Hoy, en el campo sanitario, para poner en marcha los mecanismos del cambio, tenemos que superar un esquema obsoleto donde la fragmentación del “asistema” de salud se acentúa día a día y donde se debaten los mismos temas desde hace 20 o 30 años. Para avanzar, necesitamos saber hacia dónde hacerlo. Y si el rumbo no está claro, lo más probable es que nuestros esfuerzos se dispersen en un ramillete de direcciones divergentes.
Claro que para definir un horizonte es necesario comenzar reconociendo la situación actual y actuar con sensatez y mucho pragmatismo. No se trata de un “inmediatismo mágico”, no hay fórmulas repentinas que como un brebaje milagroso nos conviertan en un abrir y cerrar de ojos en lo que queremos ser. De ahí que debamos recurrir a experiencias de otros países y adecuarlas a nuestras realidades en base a la restricción económica y a las conductas sociales que actualmente resaltan la vulnerabilidad sanitaria nacional y en donde una corrupción naturalizada se mixtura con la ineficiencia en la gestión.
La presente encrucijada tiene como puerta de salida y por sendero a recorrer, un “acuerdo” que logre desatar el nudo sin cortarlo, a través de una negociación que involucre a los actores esenciales a fin de que interactúen con la prioritaria finalidad de reducir la brecha que instaló una frontera entre la medicina privada y la caridad pública. En la actualidad, quien puede se costea una prepaga y quien no, depende del “asistema público”, errático y a su vez asimétrico según la ciudad en la que la persona deba atenderse.
No se trata de ser más eficientes en la “caridad pública”, porque ese concepto remite más a una situación de dádiva o de beneficencia y está, por lo tanto, completamente alejado de la idea del “derecho a la salud” para todos los habitantes de nuestro país. De lo que se trata no es de conformarse con lo que hay, sino de tener políticas públicas en salud que garanticen niveles de calidad básicos para todos. Tenemos, por lo tanto, que construir un sistema de salud solidario, equitativo, oportuno y eficiente, para que se acorte la brecha entre los que acceden a la asistencia médica y aquellos que deben conformarse con una medicina limitada. Es decir, avanzar sobre instituciones débiles para transformarlas en sólidas, ya que tenemos situaciones muy graves de postergación social que imponen impulsar políticas que maximicen sus beneficios y reduzcan la vulnerabilidad, diseñando “dispositivos” (herramientas) capaces de conducir el cambio.
En este proceso de construcción de un verdadero sistema de atención médica federal, integrado y solidario para mejorar el gasto público en salud, debe concretarse lo tantas veces anunciado: la creación del Observatorio Nacional de Salud, organismo vital para monitorear las distintas problemáticas sanitarias de todo el país y ofrecer a las autoridades de las áreas competentes información indispensable para la mejor toma de decisiones. Hoy por hoy, no poseemos registros fehacientes que vayan desde la cantidad de médicos, especialistas, técnicos y demás profesionales que existen en cada provincia, hasta cuántas instituciones de salud y de qué tipo operan en cada lugar. Tampoco sabemos qué clase de parque tecnológico poseemos ni en qué condiciones.
Esta creación concreta (no enunciativa) del Observatorio, puede ser la vía de entrada para dejar la fragmentación existente y la anomia que hace que impulsos genuinos se conviertan con el tiempo en parches o beneficios selectivos para poblaciones privilegiadas. Con los insumos informativos generados por ese organismo, se podrán tomar más y mejores decisiones, consecuentes con la idea de poner verdaderamente en marcha la transformación del campo sanitario nacional.
Para definir el rumbo, esas informaciones son esenciales. Mediante una red informativa eficiente, y bajo la coordinación de las autoridades, en el marco de un gran Acuerdo Sanitario, pueden optimizarse los registros de pacientes, qué enfermedades prevalecen, cuántos son los tiempos de internación para cada dolencia, cómo son las listas de espera para las prácticas quirúrgicas. La ausencia de lo antedicho hace que los planes de salud se conviertan en deseos abstractos sin llegar a una planificación estratégica, a fin de lograr una programación concatenada, lógica, mediante una agenda precisa.
Si hacemos historia, recordaremos que Otto Bismarck trató de controlar la vida interna de Alemania a fines del siglo XIX, aplicando la política del palo y la zanahoria. Así, en 1878, había promulgado una ley que limitaba en forma masiva la acción política del Partido Socialista Obrero Alemán, tal y como entonces se llamaba el actual Partido Socialdemócrata. Consciente sin embargo de que esto solo no sería suficiente para cambiar la situación, en 1881 aconsejó a Guillermo I la emisión de un “mensaje imperial”, que él mismo leyó en el Parlamento y que decía entre otras cosas que, como solución a los graves problemas sociales se abogaba por el fomento del bienestar de la clase trabajadora como complemento a la represión de los disturbios socialdemócratas y se anunciaba una iniciativa legislativa en materia de seguridad social. En aplicación de esta política, en los años subsiguientes se elaborarían sendas leyes para la creación de las tres ramas clásicas de la seguridad social: el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes y el seguro de pensiones. Bismarck esperaba de este modo convencer a la clase trabajadora de que un Estado protector podía ofrecerles más que la socialdemocracia.
Reflexionemos sobre estas etapas evolutivas, sin olvidar que estas propuestas de Bismarck se hicieron 5 años antes de los Mártires de Chicago (1887), que luego de 5.000 huelgas lograron imponer al sector patronal estadounidense la jornada laboral de 8 horas, dando lugar a la efeméride del 1º de mayo, que a partir de 1986 conmemora el Día Internacional del Trabajo. Estamos a 133 años de esos eventos, abordando el mismo tema. La Argentina, con sus idas y venidas tomó algunos aspectos del modelo bismarckiano, copiando las características fundamentales de su sistema de financiación y gestión en los sectores públicos y privados. De todos modos, es hora de redefinir el juego. Dejemos a Bismarck para la Alemania del siglo XIX y pensemos en nuestro propio desarrollo.
Sabemos que no es poco lo que se gasta en salud. Pero al no ser invertido en correspondencia con una planificación estratégica elaborada a través del Consejo Federal de Salud (COFESA) y en base a un Observatorio Nacional de Salud que estamos proponiendo en prédica constante desde hace años, arribamos a las consecuencias que todos padecemos.
La Argentina tiene que ser consecuente con la enorme capacidad potencial que ha tenido y tiene. No se trata de regodearse en vaticinios oscuros, sino de tomar conciencia de la situación y poder lograr que todos los recursos profesionales, económicos y organizacionales del país logren su máximo desarrollo posible. Se trata de la búsqueda de una salud de calidad al alcance de todos, sin desigualdades sociales ni geográficas, y que incorpore a una gran porción de la sociedad que, en la práctica, debe conformarse con una atención precaria, que la convierte en objeto de carencia y sufrimientos.
Kenneth Arrow decía: “No hay innovación sin intervención del Estado y el beneficio comercial de toda inversión es inferior al beneficio social que se debe lograr”. Con ese lema como norte, debemos lograr que el Estado encabece un proceso de desarrollo que nos lleve a un nuevo estadío sanitario, mediante la integración y participación de los componentes esenciales del campo de la salud, y procure la activación del Observatorio de Salud. Este proceso debe saber capitalizar los conocimientos adquiridos durante generaciones y no derrochar recursos, porque en este tema, lo que no sobra es tiempo. No basta con el deseo, si éste no se transforma en propuesta. Definamos el rumbo y avancemos.