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 La
última mesa de la jornada estuvo dedicada a los
Amparos y las medidas judiciales y contó con la
coordinación del doctor Carlos Salgueiro, Médico
Legista Universitario del Hospital Fernández y
Asesor Médico de OSDE. Los expositores, el doctor
Ricardo Li Rosi, Juez Sala A de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, Miembro del Consejo
Académico de la Escuela Judicial del Consejo de la
Magistratura y Director Delegado para Sudamérica de
la Academia Judicial Internacional, el doctor Pablo
Giordano, Presidente de ADEMP y de STAFF Médico, y
el doctor Julio Frigerio, Abogado especialista en
Derecho Civil y Asesor de Empresas, disertaron
acerca de las problemáticas que surgen de la
judicialización de la medicina y de los efectos
negativos que ésta tiene para los pacientes, para
los profesionales, y para el sistema de salud. A la
vez, indagaron en las dificultades que la creciente
litigiosidad conlleva para el quehacer judicial.
SISTEMA JUDICIAL Y NECESIDADES DE CONSUMO: UN
PROBLEMA DE INCOMPATIBILIDAD
En primer lugar, el coordinador Salgueiro introdujo
a los expositores refiriéndose a los efectos que la
judicialización de la medicina tiene en todos los
actores del sistema de salud: “La judicialización
del acto médico es una enfermedad grave que tiene
consecuencias tanto para el sistema de salud, como
para el médico y para el paciente”, postuló.
Fue el doctor Li Rosi el que abrió las exposiciones
de la mesa, y lo hizo recavando en la historia de la
formación de los sistemas judiciales. Repasó la
historia de las sociedades modernas con gran poder
sintético y claridad, explicando el camino histórico
que llevó de las sociedades de súbditos a las de
ciudadanos a través de la Revolución Francesa. Con
la Revolución de octubre, prosiguió Li Rosi, fue el
momento de las sociedades de camaradas y,
actualmente, el triunfo del capitalismo ha logrado
la conformación de una sociedad de consumidores. “En
la sociedad de consumo, donde hay una necesidad hay
un derecho; el problema surge porque el poder
judicial ha sido concebido con bases que arrancan en
una república de ciudadanos, no de consumidores.
Entonces, el sistema judicial, fundado como está,
obtiene cosas que puede satisfacer y otras que no”,
explicitó el doctor.
En referencia a los graves problemas que posee el
sistema de salud argentino, Li Rosi no dudó en
señalar que se trata de cuestiones que “no pueden
ser resueltas en la justicia; se pretende resolver
en los tribunales temas que son de otras ramas del
gobierno”. Este hecho, continuó el doctor, genera
disyuntivas para los jueces: “Los magistrados no
tienen un acercamiento científico para resolver las
medidas cautelares que, generalmente, están
planteadas en términos dramáticos. Hay una
diferencia salvaje entre las necesidades de las
personas, lo que significa el sistema de salud, y lo
que tienen a mano los jueces para resolver el
problema en poco tiempo”, puntualizó Li Rosi. En
síntesis, planteó el doctor, “el problema del
sistema de salud es grave y no se puede resolver en
los tribunales; nosotros intentamos aquí brindar
información para encontrar una solución para lo que
ocurre dentro de los tribunales, aunque no se trate
de la solución última a los problemas del sistema”.
LOS VINCULOS FAMILIARES Y EL MERCADO DE LA SALUD
En su exposición, el doctor Pablo Giordano dio
cuenta de su extensa experiencia en medicina
aportando los hechos que, a su criterio, pueden
entenderse como algunas de las causas de la
creciente litigiosidad indebida en el ámbito de la
salud. “El mayor número de recursos de amparo en
prestaciones médicas no surge para salvar una vida,
sino que está impulsado por problemas sociales,
morales, religiosos”, postuló el doctor. Uno de esos
problemas, indicó, es el deterioro de las relaciones
familiares y del vínculo entre médico, paciente y
familia: “En el contexto de una familia destruida
por conflictos, son los familiares de los pacientes
los que pretenden equilibrar la sensación de culpa
que les provoca eludir el cuidado de los pacientes
con esta conducta litigante con la que quieren
mostrar su preocupación, siempre y cuando lo que
exijan sea cubierto por el tercer pagador”.
Otro de los factores que, según Giordano, hace al
incremento de la litigiosidad indebida es la
extensión y la influencia del mercado farmacéutico:
“La medicina actual es un apéndice de la industria
farmacéutica: la salud y la enfermedad las fabrican
esos mismos intereses, que se basan en indicar
procedimientos y medicamentos de determinada marca”.
Luego de preguntarse qué tipo de responsabilidad y
obligación les cabe a los parientes y a los núcleos
familiares en la asistencia del enfermo, Giordano
concluyó que “aunque es cierto que la investigación
produjo un inmenso adelanto en medicina, esto no
debe llevar a que se realicen tratamientos no
basados en evidencia científica ni probados en el
tiempo”.
LA SITUACION DEL SUBSECTOR PRIVADO
El doctor Julio Frigerio ofreció, más tarde, su
experiencia como asesor del sector privado de la
salud para dar cuenta del riesgo en que la
judicialización de la medicina pone a las empresas
de medicina prepaga: “Existe una relación de
conflicto permanente entre las entidades y los
afiliados; a raíz de la litigiosidad indebida se
están produciendo estragos en las entidades de
servicios de medicina prepaga”.
Más tarde, Frigerio reflexionó acerca de la
contienda constante que, actualmente, se da entre
las expectativas individuales de los pacientes y las
necesidades colectivas de la sociedad:
“Lamentablemente, los recursos económicos son
escasos frente a las necesidades asistenciales, y
hasta los países más ricos de la tierra ponen un
límite a las coberturas; aunque puede parecer
antipático, en esta puja entre lo individual y lo
colectivo debe predominar lo colectivo por sobre el
individuo”, aseveró el doctor. Este hecho, añadió,
“usualmente no se ve reflejado en los fallos
judiciales, posiblemente por falta de información
acerca del funcionamiento del sistema de salud”.
En referencia a las decisiones judiciales, Frigerio
entendió que “en materia de salud, los jueces
generalmente hacen lugar a los pedidos de amparo”.
“No pretendo criticar esta actitud, prosiguió, que
muchas veces surge de un sentimiento humanitario,
pero sí he notado cierto apresuramiento en la toma
de la decisión, que se realiza sin tener en cuenta
los términos del contrato establecido”. Para
finalizar, Frigerio agregó que, aunque los
argentinos tenemos el derecho a tener la mejor
calidad de salud posible, “discrepo en que sean las
entidades de medicina prepaga las obligadas a
garantizarlo y efectivizarlo”. |
