La ley 23.660 (de obras sociales) y la ley 23.661 (del seguro nacional de salud) fueron sancionadas en 1989 llevan más de 25 años de vigencia con algunas modificaciones.
En lo que hace a las personas incluidas en la norma han quedado obligatoriamente incorporados en la cobertura los titulares, definidos en el artículo 8 de la 23.660 (i) como los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y de la Administración Pública Nacional, entendiendo esta última como del Poder Ejecutivo Nacional ya que el Poder Legislativo y el Judicial tienen entidades de salud propias que no integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud.
Además de esos titulares, la ley contempla la cobertura obligatoria del grupo familiar primario y de otros integrantes detallados en el artículo 9 (ii).
Tanto la ley 23.660 como la del seguro nacional de salud (23.661) contemplaron la inclusión de los autónomos, especialmente el artículo 5 de la ley 23.661 (iii), entendiendo a tales beneficiarios como aquellos trabajadores por cuenta propia.
Al año siguiente, en 1990, el por entonces Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) dictó la resolución n° 490/90-INOS que permitió a las obras sociales incorporar beneficiarios en calidad de adherentes.
Estos adherentes fueron identificados en esa normativa como aquellos que no se encuentren obligatoriamente integrados a un agente del seguro de salud y que optaren por gozar de los servicios médico asistenciales de una obra social.
Esa normativa, además, incluía los mecanismos de cobertura y de pago, que trasladaban la condición de agente de retención del aporte al Fondo Solidario de Redistribución en cabeza de la obra social.
Entre ambas puntas transitaban aquellos trabajadores de actividades que no contaban -y no cuentan- con una relación de dependencia clásica, entendiendo en este concepto aquellos que tienen un salario mensual, aportes y contribuciones y relaciones laborales sostenidas en el tiempo de manera formal. En este grupo podemos considerar a los actores, a los músicos, a los jockeys, por nombrar sólo algunos.
Allí por el año 2000 se dictó la ley 24.977 que incorporó la figura del pequeño contribuyente (monotributista, en la jerga), que contuvo (y contiene) a los autónomos de menores ingresos.
Esta inclusión de los “adherentes” de las obras sociales se mantuvo desde el año 1990 hasta mayo de 2011 en que se dictó la ley 26.682 de medicina prepaga.
La vigencia de esa nueva norma de medicina prepaga incluyó dentro de la ley la figura de los adherentes de las obras sociales, o voluntarios de la anterior resolución 490/90-INOS mencionada anteriormente, norma posterior y de mayor jerarquía que derogó tácitamente la del Instituto Nacional de Obras Sociales.
Ya nos hemos expresado también en diversos artículos sobre la inconveniencia de la ley de medicina prepaga en casi todo su contenido, pero en este caso ha generado otro perjuicio a estas poblaciones “intermedias”.
La situación recobra vigencia con el dictado de la ley 27.203 que regula la actividad actoral y su decreto reglamentario que incorporan la figura del “trabajo discontinuo”, calificándolo como aquél que se presta en forma intermitente o alternada durante el año, con uno o varios empleadores.
Es así que la ley que viene a regular la actividad de los actores coloca nuevamente sobre la mesa la discusión de aquellos trabajadores que -al igual que los de la actividad actoral- no cuentan con un mecanismo de relación de dependencia tradicional pero tampoco son trabajadores por cuenta propia (monotributistas o autónomos) ya que brindan su quehacer a las órdenes de alguien o son dirigidos u ordenados por personas que hacen las veces de empleador. Como califica la ley, de manera discontinua.
Sin embargo, en materia de seguridad social y más específicamente de obras sociales, estos trabajadores no encajan en ninguna de las categorías vigentes, motivo por el cual hoy se encuentran en una situación de desprotección en materia de salud, tanto ellos como su grupo familiar primario.
Será necesario buscar alguna alternativa legal para su cobertura, desde que la vigencia de las nuevas normas no puede transformar a estos trabajadores en “kelpers” de la salud.


(i) Art. 8° — Quedan obligatoriamente incluidos en calidad de beneficiarios de las obras sociales:
a) Los trabajadores que presten servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público del Poder Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y descentralizados; en empresas y sociedades del Estado, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y en el Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; (Inciso sustituido por Art. 2° de la Ley N° 23.890 B.O. 30/10/1990).

(ii) Art. 9° — Quedan también incluidos en calidad de beneficiarios:
a) Los grupos familiares primarios de las categorías indicadas en el artículo anterior. Se entiende por grupo familiar primario el integrado por el cónyuge del afiliado titular, los hijos solteros hasta los veintiún años, no emancipados por habilitación de edad o ejercicio de actividad profesional, comercial o laboral, los hijos solteros mayores de veintiún años y hasta los veinticinco años inclusive, que estén a exclusivo cargo del afiliado titular que cursen estudios regulares oficialmente reconocidos por la autoridad pertinente, los hijos incapacitados y a cargo del afiliado titular, mayores de veintiún años; los hijos del cónyuge; los menores cuya guarda y tutela haya sido acordada por autoridad judicial o administrativa, que reúnan los requisitos establecidos en este inciso;
b) Las personas que convivan con el afiliado titular y reciban del mismo ostensible trato familiar, según la acreditación que determine la reglamentación.
La Dirección Nacional de Obras Sociales podrá autorizar, con los requisitos que ella establezca, la inclusión como beneficiarios, de otros ascendientes o descendientes por consanguinidad del beneficiario titular y que se encuentren a su cargo, en cuyo caso se fija un aporte adicional del uno y medio por ciento (1.5%) por cada una de las personas que se incluyan

(iii) ART. 5.- Quedan incluidos en el seguro:
a) Todos los beneficiarios comprendidos en la Ley de Obras Sociales.
b) Los trabajadores autónomos comprendidos en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones, con las condiciones, modalidades y aportes que fija la reglamentación y el respectivo régimen legal complementario en lo referente a la inclusión de productores agropecuarios.
c) Las personas que, con residencia permanente en el país, se encuentren sin cobertura médico-asistencial por carecer de tareas remuneradas o beneficios previsionales, en las condiciones y modalidades que fije la reglamentaciónlas obras sociales.