La judicialización de la salud ha pasado a ser tema de agenda prioritaria. Por ello, es necesario convocar a los actores del Sistema de Salud a un debate amplio, que permita sugerir soluciones e iniciativas para que los magistrados cuenten con herramientas positivas, a los fines de la morigeración de los perjuicios que pueden causarse a raíz de una precoz admisión del recurso de amparo/medida cautelar que, si bien reconoce un derecho individual, puede llevar a desfinanciar el sistema de salud, afectando así el derecho de la colectividad.
Entendemos que los jueces fallan apremiados por los tiempos, con el conocimiento limitado y bajo la lupa de los medios masivos de comunicación. Para evitar que el derecho al “bien salud” se convierta en el “interés salud” de algunos -que no son precisamente los pacientes-, ensayamos algunas propuestas.

1. Ante la presentación de un amparo en salud, que los jueces llamen a audiencia a las partes, previo dictado de la medida, con presencia de un perito médico de oficio.
2. Proponer desde la creación de un Tribunal Arbitral conformado por profesionales de la salud altamente calificados, a un Comité de Expertos que asesore en casos complejos.
3. Para los supuestos en que se reclama fertilización asistida, cirugía bariátrica o reasignación de sexo; requerir asesoramiento psicológico y que el profesional informe al magistrado conveniencia y consecuencias psicológicas.
4. Ante la solicitud de medicamentos experimentales, importados o de indicación infrecuente, se limite el plazo de la indicación, de manera que pueda evaluarse la evolución del paciente para continuar la provisión.
5. Solicitar que la prescripción de dichos medicamentos emane de un especialista en la patología de la que se trate, por ejemplo, por un neurólogo pediatra y no por un pediatra.
6. Que el perito médico de oficio o Comité de Expertos o Defensor en Salud realice seguimiento de casos particulares y evalúe conveniencia de la continuidad del tratamiento o medicamento indicado.
7. Implementación de un Banco de Datos en el que las prestadoras de salud puedan consultar: a) profesionales prescribientes; b) Laboratorios y proveedores de ortopedia; c) ONG que asesoran pacientes sobre derechos y luego se convierten en representantes legales.

En este punto existe un entramado muy fuerte de intereses económicos, que so pretexto de la enfermedad y el estado de necesidad, lucran rozando lo ilícito.
Cabe la aclaración de que la apelación de medidas cautelares dictadas en los juicios de amparos no suspende su ejecución y que, aún venciendo la Obra Social en dicho incidente, pasados muchos meses de trámite, el perjuicio económico que sufre es irreversible.
El filósofo y pensador Michel Foucault expresaba que, en la medida que la salud se constituye en un deseo para unos y un lucro para otros, se instaura como fuente generadora de riqueza. No perdamos de vista que la salud es un “bien” que asume singular trascendencia en términos de integración social.
Con la esperanza de un cambio tendiente a una justicia reparadora, pero equitativa y racional, se pretende contribuir a esta discusión aún pendiente, no sólo en los sectores sanitarios sino también en la sociedad misma.