Ante la reflexión que cabe frente al Bicentenario de nuestra Independencia, desde el campo de la salud no podemos más que lamentar la ausencia de un sistema sanitario nacional consolidado. En vez de ello, existe el consabido plexo fragmentado de subsistemas e intereses particulares, y la característica que acaso sea su más trágica nota irracional: la carencia junto al derroche.
Para tomar un solo caso de muestra: si comparamos la cantidad de Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de nuestro país con otros de la región y del mundo, observaremos que su proporción con respecto a la población es mucho mayor. Pero ello no redunda en mejores indicadores de mortalidad materno-infantil, sino lo contrario. Así, mientras hay una UCIN cada 42.000 habitantes en la Argentina, en Chile hay una cada 536.000 y en Canadá una cada 1.450.000. Sin embargo, la mortalidad infantil argentina es de 13 por mil (nacidos vivos) y de 8,5 de mortalidad neonatal, mientras que en Chile es de 8 por mil y de 5 por mil, respectivamente, y en Canadá de 4 y 3.
Como se ve, la proporción entre mortalidad y cantidad de tecnología es inversa, lo cual sólo se entiende debido a una mejor utilización de los recursos, más otros factores que complementan el resultado. Y el panorama empeora si consideramos que la mortalidad infantil aumentó en los últimos años, tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires (“Preocupa aumento de los casos de mortalidad materna”, La Nación, 12/04/16).
También podríamos reparar en el índice de esperanza de vida promedio, en el cual la Argentina pasó de liderar el ranking regional en 1990, con 73 años, al séptimo puesto actual, con 76,3 años. Es decir, un nivel de crecimiento muy por debajo del de otros países de la región (“Argentina ocupa el séptimo puesto de Sudamérica en esperanza de vida”, Clarín, 19/05/16).
Como solemos remarcar, el primer paso indispensable para un sustento profundo de las reformas es un Acuerdo Sanitario, que al buscar, en definitiva, enfrentar conflictos y disminuir muertes, podemos llamarlo también una Pax Sanitaria.
Se debe establecer una agenda que podrá controlarse en su cumplimentación en tiempo y forma; también se debe superar el esquema de oferta y demanda, ya que en salud se trata de necesidad y producción. Todo esto se logra ladrillo a ladrillo, sin inmediatismos mágicos. No es cuestión de recetas milagrosas, sino de un riguroso esquema terapéutico.
Tampoco se trata de reproducir la frontera entre “medicina privada” y “caridad pública sanitaria” como si se tratara de dos países distintos, sino de construir una Red Sanitaria de Utilización Pública (sin distinción de titularidad jurídica). Dentro de dicha red, todos tienen que poder acceder a los servicios de salud, con la diferenciación de cada caso, pero nadie puede quedar excluido a propósito de disputas sobre responsabilidad jurisdiccional.
Para lograr todo eso, vale la pena detenerse en el término de política pública, que debería ser la principal herramienta para el cambio profundo y sostenido. Política refiere al arte y ciencia de gobernar, mientras que lo público referencia al pueblo. La política pública como concepto significa medios para resolver problemas sociales. Son entonces acciones de gobierno de interés público que buscan maximizar o reducir aspectos sustentados en diagnósticos y análisis de factibilidad y que cuentan con participación ciudadana, al menos si se suponen democráticos.
Transformar instituciones débiles en sólidas, en esto consiste tener Políticas Públicas que posibiliten transformar la forma de vida de los habitantes de una nación. Abarca un conjunto de métodos que permite descomponer la compleja esfera de la acción pública en diferentes actividades, separables analíticamente. Tiene un valor descriptivo del propio entramado político administrativo, en tanto y en cuanto permite la observación de los procesos de elaboración de políticas y de programas de actuación pública, y facilita la identificación de los distintos actores que intervienen en el proceso de las políticas públicas.
Pero además, la aproximación a la realidad administrativa del análisis de políticas públicas tiene un valor prescriptivo, en el sentido que ofrece un instrumental de análisis desarrollado para conseguir la mejora de la gestión de las administraciones públicas y para conocer el impacto de determinadas decisiones en el entorno.
Las políticas públicas constituyen, en síntesis, una metodología que permite un mejor control sobre la función de producción de las autoridades públicas, tratando de que los productos generen los efectos esperados o al menos previniendo y reduciendo las desviaciones.
Dentro de las políticas públicas, se conceptualiza a la política social como el conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, así procura que los beneficios del desarrollo alcancen a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad. Algunos autores la definen como la forma que tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor integración social, la política tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad.
En este sentido, las políticas de salud son o deberían ser una política social, no entendidas como asistencialismo, sino como un conjunto de políticas públicas que tiene como objetivo la equidad e integración social de los individuos en un marco comunitario solidario.
La formulación de una buena política pública está compuesta de cinco etapas:

1. el establecimiento de la agenda política;
2. la definición de los problemas;
3. la previsión;
4. el establecimiento de objetivos;
5. y la selección de la opción.

El último punto requiere de una fuerte determinación en el marco de un amplio acuerdo de acción, pero no por ello irreversibilidad ni obstinación. De hecho, con el paso siguiente, que es la implementación, se debe operar una permanente revisión y evaluación de la continuidad o la rectificación del rumbo.
Por último, para ser exitosa una política pública, debe cumplir los requisitos de oportunidad, calidad, transparencia y apropiación social. Efectivamente, entre las distintas características que debe cumplir una buena política pública, y sobre todo una política social, está la transparencia, la participación y el control, que posibilite forjar una comunidad de destino en tiempos de integración.
En este sentido, cuando hablamos del pacto o acuerdo sanitario, si bien la negociación de los actores clave dentro del campo sanitario es vital, y la responsabilidad no es la misma para todos los ciudadanos dada la asimetría del conocimiento –por lo cual los médicos tenemos una cuota adicional de responsabilidad–, se trata de una reforma sanitaria que compete a toda la sociedad, y trasciende un mero acuerdo de cúpulas. Por el contrario, debe establecerse su total transparencia, debate y participación popular.