Ante la perspectiva de un nuevo gobierno, diversos sectores políticos plantean diferentes prioridades o estrategias para lograr el propósito común de un sistema de salud accesible a la totalidad de la población, cuyos componentes se articulen entre sí, brindando servicios equitativos según las necesidades de cada usuario. Dentro de la fragmentada estructura sanitaria del país —una amplia red de servicios públicos que dependen de 24 jurisdicciones provinciales, más de 300 obras sociales y múltiples seguros privados o prepagos—, es necesario distinguir los cursos de acción que permitan avanzar en ese sentido. Dos lineamientos pueden ser considerados las “llaves” de la reforma, de los que derivarán múltiples medidas a instrumentar para optimizar su funcionamiento.
Se debe avanzar hacia la estructura federal del sistema. Para que todos los habitantes tengan cobertura de salud, los que no estén protegidos por un plan previo —ya sea que carezcan de capacidad contributiva o que sean beneficiarios de planes sociales—, deberán recibir la cobertura del Estado provincial, mediante Seguros Provinciales de Salud (SPS’s). Para garantizar su sustentabilidad, los SPS’s deberán ser respaldados por el Estado Nacional con fondos coparticipables. De este modo toda la población podrá tener acceso a servicios públicos y privados, ya que quedará incorporada a un régimen de Seguridad Social universal, donde todos dispondrán de un carnet que identifique la entidad aseguradora —una obra social, un prepago o el Estado—. La capacidad de gestión de las provincias, también deberá ser fortalecida con la descentralización del PAMI, ya que los servicios que asisten a sus beneficiarios se encuentran bajo esas jurisdicciones. En estas condiciones, el organismo regulador natural, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), podrá disponer de un padrón unificado de todos los usuarios, garantizando la confidencialidad a cada entidad aseguradora.
Se debe transitar del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. Si todos los usuarios de servicios públicos o privados contaran con un único carnet que identifique su cobertura, cada institución que presta servicios podrá facturarlos a la entidad aseguradora correspondiente. En el caso de los establecimientos estatales, que actualmente dedican sus mayores esfuerzos a atender sin cargo a la población sin cobertura, podrían facturar todas sus prestaciones al Estado y estarían en condiciones de recaudar una gran cantidad de recursos por esa vía. Los Estados provinciales que actualmente los sostienen financiando sueldos, insumos y mantenimiento (la oferta), podrían dedicar la mayoría de esos gastos a solventar las facturas resultantes de la población atendida (la demanda). De este modo hospitales públicos y centros de salud, podrían acceder a una administración descentralizada, alentando el mayor interés del personal por la mejora de los servicios.
En síntesis, las medidas planteadas permitirían instrumentar una seguridad social de cobertura universal, fortalecer la capacidad de decisión de las provincias en la gestión del sistema de salud, y posibilitar que los establecimientos estatales funcionen como empresas públicas de servicios, que es la tendencia hospitalaria en todo el mundo.

Fuente: http://inclusionsalud.org/author/pactopais/
http://www.clarin.com/opinion/Cobertura_universal-PAMI-Federalismo-Coparticipacion_0_1456654366.html