Cuando el marketing y los sondeos de opinión son más relevantes que las ideas hay una rara comprobación: la salud no es una prioridad argentina, aunque no se compadece con las demandas crecientes de más y mejores servicios.
A su vez, el sistema oficial que monitorea la condición de vida y el nivel socioeconómico muestra un país que no es, y en base a tal falsedad se diagnostican y agendan las políticas públicas. Por otra parte, la recuperación económica y el auge consumista intentan desplazar de la visión y el debate público las evidencias de una sociedad con distribución inequitativa del progreso social.
Los servicios públicos mostraron poca sensibilidad a la mejora macroeconómica; no se advierten progresos sustantivos en el acceso a servicios de salud de calidad para los sectores más vulnerables y se cristalizaron brechas en su inequitativa distribución. El Estado es capaz de generar importantes niveles de consumo y prestar nuevos servicios, pero no de asegurar su llegada a todos.
Las familias buscan (cuando les es posible) resolver no ya la calidad sino, al menos, un lugar donde atenderse en la mejor condición posible, y la medicina prepaga apareció como opción para aquellos que pueden pagarla. Su población aumentó, y el gasto en cuotas pasó de 17 a 30%, entre 2005 y 2012.
La búsqueda alternativa de salud y escuela privada, que viene ocurriendo hace años, es preocupante pues refuerza la idea de que escuela y hospital públicos son para pobres, y ese mensaje peligroso cuestiona la solidaridad esencial para edificar un sistema integrado de salud que debiera basarse en un sector público en condición de competitividad.
La tendencia a privatizar la responsabilidad por la atención de salud desdibuja la noción de derecho, cuestiona la integración social y evidencia la ausencia de una política de salud que establezca dirección y articulación entre sectores.
La salud es un bien social, pero cuando se reduce a bien comercializable, el Estado es ineludible en la definición de los niveles socialmente aceptables de su mercantilización. En un país justo, con buena distribución de la riqueza y políticas públicas consistentes, la medicina prepaga no es una opción clave.
En todos los países con esas condiciones, el sector de la medicina prepaga es minoritario y reservado para servicios complementarios del sistema público, que garantiza a todos los ciudadanos acceso a servicios en condiciones igualitarias de calidad y oportunidad. La necesidad de pagar una cuota mensual para estar protegido, y la compulsividad de la sociedad por tener acceso a esa posibilidad, no hacen más que ratificar la falta de dicha garantía en la Argentina.
Esta situación parece alejarnos cada vez más de una salud pública de mayor calidad, con más atención primaria y menos hospitales, como quería Ramón Carrillo.
Los avances legislativos están muy lejos de resolver el problema, mucho menos la cobertura universal de la población, y avanzan en sentido contrario, cuando se preocupan de garantizar condiciones de acceso, calidad y respeto de derechos al 50% de la sociedad de mayores ingresos y cobertura, mientras exceptúan al Estado de garantizarlas para los más desprotegidos (el PMO sólo garantiza servicios para quienes tienen obras sociales y medicina prepaga, pero no para los que tienen cobertura del sistema público), para quienes la accesibilidad sigue siendo una cuestión incierta y dificultosa.
Debieran repensarse parámetros éticos, cuando la medicina privada, que ocupa un lugar abandonado por el Estado, es “atacada” por los mismos que utilizan sus servicios y no los del sistema público, o hablan de ampliación de derechos mientras olvidan las obligaciones, al no garantizarlos para todos.
La salud es un bien social que no tiene la condición de bien de consumo privado. Su uso debe ser de acuerdo a necesidades (no demandas) expresas, y su usufructo no debe lesionar legítimos derechos que a su acceso-en igual condición de calidad- tiene el conjunto de los ciudadanos. Que una porción de nuestra sociedad lo interprete como objeto de consumo no hace más que profundizar las diferencias de acceso y calidad que existen, en detrimento de los más pobres, que no tienen cultural y efectivamente “voz” para reclamar ante órganos de defensa del consumidor, estos órganos han quedado asumidos como responsables del control de una relación de consumo que contradice explícitamente la idea de un sistema de salud integrado, solidario y universal. Así, los pobres tienden a desaparecer de la visión pública y permanecen pasivos ante acontecimientos dolorosos. Aprendieron en salas de espera, colas incómodas y demoras interminables a esperar con impotencia que les acerquen un alivio, que frecuentemente se traduce en una asistencia magra.
Hay dos “saludes”: una para quienes pueden pagarla y reclaman como consumidores, y otra para pobres, para los sometidos a esperas largas, resignados y desafortunados. Pobres que sin dinero o contactos son obligados a soportar todo tipo de indignidades: que su tiempo no importe; que abandonen la esperanza; que piensen que cualquier cosa que puedan hacer será inútil. Estos pobres, fuera de la salud, no aparecen en las encuestas