El debate mundial sobre el precio de nuevos medicamentos destinados a tratar ciertas patologías crónicas y/o neurológicas específicas ha puesto sobre el tapete algunas cuestiones que tienen que ver por un lado con el perfil que va adquiriendo la industria farmacéutica y por otro con cierta necesidad de regular el mercado sanitario para evitar la dinámica expansiva que muestra el gasto de dicho sector. En medio de este dilema, muchas políticas de salud quedan condicionadas a la acción e intereses económicos de las propias empresas o de sus respectivos lobbies, a partir de las expectativas de ventas derivadas de productos con elevado precio de comercialización. Una simple píldora cuyo valor sea de u$s 1.000 es algo completamente alejado de lo razonable que puede resultar el costo en I+D asociado al gasto requerido para su posicionamiento en el mercado. Pero también lo suficientemente atractivo como para generar - a nivel de los inversores no directamente relacionados con la farmoquímica o la biotecnología - una importante revalorización de activos en el contexto de la naciente burbuja especulativa que los atrae. El problema es que esta lógica se vuelve absolutamente contradictoria con la oportunidad de acceder al tratamiento por parte de los pacientes afectados, y de financiar sus costos.
Lo que antes fue innovación farmoquímica ha ido reduciendo lentamente su campo de acción, para trasladar las prioridades de investigación al campo de las moléculas biotecnológicas, cuya ventaja esencial es la ausencia de genéricos. Cabría preguntarse si lo que se investiga y desarrolla son fármacos novedosos destinados a una mejora estadísticamente significativa en la salud, o simplemente la cuestión es posicionar un producto que rápidamente alcance el billón de dólares en ventas y se transforme en blockbuster. Según un trabajo de The Lancet, entre 1975 y 2004 sólo el 1.3% de 1.556 nuevas moléculas en desarrollo se destinaron al tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Pero de allí en adelante, el objetivo se enfocó en encontrar una terapéutica efectiva para la Hepatitis C, el Alzheimer o la Esclerosis Múltiple, sumando al amplio campo de la oncología. Voces de la salud más duras pero científicamente autorizadas han sugerido que a las Big Pharma no les interesa encontrar cura para las enfermedades denominadas catastróficas. El Premio Nobel de Medicina 1993 Richard Roberts sostiene que “curar de una vez y para siempre no es rentable, y por eso no hay desarrollos de ese tipo por parte de las empresas y sí en cambio en el campo de las moléculas cronificadoras de dolencias que se consumen en forma serial”. El problema reside en hasta donde resulta éticamente sostenible que las compañías farmacéuticas se rijan por idénticos principios y metodologías que el mercado capitalista, y procuren sortear regulaciones o directamente controlarlas para ampliar sus ingresos. Si sólo se piensa en los beneficios, se deja de lado cualquier preocupación por las personas.
Como negocio lucrativo, la producción de fármacos se ha transformado en una industria de inversión permanente, guiada por las expectativas que estos generan tanto en el sistema de salud como en la bolsa de valores o en los beneficios de sus accionistas. Once principales Big Pharma mundiales generaron entre 2003 y 2012 ganancias por u$s 711,4 billones. Según datos de la Comisión Europea (2012), la industria farmacéutica - biotecnológica es el primer sector empresarial del mundo, con el 17.7% del total de la inversión industrial a nivel global.
El sostenido crecimiento del gasto farmacéutico a nivel mundial agudiza dos problemas para la regulación pública, en relación al costo de oportunidad que resulta del uso de otros recursos del sistema de salud. Uno es la magnitud que alcanza en alguno de ellos y cuál debe ser su dimensión óptima para que los recursos disponibles puedan ser distribuidos eficientemente junto al resto de las tecnologías sanitarias, más allá de las imperfecciones del mercado. Un peso del orden del 30%, como posee nuestro país, resulta francamente “anómalo”, si se lo considera frente al gasto europeo. El otro es si los nuevos medicamentos de alto costo aportan algún valor terapéutico agregado en relación a fármacos ya disponibles en el mercado. En tal caso, correspondería que la utilidad marginal o incremental del nuevo producto fuese equivalente o superior al costo marginal que posee, a fin de maximizar las ganancias de salud para un determinado gasto. En pocas palabras, definir si el medicamento en cuestión “vale lo que cuesta”.
En este contexto, se vuelve necesidad estratégica para nuestro sistema de salud rever las carencias regulatorias sobre el mercado farmacéutico, punto donde la farmacoeconomía resulta instrumentalmente útil no sólo para determinar qué y cuántos medicamentos justifican su ingreso al mercado en términos de beneficio terapéutico auténticamente novedoso. También para fundamentar decisiones políticas respecto del financiamiento y ayudar a definir el posicionamiento terapéutico de determinado producto en relación a su precio. La ausencia de una Agencia paraestatal de Evaluación de Tecnologías que específicamente aborde esta problemática, debilita cualquier posible esquema regulador, especialmente dada la profusión de medicamentos en el mercado. Se suma a ello la fragilidad política del marco legal de aplicación de la prescripción por nombre genérico destinada a disciplinar el crecimiento del gasto, que ha hecho fracasar el intento de impactar sobre los precios del sector. La aplicación del análisis fármaco económico permitiría asociar a la política de medicamentos una cuarta garantía o barrera operativa a las tres básicas de calidad, seguridad y eficacia.
La cuestión central para incorporar un esquema de cuarta garantía al marco regulatorio se basa en el requerimiento a la industria farmacéutica de evidencia económica y terapéutica que avale el ratio costo/efectividad de los medicamentos que produce. De esta forma es posible abordar en forma transparente la encrucijada entre los objetivos del regulador y las aspiraciones de la industria y decidir sobre el financiamiento tanto como incidir sobre la prescripción. Las evaluaciones de posicionamiento terapéutico para el uso del fármaco pasan a ser científicamente rigurosas sobre la base no sólo de la información que provee el fabricante sino también de la evidencia empírica procedente de análisis o metanálisis. Si se decide la inclusión de un medicamento al mercado farmacéutico en base de un ratio aceptable, el regulador podrá tomar el precio utilizado en la evaluación económica como eje de la negociación.
Las publicaciones del sector señalan que las Big Pharma razonan y toman sus decisiones empezando a pensar en términos estrictamente financieros, y que los beneficios ya no son puestos como inversión al servicio de la producción industrial. Y también que la industria farmacéutica registrara un crecimiento a tasas anuales inferiores al 4% mientras el gasto global en medicamento rondara los u$s 1.2 trillones en 2016 a la par del crecimiento de la población y la mayor indicación de nuevas moléculas. Especialmente las biotecnológicas, que llegaran a transformar la evolución de un amplio espectro de enfermedades con altas tasas de cura y escasos efectos colaterales. Para las compañías farmacéuticas, aumentar enormemente sus precios sería una manera fácil de expandir la facturación sin tener que atravesar años de costosa y arriesgada investigación para obtener nuevos desarrollos. Para los hospitales y las administradoras de salud, tener que absorber cada vez mayores costos y poder sostenerlo pasará a ser una gran preocupación. El dilema de la salud pública en la próxima década no se limitará sólo a la posibilidad de disponer de una cura para determinada enfermedad, que en muchos casos ya existe. Teniendo en cuenta que lo que puede ser costo/efectivo para la sociedad no resulta necesariamente igual para los financiadores, el dilema consistirá en saber si es posible regular los precios de los medicamentos – distinguiendo las innovaciones costo/efectivas a través de la farmacoeconomía - y más importante aún, poder pagar la cuenta del tratamiento.


(*) Doctor en Medicina. Magister en Administración de Servicios de Salud UCES, Posgrado en Economía para No Economistas - Cámara Argentina de Comercio. Diplomado en Economía de la Gestión Sanitaria CIESS México DF. Profesor Titular de la Cátedra Análisis de Mercados Sanitarios - Maestría en Economía de la Gestión Sanitaria Universidad ISALUD.