En la República Argentina, ya lo hemos expresado en otros artículos, no existe una agencia de Evaluación de Tecnologías.
En el mundo, sobre todo en aquello que llamamos el primer mundo, existen organismos que deciden cuáles son las prestaciones que se incluyen en la canasta básica que cubre cada país. En Gran Bretaña, por ejemplo, el NICE (The National Instititute for Health and Care Excelence), tiene esa misión.
Por su parte, el Hospital Carlos III de Madrid, España, define a la Agencia que funciona allí como aquella que se ocupa de evaluar las tecnologías sanitarias que permitan fundamentar técnicamente la selección, incorporación y difusión en el sistema sanitario de las prestaciones a incorporarse en el Sistema Nacional de Salud.
La realidad en nuestro país, entonces, es la legislación por enfermedad.
Más allá de las discusiones legales y/o políticas tanto sobre la conveniencia de su existencia como sobre la integración de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, lo cierto es que su ausencia ha transformado al Poder Legislativo en generadores de coberturas sin análisis, y al Poder Judicial en evaluador -no natural- de la procedencia de las prácticas, medicamentos y procedimientos sanitarios.
Desde el punto de vista normativo, el dictado del Programa Médico Obligatorio es una facultad del Ministerio de Salud (decreto 492/95), que se ha cumplimentado por última vez - de manera completa- con el Dictado de la resolución n° 1.901/2005.
Cuando hablamos de evaluación de tecnologías y fundamentalmente a la introducción de tecnologías en el ámbito sanitario, ya sea en prevención, diagnóstico, tratamientos o terapias, estamos también encarando valoraciones de política sanitaria que exceden el marco de las prestaciones efectivas.
La “ciencia”(1), o más precisamente de la “ciencia médica” en este sentido en cualquiera de sus planos (epistemológico, de la praxis médica, deontológico o frente al derecho internacional) ha superado distintas etapas de experimentación y conocimiento(2), pero nunca ha retrocedido.
Para avanzar en esa línea, es importante considerar que la introducción de una tecnología sanitaria en un determinado ámbito (en el caso la incorporación a un Programa Médico Obligatorio como canasta básica de prestaciones) requiere de un análisis:

• Clínico, en cuanto a su eficacia y también en cuanto a su seguridad.

• Ético, ya sea desde el punto de vista epistemológico o desde la consideración sobre si es ético utilizar el procedimiento más caro existiendo otros.

• Organizativo, desde el ángulo de los sistemas en general. Recordar en este punto que la Argentina es un país Federal, donde las provincias conservan para sí los sistemas de salud(3).

• Económico, en orden a considerar si es posible desde el punto de vista patrimonial sostener determinadas prestaciones.

• Legal, relacionado con su implementación y, fundamentalmente, con la equidad e igualdad en un país federal.

Todas estas consideraciones se transforman en teoría pura en nuestro país. Desde el punto de vista médico, de la ciencia médica, la incorporación de las prácticas al PMO depende del termómetro visceral de los legisladores, cuando no de las presiones de las organizaciones de defensa del consumidor o del ánimo demagógico que enarbole quien no tiene que hacerse cargo de las prestaciones(4).
Para finalizar, el otorgamiento de esas prestaciones incorporadas al PMO sin análisis, se resuelve en la Justicia, que no cuenta con los elementos necesarios -desde el punto de vista prestacional- para evaluar la procedencia de su autorización.
Retomando el título, debemos analizar si nos encontramos frente a “la medicina de la ciencia o la medicina de la sentencia”.

1)Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos.
2) Declaración de Helsinki Adoptada por la18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975, 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983. 41ª Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre 1989 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000 Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Washington 2002 Nota de Clarificación, agregada por la Asamblea General de la AMM, Tokio 2004 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008, 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013
3) Artículo 121 de la Constitución Nacional. Las Provincias conservan para sí las competencias no delegadas a la Nación y la salud no es competencia delegada.
4) En nuestro país se da la paradoja que aquellos legisladores que representan a la Provincia o a los habitantes de la Provincia que votan una ley, en sus provincias no se aplica salvo que adhieran.