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 La
segunda jornada del Ciclo de Coloquios Buscando el
Acercamiento de los Jueces a las Ciencias comenzó
con la mesa dedicada a la Incertidumbre normativa
ante el sistema de salud. La mesa estuvo coordinada
por el doctor Miguel Angel Secchi, Director
Ejecutivo del Foro para el Desarrollo de las
Ciencias, y contó con las presentaciones del doctor
Fernando Carcavallo, Miembro del Comité Ejecutivo de
FLENI, del licenciado Hugo Néstor Magonza, Director
General del CEMIC, y del doctor Rubén Torres,
Consultor Regional en Seguridad Social OPS-OMS en la
República Oriental del Uruguay.
Mientras que Carcavallo se refirió a las figuras
profesionales novedosas que quedan por fuera de los
marcos legales tradicionales con los que todavía se
rige nuestro país, Magonza listó y explicó cinco de
los efectos que la incertidumbre normativa tiene
sobre el sistema de salud de la Argentina. Por su
parte, Torres dedicó su disertación a los alcances
de la incertidumbre normativa en materia de
políticas sanitarias.
NUEVAS FIGURAS LABORALES
El doctor Fernando Carcavallo se centró, para su
exposición, en la presentación de la problemática
que surge de la dificultad de encuadrar las
relaciones entre las entidades de salud y algunos
profesionales en los marcos normativos vigentes sin
que surjan incertidumbres. “El problema que se
plantea en la práctica cotidiana es la imposibilidad
de encuadrar en forma regular y legal algunas
posiciones de profesionales en el marco de una
institución de salud”, especificó Carcavallo. Este
nuevo tipo de relaciones, que se hace patente, por
ejemplo, en el vínculo entre profesionales médicos
altamente calificados y las instituciones en las que
ejercen, explicó el doctor, no cumple con los tres
tipos de subordinación que definen a la relación de
dependencia en el ámbito laboral: la subordinación
jurídica, la económica y la técnica. “Los
tribunales, manifestó Carcavallo, han mantenido la
idea de que éstas son relaciones de dependencia
laboral y no ha habido actividad legislativa que
desvirtuara este concepto o que se aggiornara a las
nuevas relaciones profesionales”, subrayó.
La imposibilidad de encuadrar estas nuevas
relaciones en las normas existentes, continuó
Carcavallo, puede redundar en riesgos crecientes
para las instituciones del ramo de la salud: “Estas
instituciones quedan expuestas a riesgos gravosos
desde el punto de vista laboral y previsional, que
pueden derivar hasta en el planteo de
responsabilidades penales para sus directivos”,
especificó. Los entes de salud se ven, entonces, en
una encrucijada: “Las instituciones médicas, en este
contexto, están condenadas a lo que se conoce como
fraude laboral, cuando la realidad indica que,
además de la falta de subordinación, ocurre que en
muchos casos ni los profesionales pretenden ser
empleados de la institución ni la institución quiere
tenerlos como empleados; se da una relación regida
por otras pautas, que las normas legislativas no
terminan de recoger”, puntualizó Carcavallo.
Para el caso específico de las instituciones sin
fines de lucro, la situación se agrava, sobre todo
en el horizonte de la ley 26.476 que establece el
blanqueo fiscal. “En estas instituciones se está
discutiendo si se ingresa o no en el blanqueo; la
conclusión a la que se arriba es que, más allá del
esfuerzo económico que se haga, resulta imposible
estar en regla con las pautas legales vigentes, lo
que desnuda aún más la necesidad de un
aggiornamiento en materia legislativa”, sintetizó el
doctor.
LOS EFECTOS DE LA INCERTIDUMBRE NORMATIVA EN EL
SISTEMA DE SALUD
Más tarde fue el turno del licenciado Hugo Magonza,
quien explicó detalladamente cinco de las
problemáticas que la labilidad en las normas genera
en el sistema de salud de nuestro país. Estos cinco
efectos, a su entender, son: la litigiosidad
indebida, la judicialización de los actos médicos,
la proliferación de normativa, la regulación del
sector privado financiador, y las especiales formas
que asume el vínculo contractual entre los
profesionales y las instituciones de salud.
En referencia a la primera de las problemáticas,
Magonza recordó la importancia del vínculo humano
entre médico y paciente para luego afirmar que la
litigiosidad indebida “ha hecho que la relación
médico-paciente se deteriore, pues se piensa a los
pacientes como posibles demandantes o enemigos”. Es
también a raíz de esta litigiosidad que, señaló
Magonza, “se despliega la medicina defensiva, que es
más costosa porque implica el abandono de la
evaluación clínica y el paso a la tecnología, que
genera menos incertidumbre; esto, a la vez,
deshumaniza más el vínculo”.
Con respecto a la judicialización de los actos
médicos, Magonza comenzó planteando el estado de la
cuestión: “La gente acude a los medios y a la
justicia, y los jueces se cargan con problemas que
deberían ser resueltos, por ejemplo, por los
médicos”. La toma de decisiones por parte de los
jueces, continuó el doctor, está condicionada tanto
por la falta de tiempo como por la de información
idónea. Es por eso, agregó el licenciado, que “los
jueces deberían poder consultar a especialistas en
el tema; una Agencia de Evaluación de Tecnología
sería el lugar donde los jueces podrían tener un
soporte para las decisiones jurídicas”.
La proliferación de las normas está marcadamente
presente en el ámbito de la salud. Magonza la
ejemplificó con el caso de lo establecido para el
tratamiento de residuos peligrosos: “La ley nacional
establece que esos residuos deben procesarse en
Santa Fe para no dañar el medio ambiente, pero como
la ley de la provincia de Buenos Aires dice que esos
residuos no pueden circular, surge un equívoco con
dobleces en la praxis: hay que llegar con los
residuos hasta Santa Fe sólo por las rutas
nacionales porque, si no, se está infringiendo la
ley provincial”. Es por eso que, manifestó, “debería
haber una norma general que implique una
modificación del sistema de salud, que resulte
universal y accesible a todo el mundo”.
En relación a la ley de regulación de las empresas
de medicina prepaga, después de repasar sus puntos
centrales, Magonza postuló que puede llegar a tener
un efecto devastador: “Yo creo que en la Cámara de
Senadores la van a analizar bien porque, de
aplicarse tal cual está, el sistema de salud
quedaría trunco”. Con respecto a los vínculos entre
profesionales e instituciones, Magonza agregó a lo
expuesto por Carcavallo que “pasar del sistema
actual al modelo de relación de dependencia
derivaría en una pérdida del 11.3%; el cambio,
además, no redundaría en una mejora desde el punto
de vista remunerativo para los profesionales, sino
todo lo contrario”.
EN POS DE LA EFICIENCIA Y LA EQUIDAD
Por último, Torres expuso acerca de la eficiencia y
la equidad entendidas como prioritarias para el
sistema de salud. “En nuestro país, afirmó, existe
mucha posibilidad de acceso al sistema de salud, el
problema es a qué nivel de calidad se accede, y esto
tiene que ver con el grado de eficiencia y de
equidad que el sistema tiene”. Para el tratamiento
de las problemáticas que se relacionan con la
incertidumbre, continuó el doctor, “es importante
tener en cuenta las condiciones del mercado de la
salud, que es un mercado diferente al de la compra y
venta de cualquier producto ya que en salud hay
condiciones que hacen variar el equilibrio del
mercado”.
Según Torres, el problema de la incertidumbre
normativa llega, en la Argentina, hasta el núcleo
mismo del establecimiento del PMO: “El PMO no define
ni eventos específicos ni tiempos de espera, y esto
tiene que estar definido desde lo legal para así
poder establecer los derechos que tienen los
ciudadanos”. La problemática implícita del PMO no
termina allí, sin embargo, señaló Torres que en
nuestro país hay “15 millones de personas, las más
pobres, sin cobertura de seguros, a las que el
Estado no garantiza la cobertura del PMO; entonces,
cuando el Estado vota una ley para incluir alguna
prestación más en el PMO, incurre en dos sinrazones:
la primera es que está dando más protección a los
más protegidos de la Argentina; la otra, que ya
linda con la ética, es que exige a las entidades
privadas y a las obras sociales que cumplan con
cosas que él mismo no cumple”.
Por último, Torres se refirió al crecimiento veloz
de la tecnología y a su efecto en el sistema de
salud y en las expectativas de los pacientes. “Hoy,
con toda la maquinaria de marketing e investigación,
todos los días hay innovaciones que ejercen presión
sobre el sistema sanitario, más allá de que sirvan o
no; además, en el mercado de la tecnología existe un
conflicto de intereses que también presiona al
sistema sanitario”, subrayó. Para finalizar, Torres
remarcó que “la tecnología tiene que estar regulada
porque adoptar, para ciertos casos, tecnologías de
uso no probado impide que otros pacientes reciban
tratamiento adecuado; y la falta de regulación es
una falta del Estado”. |
