El presupuesto y la seguridad de los profesionales de la salud son dos aspectos que la Asociación de Médicos Municipales sigue de cerca. Por un lado, es el Estado el que debe garantizar el porcentual de dinero necesario para brindar a la población la atención adecuada, sin recortar las partidas ya que de no hacerlo no sólo no se mejorará lo necesario sino que inevitablemente habrá ajustes que pasarán por los sectores erróneamente considerados secundarios: el mantenimiento, la limpieza, la comida de los pacientes, entre otros, ignorando que el “ahorro” en tales áreas del sistema no hará más que debilitarlo y profundizar el complejo momento que nos toca vivir.
Al mismo tiempo el Gobierno disminuyó el personal de seguridad, lo que generó una seria desprotección para los trabajadores de la salud. Los últimos hechos de violencia hacen que redoblemos nuestra exigencia de medidas acordes a la complejidad y al riesgo de los hospitales y auxilios del SAME. Los médicos dieron una muestra de la preocupación con una masiva presencia en la calle para hacer público este problema.
Estos temas van de la mano, ya que si el presupuesto no se incrementa lo suficiente la seguridad se desvaloriza. Se tomaron medidas que disminuyeron el personal destinado a esta tarea en los hospitales.
Con todo, somos conscientes de que existen diferentes factores determinantes en las agresiones que nos toca soportar. La situación económica que padeció nuestro país en las últimas décadas, la crisis de los sistemas de protección social y sanitaria y la irrupción de modalidades delictivas carentes de códigos, deterioraron nuestras condiciones de vida y posibilitaron el auge de las distintas formas de violencia económica, política y social.
Por otro lado, sumados a la agresión y la situación de inseguridad que viven en la sociedad, factores como la carencia de insumos, tecnología y recursos humanos, las listas de espera, y todo aquello que repercute directamente en la atención del paciente, actúan a menudo como gatillo disparador de reacciones violentas, verbales o físicas, que se descargan contra la cara visible del sistema: los médicos.
Este es el diagnóstico y no debe empujarnos en absoluto a un estado de aceptación y, menos aún, de parálisis. Por eso se pide protección y compromiso de parte de los encargados de brindar seguridad. Los médicos no podemos consentir esta inusitada agresión que repercute inevitablemente en nuestra propia salud. Es hora, entonces, de decir basta de violencia contra los médicos. De ninguna forma vamos a admitir que el profesional de la salud, por el solo hecho de ser el más expuesto del sistema, pague con su deterioro físico y mental la omisión de todas aquellas medidas que, adoptadas oportunamente, mitigarían las causas generadoras de todas las formas de violencia que hoy se expresan.

LEY DE SALUD MENTAL

La AMM considera que vulnera los derechos de los pacientes con enfermedades mentales a recibir una atención médica satisfactoria porque:

• Desestima el diagnóstico como herramienta fundamental para establecer estrategias terapéuticas, evaluar pronósticos y presumir riesgos para sí o terceros.
• Propone una asistencia a cargo de un “equipo pseudointerdisciplinario” que ignorando las incumbencias de cada disciplina, decide en forma deliberativa aspectos sobre la salud, ajenas a su formación y conocimiento.
• Confunde internación (medida terapéutica orientada a la protección del paciente, su familia y entorno) con “reclusión” término ajeno al acto médico.
• Entiende la prescripción de medicación como “castigo” no correspondiendo a un acto médico e ignorando que los avances en psicofarmacología han favorecido en las últimas décadas la reinserción social de los pacientes con trastornos psiquiátricos.
• Promueve el cierre de los hospitales públicos monovalentes en vez de su refuncionalización y se abstiene de legislar sobre el ámbito privado dejando a los sectores de menores recursos sin acceso al derecho de la salud para todos.
• Infringe normas legales de jerarquía superior y es contraria al principio republicano de división de poderes.
• No cuenta con el consenso de las entidades médicas representativas, científicas y gremiales.

Es hora de poner énfasis en esto porque se somete a los pacientes al abandono, la imprudencia, negligencia e impericia profesional. Nosotros defendemos, en cambio, una Ley Nacional regulatoria, participativa y democrática que garantice el cuidado a la vida y salud de la población en todo el país.