Hemos reiterado en muchas ocasiones la importancia de que la Argentina cuente, de una vez por todas, con un Sistema Federal Integrado de Salud. Ahora, se han elaborado las bases del proyecto de Ley que posibilitan su creación, lo que constituye una oportunidad única pare revertir el atraso sanitario que padece el país. Que sea el Congreso de la Nación el ámbito de discusión de la norma, potencia la pluralidad del debate y enriquece al nuevo modelo que se pretende edificar.
Legislar tiene el significado de terminar con la espontaneidad que ha sido el motor del actual caos, y que ha contribuido a degradar el cuidado de la salud y a los sectores protagonistas de estas áreas. Legislar también significa involucrar a todos estos actores que participan del campo sanitario; además significa regular derechos y obligaciones, que es una manera de reconocer la complejidad del tema y el impacto que sobre él tiene el contexto. De esta manera, se pretenden prever los caminos que los cambios imponen.
Se necesita entonces un instrumento legal, una herramienta que obligue a las jurisdicciones a comprometerse en la construcción de este Sistema Federal Integrado de Salud. Un Sistema que debe ser justo, solidario y eficiente.
Un proyecto de esta envergadura necesita un marco legal nacional, que le de validez y que signifique el compromiso legislativo con el tema. El paso por ambas Cámaras implica abrir el juego a las fuerzas políticas y a la sociedad toda, y la idea es que este procedimiento sea enriquecedor para la norma. Segundo, y siguiendo este razonamiento, el dictado de la Ley será el resultado de un amplio debate y acuerdo nacional.
Por otra parte, la trascendencia de esta reforma exige una normativa superior, que sirva para el largo plazo. Por la importancia de lo que está en juego, por los intereses afectados, por la diversidad de actores, se necesita sí o sí una herramienta legal para darle sustento a este nuevo Sistema.
Además, la eficacia de la nueva red que se pretende desarrollar necesita del compromiso de todas las jurisdicciones del país. Una ley sancionada por el Congreso de la Nación obliga a las provincias a cumplir la norma. De esta manera, se combate la permanente deriva a la fragmentación que sufre el país.
Y por último, toda declaración de “Derecho” legitima un mandato. Y es potestad del Estado ejercerlo. Y si hablamos del “Derecho a la Salud”, las autoridades necesitan un instrumento acorde para poder garantizar que todos los habitantes del país tengan pleno acceso a aquél. Legislar, entonces, es una necesidad vital.
Hoy nos enfrentamos a un conjunto de piezas dispersas, lo que imposibilita cualquier atención digna y en los tiempos adecuados. El panorama actual del campo sanitario argentino nos muestra una fragmentación de autoridades, planes y jurisdicciones.
Esta situación favorece la autonomización de ciertos sectores que, como si fueran castas, consideran que deben darse sus propios ordenamientos, y no acatar ninguna autoridad constituida. Esta conducta corporativa implica que esa clase de grupos se emancipa de cualquier responsabilidad directa de su accionar, y que tampoco deba rendir cuentas ante nadie. De esa manera, esa casta se considera independiente de cualquier reglamentación, y solamente cree en sus propios códigos y objetivos.
Esta autonomización perjudica notablemente la concreción del principio de subsidiariedad. ¿En qué consiste este? Expliquémoslo. Sabemos que el Estado debe tender a consolidar el bienestar de la sociedad, en todas sus áreas. Entonces, cuando los particulares, o una instancia intermedia, no cumplen ese objetivo, por el motivo que sea, debe ser el Estado el que lleve adelante la tarea. A esta situación se llama “principio de subsidiariedad”. Es decir, las autoridades nacionales, “subsidiariamente”, deben recoger el guante y solucionar el problema.
En cualquier problemática que afecte a un país, sea dentro del campo sanitario, educativo, cultural, científico o económico, debe regir este principio. Pero más necesaria y perentoria resulta su aplicación en cuestiones relacionadas con la salud. Sabemos de la rapidez con la que se necesitan implementar las medidas para paliar situaciones de emergencia, enfrentar epidemias o prevenir brotes.
No se puede dejar abandonada a su suerte a provincia alguna, si no logra resolver determinada encrucijada. Es lo más alejado de cualquier modelo solidario el planteo que implique desentenderse de lo que sucede en los distritos provinciales, y confinando a las provincias a enfrentar en soledad las amenazas de la coyuntura.
Y este principio de subsidiariedad está relacionado con el federalismo, porque implica que el Estado central, sin reemplazar a las autoridades locales, no debe desentenderse de lo que ocurre con las provincias y tiene que fomentar la equidad sanitaria en todo el país, respetando las particularidades de cada región. Un federalismo bien entendido es aquél en el que las provincias tienen un alto grado de autonomía, pero, al mismo tiempo, también posee una instancia superior a la cual acudir en momentos de crisis y con quien interactuar en forma permanente. Es este principio el principal afectado por aberraciones como la autonomización de la que hablamos con anterioridad.
Estos problemas que afectan a la Argentina nos demuestran que, como condición para la construcción de este nuevo Sistema sanitario, se precisa un Acuerdo entre los principales actores del campo de la salud.
Lo que debemos construir es un Acuerdo que sea una verdadera herramienta para salir del atraso, y que se impone por la urgencia de nuestros tiempos, por una necesidad conceptual y por las características de nuestra realidad sanitaria, protagonizada por múltiples actores. Un Acuerdo como el planteado reconoce la crisis y asume el conflicto recurriendo a la negociación para elaborar una agenda de acción común.
Este marco se construye a partir de la toma de conciencia, del compromiso y de la profunda reflexión que darán lugar a convergencia social real de todos los actores involucrados. Un acuerdo es por definición una propuesta instrumental entre partes, la articulación de una herramienta adecuada para alcanzar un determinado objetivo como es la construcción de un Sistema Integrado de Salud.
Pero reiteramos que el Acuerdo no debe repetir las inconsistentes formalidades del consenso. Porque el elemento central de toda sociedad democrática es el conflicto, cuya resolución depende de una negociación. La sociedad avanza mediante conflictos y su posterior resolución, instancia que siempre será momentánea, ya que inmediatamente nacerán nuevos enfrentamientos que deben ser saldados con nuevas negociaciones, y así el derrotero de la historia social sigue su curso.
Un Acuerdo se apoya en herramientas idóneas, en las que prevalecen los mecanismos de control, el monitoreo constante y ajuste permanente de las políticas. De esta manera, se garantiza la pluralidad de voces, el acceso a la información y la flexibilidad necesaria en toda gestión, para rectificar rumbos. Este Acuerdo, además, debe definir una agenda de salud y delimitar quiénes y en qué marco deben integrarla.
En suma, necesitamos un compromiso real de todos los actores relevantes del campo sanitario. Compromiso que, desde el vamos, debe implicar la asunción de ciertos costos, y de que no todos las propuestas serán aceptadas. Pero es mucho más idóneo y racional construir este marco de discusión y de establecimiento de pautas, que seguir en este presente de sectores erráticos y emancipados de cualquier articulación con un proyecto sanitario global. Que es lo mismo que decir emancipados de un proyecto de país.
En definitiva, esta nueva Ley propone la creación de un Sistema de Salud que sea resultado de la integración armónica de las partes que lo componen; que esté bajo una coordinación adecuada; y en una red que obedezca a un Plan Nacional, que atienda con racionalidad y eficacia a las demandas de la población potenciando su eficiencia.
Quisiera, para terminar, recordar una frase de François Jacob: “En el mundo científico, la regla consiste en no hacer trampas: ni con las ideas ni con los hechos. Es un compromiso tan lógico como moral; simplemente, el que hace trampas yerra el tiro. No hace más que garantizar su propia derrota”. Siguiendo ese camino, y para dejar de hacer trampas, creemos imprescindible la sanción de la Ley que hace nacer al Sistema Federal Integrado de Salud. De esta manera, se asume un compromiso para mejorar la calidad de vida de todos los que habitan este país.