UN POCO DE HISTORIA LEGAL
En 1970 la ley 18.610, creó las Obras Sociales y estableció el principio de que los aportes de los trabajadores y empleadores se dirigirían únicamente a la Obra Social del sindicato suscriptor de la convención colectiva de trabajo o “sindicato de rama”.
En 1976 el “proceso” intervino casi todas las obras sociales y mediante la ley de facto N° 22.269, de 1980 enunció (solamente) la eliminación de la obligatoriedad de afiliación a la Obra Social Sindical del sindicato de rama y también amenazó con otra serie de medidas tendientes a desmontar la estructura de salud sindical, pero ninguna de esas enunciaciones (o amenazas) fue reglamentada por lo que en los hechos mantuvo la estructura tradicional: el aporte va solamente al sindicato suscriptor del convenio colectivo.
En 1988 la ley 23.660, que continúa vigente (art.12 inciso a) ratificó el principio: el aporte siguió perteneciendo al sindicato de la actividad y sólo a éste sin la posibilidad de optar por otra.
En 1993 en plena “era de la desregulación” a través del decreto 9/93 y los demás dictados en su consecuencia los trabajadores pudieron optar por una Obra Social diferente a la de la rama de la actividad, el régimen se mantiene, básicamente al día de hoy.

OTRO POCO DE HISTORIA (PERO SIN LEYES)
Hasta 1993 el sistema funcionó siempre en forma dispar, algunas obras sociales hicieron las cosas bien, brindaron buenos servicios (no sólo médicos). Otras no.
La cautividad de los afiliados por parte de un único gremio permitió que la calidad de los servicios dependiera de la voluntad y capacidad de los dirigentes sindicales.
El órgano de contralor en sus diversas denominaciones (INOS, ANSSAL, SSS) no hizo mucho para que la situación mejorara.
Desde 1993 las posibilidades de pase fueron muy amplias y comenzó un proceso de competencia.

COMPETENCIA Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA (CON FRASES CELEBRES)
El general Perón decía “los hombres son todos buenos, pero si se los controla son mejores” y humildemente parafraseamos: “las obras sociales son todas buenas pero si compiten son mejores”.
Nietsche (1844-1900) decía (de los combates): “lo que no me mata me fortalece”.
Mal que nos pese a los seres humanos la tensión del esfuerzo por competir nos hace superarnos y mejorar, esto es válido contra “el tigre dientes de sable para que no nos mate en pocos segundos”, con “otro equipo de fútbol para ganar un campeonato” y también con “otra obra social para que no nos saque los afiliados”.
Así ingresaron al mercado los grandes prepagos que acordaron con Obras Sociales, generalmente chicas, una especie de pase de los afiliados y asumieron la administración de la cartera. Como el centro del sistema debe ser el beneficiario, no vemos la actuación de empresas privadas como dañoso “en sí” (salvo al espíritu corporativo) recordemos que las tristemente recordadas “gerenciadoras” causaron estragos al sector salud en general y al prestador en particular sin que ningún sindicato protestara (véase “La falta de pago: una constante en el sistema” Revista Médicos Edición Nº 18 Julio 2001).
Tampoco vemos nada malo en que si alguien quiere gastar más dinero en cuidar su salud lo haga y así acceda a los sanatorios “top”.

EL “DESCREME”
El problema fue como dirigieron esas empresas sus campañas de afiliación: se centraron en los beneficiarios más jóvenes (más sanos) y de mayores ingresos (mayores aportes) e hicieron el mejor negocio de los sistemas solidarios: se quedaron con los sanos y ricos y esquivaron los enfermos y pobres. Una aclaración: aunque no lo parezcan las prepagas funcionan también como sistemas solidarios ya que no existen reservas técnicas ni capitalización individual.
Esta operatoria, tantas veces criticada con serios fundamentos técnicos por el Dr. Rubén Torres (ex superintendente de servicios de salud) merecería, algún tipo de intervención estatal.

LA INACTIVIDAD DEL ESTADO
Curiosamente, la Superintendencia de Servicios de Salud ha hecho poco y nada para intervenir en la relación “prepaga/beneficiario proveniente de obra social”, pese a que se encuentra dentro de sus facultades ya que la relación básica sigue siendo la ley de obras sociales y la SSS es su órgano de aplicación. Por esa vía podría controlar la calidad del servicio, las prestaciones y hasta los precios.

EL DIAGNOSTICO DE LAS AUTORIDADES
El Dr. Juan Rinaldi, actual superintendente de servicios de salud, ha dicho recientemente que “hay obras sociales que tienen 5.000 traspasos al mes, mientras que son 5 las que tienen 30.000, esto no es una libre elección, sino una pesca de afiliados”.
No encontramos nada de malo en que una obra social con mejores servicios se lleve los afiliados que libremente opten por ella sean 5 o 5.000.
Que “la clave es trabajar con el movimiento obrero” los que nos parece un tanto corporativo porque el centro del sistema debe ser el beneficiario y no los administradores.
Y que “en estos momentos de crisis global hay que utilizar los recursos y aplicarlos a la gente”, lo que nos parece muy bueno.

EL PROYECTO DE “SOLUCIONES”.
Más allá de que ningún proyecto ha trascendido oficialmente “se sabe” que la solución vendría por dificultar los traspasos por medios burocráticos, ya se los han limitado en cuanto a número y se planea obligar a permanecer en la obra social de origen al menos seis meses y hasta modificar el trámite del traspaso a la nueva obra social. Y sobre todo: obligar a que una parte del aporte sea retenido por la obra social “de la actividad” a cambio de nada.

NUESTRA OPINION ¿POR QUE SIEMPRE ELEGIMOS LO MAS FACIL Y PEOR?
Una vez aceptado que la competencia entre obras sociales es buena y que el centro del sistema es el beneficiario, todas las soluciones “en danza” son malas, en verdad las peores, si obviamos la lisa y llana vuelta a la cautividad del afiliado por “rama de actividad”. No encontramos ningún motivo válido para poner trabas burocráticas para dificultar los traspasos al solo fin de entorpecerlos. Mucho peor es que se retenga parte del aporte sin ningún servicio a cambio porque es lisa y llanamente confiscatorio para el beneficiario del servicio.

PROPUESTAS
No creemos que prohibir la operación de las prepagas dentro del sistema sea el camino, por dos motivos: tienen buena experiencia en administrar con satisfacción al cliente (pueden perder a sus afiliados cada mes) y sobre todo porque podría ser evadido designando un equipo gerencial que se instale en la Obra Social y desde allí administre con la misma cartera de prestadores que la prepaga, sólo cargaría al sistema con un sistema de administración adicional y por ende con más gastos no aplicados al beneficiario.
Una alternativa de “cirugía mayor” que no le gustará a las prepagas, es que se unificaran los aportes obligatorios con los voluntarios y así contribuyeran al Fondo Solidario de Redistribución, con todo lo que recauden, inclusive por los aportes adicionales (que actualmente retienen al 100%) porque se benefician con el mismo, pero redistribuyen sólo por el aporte obligatorio. Seguramente los economistas de la salud podrán aportar varias ideas más acerca de cómo preservar, simultáneamente, la solidaridad del sistema y la libertad de opción. Pero ciertamente: entorpecer los traspasos por el entorpecimiento mismo y retener aportes sin contraprestación es elegir lo más fácil y peor.