La oferta de cobertura aseguradora del riesgo de la mala praxis médica es sustancialmente diferente respecto de hace unos años, y actualmente las aseguradoras especializadas en el tema han agregado valor a su gestión y apuntan a actuar, básicamente, no sólo a través de la concreción del seguro, sino, además, dedicadas durante la vigencia de las pólizas a la administración del riesgo y al desarrollo de programas de prevención que pueden realizar aportes al sector de la salud tendientes a mejorar la defensa a posibles reproches de la actividad profesional, individual o institucional, o bien evitar siniestralidad.
En cuanto a la demanda, podemos señalar que si bien el crecimiento de la misma no logra significación dentro de la producción de la Responsabilidad Civil del ramo en general, el futuro sigue siendo un desafío tanto como para captar esa amplia franja del sector médico que hoy no cuenta con aseguramiento, como así también por la apreciación de los montos de los capitales asegurados que se impone por la realidad de las cifras de reclamos que se reciben y que terminan en sentencias condenatorias que muchas circunstancias ponen en riesgo la sobrevivencia de las instituciones condenadas.
Las tarifas utilizadas para determinar el costo del seguro, en general responden a tasas que se aplican al riesgo específico y se relacionan con la exposición del mismo, como ser las distintas especialidades médicas o bien en las instituciones médicas a los tipos de servicios que brindan las mismas. El pormilaje utilizado para determinar la tasa aplicable tiene su origen en la experiencia del mercado internacional en el riesgo y fueron tarifas aplicadas a partir de los acuerdos suscriptos oportunamente con reaseguradores que brindaron el respaldo a la suscripción de las aseguradoras.
No obstante lo señalado, en la actualidad se observa que en muchas operaciones predominan las tarifas comerciales alejadas de los valores técnicos, y que tienen que ver, seguramente, por la necesidad de incrementar la producción y cumplir con metas en los presupuestos. Esto lo entendemos como parte de la competencia aunque en el caso de la empresa que represento, Prudencia Seguros, no se hipoteca el futuro con este tipo de objetivos.
En cuanto a las especialidades médicas más castigadas por reclamos, según la experiencia de Prudencia Seguros, se corresponde con lo que se denuncia en el sector de la Salud y son traumatología, obstetricia, cirugía general y las infecciones intrahospitalarias.
Sobre las reclamaciones y reproches por resultados adversos en el desarrollo de la labor profesional de los médicos, entendemos de interés hacer las siguientes consideraciones.
Si bien se ha observado un creciente número de casos, las evidencias que respalden esta afirmación obviamente que deberían responder a registros que documenten fehacientemente la siniestralidad del mercado los cuales no existen unificados hasta donde es de mi conocimiento.
Por lo tanto, para hacer un comentario respaldado y documentado podemos utilizar la información que brindan fuentes calificadas. Al respecto en el libro “El error médico” se señala que “los juicios por mala praxis han aumentado un 55% en la última década. Los tiempos de reclamación se han reducido notoriamente. El 27% de los errores se produce en la etapa diagnóstica, el 43% en la terapéutica y un 30% no es atribuible directamente al profesional”.
Entiendo que quizás resulte de interés a los profesionales conocer las causas en las cuales, a mi criterio, se vinculan con el aumento de la siniestralidad y al respecto podemos señalar:

1) El deterioro sufrido por las condiciones en las que se brindan las prácticas médicas.
2) Despersonalización de la atención médica y deficiencias en la información y contención de los pacientes y sus familiares.
3) Cambios en los criterios jurídicos utilizados para juzgar la mala praxis.
4) Desarrollo del derecho del consumidor.

Según cada caso mencionado anteriormente podemos señalar:

1) La actividad médica es de riesgo y como toda actividad humana está sujeta a errores. Seguramente vamos a coincidir que en los últimos 30 años las condiciones en las que se brindan las prácticas médicas se han deteriorado notablemente por efecto de las recurrentes crisis de financiamiento a las que se encuentra sometido el sistema de atención de la salud del país. Este deterioro es en parte causante del aumento de los errores en los que se incurren, tanto en la faz profesional como en la administrativa de la práctica, y aun si planteáramos que los reclamos y/o litigios que se generan por errores en la administración de la práctica se encuentran excluidos de las coberturas que brindan las aseguradoras -planteo que no sería válido para todos los casos- de todas formas y no obstante que el planteo de la aseguradora pudiera resultar exitoso ese éxito no tiene costo cero.
En efecto la aseguradora tiene que afrontar los costos de la administración de ese litigio, y en virtud del beneficio de litigar sin gastos -con el que seguramente litiga el actor- también tendrá que afrontar los honorarios de su representación letrada y en el mejor de los casos una porción de los honorarios de los peritos.
2) En reiteradas oportunidades no se verifica un acto erróneo en la praxis médica. Sin embargo el paciente o sus familiares están convencidos de que la práctica médica no fue correcta debido a deficiencias en la información brindada con anterioridad a la práctica médica en algunos supuestos y en otros a deficiencias en la información brindada con posterioridad a la realización del acto médico.
Los profesionales médicos que en general están altamente capacitados para la realización de las prácticas médicas en muchas ocasiones carecen de la misma capacitación para brindar información y para contener al paciente y a sus familiares no ya frente a un caso de mala praxis sino frente a supuestos de prácticas médicas correctas, pero con un resultado negativo para el paciente. Es decir el médico realizó diligente y conscientemente todo cuanto estuvo a su alcance, pero no logró el mejor resultado para el paciente. En este punto también hay que mencionar el desinterés que en general muestran las instituciones médicas por la información y contención al paciente y su familia.
Esta falta de comunicación y contención seguramente es consecuencia de la creciente despersonalización que ha experimentado la atención médica en las últimas décadas.
3) En los últimos 15 años se han modificado dos criterios jurídicos que se encuentran directamente relacionados con la apreciación de la mala praxis médica por los jueces.
Uno de ellos es de carácter procesal y está representado por la aplicación por los jueces de la llamada teoría de la carga probatoria dinámica, que en pocas palabras consiste en imponer el peso de la prueba en cabeza de aquella parte que por su situación se halla en mejores condiciones de acercar prueba a la causa. Es decir, que al profesional médico y a la institución sanatorial ya no les es suficiente negar la relación de causalidad entre el daño sufrido por el paciente y la práctica médica realizada sino que deberán aportar los elementos necesarios para formar la convicción del juez en ese sentido.
El otro es de fondo y está relacionado con la aplicación por parte de algunos tribunales de criterios de responsabilidad objetiva para juzgar la responsabilidad de los centros asistenciales. Un caso paradigmático de estos criterios está representado por la condena a centros asistenciales en casos de infecciones intrahospitalarias en los que las instituciones han demostrado haber efectuado todo cuanto se encontraba a su alcance para evitar el riesgo de ese tipo de infecciones.
4) Con la aparición y posterior desarrollo del derecho de los consumidores, acompañado también con la creación de numerosas asociaciones de defensa al consumidor se ha marcado una creciente tendencia al aumento de los reclamos. Esta tendencia no es exclusiva de los casos de mala praxis, por el contrario se verifica prácticamente en la totalidad de los servicios que se brindan en la sociedad.