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Financiamiento y
sustentabilidad
Representantes de
clínicas, sanatorios, hospitales y otros prestadores de
servicios de salud reclamaron mayor colaboración del Estado
en el subsector y describieron posibles escenarios para el
desarrollo de su actividad.
Bajo el título “Por un financiamiento sustentable”, la
cuarta mesa de la Conferencia Quo Vadis Salud estuvo
dedicada al sector de los prestadores de servicios de salud,
cuyos representantes coincidieron en señalar la necesidad de
articular las políticas públicas con la actividad del sector
privado.
Con la coordinación del doctor Mario Lugones, presidente de
la Fundación Sanatorio Güemes, el segmento estuvo a cargo de
Gustavo Mammoni, presidente de la Confederación Argentina de
Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA); el contador
Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas,
Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (ADECRA);
y el contador Jorge Gutsztat, representante de la Cámara de
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (CEPSAL).
El encargado de inaugurar la mesa fue el Doctor Gustavo
Mammoni, presidente de CONFECLISA, quien presentó un
panorama detallado de la actividad del sector. “Ya no
alcanza el asistencialismo. Estamos convencidos de que hay
que diseñar un Sistema de Protección Social Universal de
Salud”, propuso Mammoni, que acompañó su presentación con
exhaustivos informes.
“Nuestro sistema se financia desde distintas fuentes. No hay
un financiamiento centralizado que hace que las obras
sociales provinciales tengan distintos aportes a las
nacionales –detalló el funcionario-. Más de la mitad de la
cobertura se financia con un impuesto diferido al trabajo,
como lo llaman los trabajadores, que es el aporte a la obra
social.”
De acuerdo con la información presentada por el funcionario
en base a sondeos de la consultora Equis, el 74 por ciento
de los asalariados del veinte por ciento de la población más
pobre, no realiza aportes jubilatorios. Entre el veinte por
ciento de la población con mayores ingresos, sólo el 10,3
por ciento se encuentra en situación de informalidad. Y la
tasa de informalidad en las empresas pequeñas que conforman
la economía de subsistencia (con hasta cinco empleados)
alcanza al 65,4 por ciento. “Esto muestra que, si bien fue
descendiendo la informalidad, todavía tenemos un alto
porcentaje de trabajadores que no aportan al sistema de
seguridad social ni tampoco al sistema de jubilación”,
reflexionó Mammoni.
Entre las propuestas realizadas por el representante de
CONFECLISA se destaca el acceso a una protección social
universal en salud. “En América latina unos 127 millones no
tienen acceso estable a servicios básicos de salud. La mitad
de la población del continente, unos 250 millones de
personas, no tiene ningún tipo de seguro. Y 500 millones son
pobres: por eso hablamos de protección social con desarrollo
y crecimiento”, sostuvo.
El funcionario destacó además la importancia de consensuar
un acuerdo en el marco “de un verdadero federalismo
sanitario como paso previo a la promulgación de una Ley
Federal de Salud que establezca las funciones rectoras del
Ministerio de Salud de la Nación y que defina claramente las
competencias en Salud entre Nación, Provincia y
Municipalidades.”
Mammoni propuso además promulgar una Ley de Emergencia
Sanitaria a los efectos de garantizar a la población el
acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación
de la salud. “Hay que promulgar una ley de un seguro
nacional para las patologías castastróficas, las de alto
costo y baja incidencia. Esto nos permitiría, en caso de una
epidemia, disponer de toda la red privada y pública para
atender esa emergencia”, sugirió el especialista.
PENSANDO EL SISTEMA
A continuación, el contador Jorge Cherro, presidente de la
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de
la República Argentina (ADECRA), subrayó la necesidad de
generar un debate entre los actores del sector privado para
concientizar a los gobernantes de la necesidad de un cambio.
“Los prestadores somos en muchas ocasiones financiadores”,
afirmó el funcionario a modo de introducción.
Su exposición comenzó con un detallado análisis del gasto
público en salud durante la primera década del siglo. “El
gasto público en el sector aumentó un 50 por ciento
–destacó–. Esto se debe a dos factores: el producto bruto
aumentó notablemente a partir del crecimiento que tuvimos
luego de la salida de la crisis, con tasas del 8 o 9 por
ciento. Al mismo tiempo hay una inversión en salud que ha
crecido del 4,25 en el 2003 al 6,21 en el 2009.”
Cherro intentó responder a la idea de la mesa en cuestión:
¿Qué es un financiamiento sustentable? “Tiene que ver con un
uso racional de los recursos disponibles, sean estos
públicos o privados. El desafío es cómo atender necesidades
ilimitadas con recursos que son limitados”, expresó. En
sintonía con sus colegas del sector, la propuesta de ADECRA
exige la articulación entre lo público y lo privado “con
todos los recursos disponibles de ambos sectores”.
En teoría, el sistema sanitario se puede pensar como una
pirámide con diversas funciones: en la base está la
promoción de políticas públicas que tienen que ver con
mejorar el entorno y la vida saludable; luego viene la
prevención y finalmente, en la punta de la pirámide, se
ubican los prestadores, sean públicos o privados. “No
solamente es una función del Estado sino que está muy
comprometida la seguridad social con todo lo que tiene que
ver con la prevención. Promoción y prevención son
responsabilidad del Estado”.
“Con recursos fiscales adicionales se podría pensar que el
Gobierno se concentraría en el desarrollo de infraestructura
sanitaria básica (agua potable y cloacas de red), espacios
verdes, medio ambiente y promoción de conductas saludables a
la población. ¿Y el sector privado qué ofrece? Su
infraestructura, a precios preacordados y más favorables
para el Estado, para la atención de la alta complejidad a
gente que se atiende en el sector público.”
Cherro puso al Plan Nacer como ejemplo de articulación en
nuestro país y describió algunos casos de Chile, Brasil y
Uruguay donde las políticas públicas en materia de salud
apuntan a vincular ambos sectores.
UN CAMINO
SUSTENTABLE
El contador Jorge Gutsztat, representante de la Cámara de
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (CEPSAL), estuvo
a cargo del cierre de la mesa. Su definición de lo que
entendemos por “sustentable” le permitió articular su
exposición. “Desde un punto de vista microeconómico es un
equilibrio entre ingresos y egresos –detalló-. En lo
macroecómico, que exista un equilibrio entre los sectores
del sistema de salud, respecto a la calidad, y a los
aspectos económicos que pertenecen a la cadena de valor. Y,
fundamentalmente, “sustentable” significa que se puede
mantener en el tiempo, que no sea una situación puntual en
un momento determinado, sino que esa sensación de equilibrio
se pueda llevar adelante.”
¿Qué significa este financiamiento sustentable para los
prestadores privados? En lo microeconómico, un equilibrio
entre ingresos y egresos. Y en lo macroeconómico, que todo
el sistema esté en equilibrio. Entre los factores que
desestabilizan ese equilibrio Gutsztat destacó los costos en
tecnología que no se trasladan a los aranceles previstos; la
distribución de la remuneración de los trabajadores; la
judicialización: y la gran ineficiencia impositiva “que
ataca el equilibrio entre ingresos y egresos.”
¿Cuál es el origen de los ingresos de los principales
financiadores? “Las obras sociales, mediante los aportes de
los trabajadores activos a través de sus remuneraciones. El
Pami, el aporte de los trabajadores activos y pasivos. Las
prepagas, el aporte de los beneficiarios”, detalló Gutsztat.
El representante de CEPSAL destacó tres mecanismos
institucionales de negociación entre prestadores y
financiadores: el marco regulatorio de la Ley de medicina
prepaga -la ley 26.682-; la creación del Sistema de Seguro
de Salud -la ley 23.661-; y una resolución de la
Superintendencia, la 395/06.
“En el marco regulatorio de la medicina privada se establece
que se deben fijar aranceles mínimos y obligatorios y
disponer un control en la mora de los pagos –destacó
Gutsztat-. Se establece un modelo de contrato y se crea un
consejo permanente de concertación entre el ministerio, las
prepagas y los prestadores, pero este mecanismo aún no ha
sido reglamentado. El otro, previsto en la ley 23.661 de
1989, estaría a cargo de generar las normas y permitiría
verificar los valores retributivos de los prestadores: este
artículo debería quedar sin efecto. Por último tenemos la
resolución 395/06 que creó una Comisión Consultiva entre los
agentes de los seguros de salud, de las obras sociales y los
prestadores. A su amparo se dictaron dos resoluciones del
año 2007 y 2008 donde se adecuaban los incrementos de los
aranceles a lo que se había acordado en paritarias.”
Como mecanismos automáticos, por otro lado, Gutsztat se
expresó en torno al nomenclador de prácticas médicas. “Quedó
desactualizado por los valores y por la creación de nuevas
prestaciones que quedaron fuera del nomenclador, pero se
puede actualizar”.
A manera de conclusión, Gutsztat expresó que “la salud es un
bien esencial que debe ser tutelado por cada uno de los
Estados” y sostuvo que “es un buen momento para ajustar la
legislación y cambiar esta situación.”.
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