El período preelectoral constituye uno de los momentos que más facilitan la puesta en escena de propuestas políticas referidas a la vida cotidiana. Sin embargo, el tema de la salud aparece como el “ausente sensible”, ya que en él se manifiesta con mayor medida entre nosotros la diferencia en la distribución de la renta, o como bien lo expresaba el economista Marcelo Diamand, es donde también se evidencia una estructura productiva desequilibrada.
En el sector salud es donde mejor se exhibe la ausencia de una planificación estratégica, y en su lugar aparece una sucesión de parches que paulatinamente agravan las consecuencias, que se traducen en una fragmentación progresiva. En medio de la carrera por ocupar un puesto dentro del parlamento que permita obrar en función de sus representados, muchos se colman con palabras que comercializan otras realidades, mas… ¿qué se ha dicho sobre la salud, por parte de quienes pretenden alcanzar ese lugar? Con el paso del tiempo queda claro que ya nada puede ser postergado: se hace imperioso revertir una historia de desconexión.
Enfrentamos dos hechos insoslayables a considerar. El primero, el impacto de lo sucedido en 2001 sobre la configuración social, tanto a nivel instituciones, sociedad civil e individuos. Y en segundo lugar, los cambios sistémicos en los conocimientos científicos y tecnológicos plasmados en los últimos años. Se torna claro que no podemos omitir que la política sin ciencia es ciega y esclerosa al Estado, que ante esta carencia actúa de forma errática. Las autoridades deben incorporar el pensamiento científico en todas las áreas, y en especial en aquéllas de importancia nuclear para nuestra sociedad. Recuperar la infraestructura en los servicios esenciales para la salud, la planificación estratégica y la recuperación de una cultura laboral son parámetros en los que se asientan las bases de todo país desarrollado.
Quienes pretenden conducir el destino del país, deberían seriamente comprender la necesidad de construir un Acuerdo Sanitario. Dada la complejidad y conflictividad en que se desarrolla el campo de la salud, se torna indispensable que éste se sustente en una negociación permanente entre todos los protagonistas. Sabido es que ningún cambio se ha realizado sin obstáculos, y que toda época de transición se ha manifestado en el campo ideológico de la historia por la oposición entre conservadores y reformadores. Pero dicho Acuerdo Sanitario es imprescindible para revertir décadas de atraso, que impactan en toda la sociedad, y especialmente en quienes menos tienen. Este Acuerdo, convocado bajo la responsabilidad del Estado como garante, debe implicar logros y avances, estableciendo en común pautas básicas para transformar la realidad. No se trata de buscar un “consenso” tan ficticio como estéril, sino de acordar puntos estructurales de apoyo para emprender una tarea en común.
Este Acuerdo debe superar el espejismo estacional donde se afirma que “las cosas son como son”, sin expresar en cambio que “las cosas son como están” tomando ‘lo habitual’ como ‘lo normal’. Ante este panorama, hay que reconocer como naturales ‘los conflictos’ que imponen negociaciones. No se trata solamente de ceder, sino de elaborar cuánto hay para ganar al destrabar las pujas bloqueadas por el statu quo. Omitir este concepto significaría desconocer que el devenir es transición, al decir de Isidro Odena.
Desde 1987, hace más de un cuarto de siglo, vengo señalado la trascendencia de la regionalización, la descentralización, la departamentalización según especialidades, y la articulación en red, para encarar los problemas sanitarios del país. Luego, en mis libros Al Gran Pueblo Argentino, Salud - 1997, La fórmula sanitaria - 2003, y En busca de la salud perdida - 2007, seguí con la idea de la importancia de elaborar un verdadero sistema sanitario público-privado, y mediante grandes líneas acordadas entre los principales actores, se revierta el nudo de esta encrucijada que finalmente todos padecemos.
Ya en La fórmula sanitaria me refería a la imperiosa necesidad de arribar a ese acuerdo que contemple los cambios demográficos, económico-sociales, la biodiversidad acentuada por el envejecimiento de la población, y la innovación tecnológica, que tornaban difícil la sostenibilidad de un accionar que a todas luces se revelaba anacrónico. Dada la importancia y la complejidad de este tema, es que no debemos soslayar la preocupación constante en la búsqueda de encaminar su solución. No se trata de imperfecciones del sistema. Se trata de su ausencia, cuyo síntoma más saliente es la fragmentación y dilución de responsabilidades que esto conlleva. Por último, en abril de 2012, Eudeba publicó mi libro Claves Jurídicas y Asistenciales para la Conformación de un Sistema Federal Integrado de Salud, con prólogo del notable Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA, Doctor Alberto Ricardo Dalla Via. En él volvía a insistir en lo imprescindible de construir un Acuerdo Sanitario entre los sectores protagonistas del campo de la salud en la Argentina.
Se trata de generar una corriente de conciencia para superar “el efecto ocaso” al que hemos arribado y el que demanda nuevos paradigmas que reconozcan el rol decisivo de una nueva organización, la que al modificar los parámetros del sistema, cree condiciones superadoras. Y a su través, construir un Sistema Federal Integrado de Salud. Al decir de Borges, “sólo del otro lado del ocaso verás los Arquetipos y Esplendores”.
Hoy en el país, encontramos distintos establecimientos sin relación entre sí, y sin que sean capaces de encarar políticas humanas con pautas de conexión eficientes. Por lo tanto, para un correcto manejo y preservación del capital biológico argentino, es imprescindible conformar una red de prestadores regionalizada. Es decir, agrupar de manera racional, y con criterios de validez, a quienes prestan los servicios en salud, de acuerdo al área geográfica de su intervención. La articulación en una red regional asegura la provisión de un volumen y de un tipo adecuado de servicios, que permite monitorear los resultados de las acciones clínicas y terapéuticas, y posibilitar la real existencia de un Observatorio Nacional de Salud ayudando así a alcanzar los objetivos establecidos de antemano.
La Constitución Nacional ha plasmado el derecho a la salud como un derecho implícito, comprendido en el texto de su artículo 33. Y es un derecho personalísimo conforme a nuestra doctrina, y también derecho humano, en virtud de los tratados reconocidos e incorporados mediante el artículo 75 inciso 22 de la Carta Magna. Existen también los denominados códigos internacionales, como el Código Sanitario Panamericano y el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud, verdaderas legislaciones internacionales a las que adhieren los países y por lo que, como miembros, están obligados a aplicar sus normas.
La reforma de la Constitución de 1994 habla de la potestad gubernamental para “crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines”. En la Argentina, existe el Consejo Federal de Salud (CO.FE.SA.) que contiene a los distintos Consejos Regionales de Salud (CO.RE.SA.) como recurso ejecutivo orientado a trabajar regionalmente, que permite conocer y gestionar las particularidades del perfil epidemiológico y las peculiaridades de los proveedores de servicios de cada territorio específico. Hay una base legal y un organismo. Pero falta nada menos que el desarrollo del resto del esquema. Lo que Raymond Aron llamaba “praxología”. De lo que se trata es de hacer efectivos los instrumentos que se poseen de manera tal que las políticas de salud y las políticas de gestión hagan vigente ese derecho.
Es decir, hacer que la Democracia llegue a la Salud. Ese debe ser el lema de quienes nos interesamos desde hace décadas por la transformación del campo sanitario nacional. “Democracia en Salud” se traduce en acceso a una atención adecuada, equitativa, oportuna y eficiente para todos los habitantes de nuestro País.