin la formación permanente de los jueces. “El núcleo de este pilar, continuó, es la resolución de los casos dilemáticos; el juez se enfrenta constantemente con dilemas”. Es para el desarrollo de este núcleo que, según expresó Li Rosi, las ciencias resultan de gran utilidad, puesto que proveen una herramienta a la justicia para brindar resoluciones idóneas. Es este rico vínculo entre justicia y ciencias, señaló el magistrado, el que ha motivado los seis ciclos de coloquios que, con su voluntad de fomentar el progreso del conocimiento, han puesto en práctica el célebre postulado de Jefferson: “la educación es un acto de optimismo”.