En el último mes del año, las Prepagas y la Secretaría de Comercio se enfrentaron públicamente por el aumento de las cuotas. El marco legal aplicable es parte de la “pesada herencia” que las actuales autoridades se han cuidado de modificar.

¿QUÉ PASÓ EN DICIEMBRE?
Un duro intercambio de “facturas” entre las cámaras del sector y la Secretaría de Comercio.
Las cámaras acusaron a la Secretaría y a sus funcionarios de hacerles “la gran Moreno” dilatando las conversaciones y hasta incumpliendo promesas de aprobar un aumento del 6% en enero.
Así fue, que decidieron presentar un reclamo a la Secretaría de Comercio (con copia a la Superintendencia de Servicios de Salud, al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y al presidente Mauricio Macri).
Por su parte, Comercio les recordó que tras la firma de la paritaria de los trabajadores hubo subas del 15% en junio, otra del 5% en julio y una tercera del 9% en octubre; esos ajustes se sumaron a uno del 9% que hubo también, en febrero, por lo que durante 2016 se acumuló un alza del 43,5%, ya que cada porcentaje fue aplicado sobre la cuota ya incrementada con anterioridad.
Las cámaras “retrucaron” presentando las estructuras de costos del sector 2012-2016, de los que surgiría que en verdad habían postergado aumentos los años anteriores, para no contribuir con el proceso inflacionario.
Y recordaron que los aumentos salariales del sector, inclusive de los prestadores, son imposibles de cumplir si los financiadores no aumentan los aranceles.
Algunas empresas notificaron el aumento a sus afiliados del 6% para enero.
La Secretaría de Comercio les recordó que no tenían validez porque no había previa autorización de los aumentos y amenazó con aplicar multas a las empresas.
Cuando ya estaban por “irse a las manos”, primó la cordura y todo terminó con que el Gobierno autorizó finalmente un incremento de 6% en las cuotas de la medicina prepaga para el mes de febrero. Lo hizo a través de la resolución 2.371 publicada el 28 de diciembre (casualmente el día de los inocentes) en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el ministro de Salud, Jorge Lemus, señala que las entidades de medicina prepaga “deberán extremar los recaudos necesarios para notificar de manera fehaciente a los usuarios” la aplicación del aumento.

EL MARCO LEGAL
Cuando fue promulgada la ley 26.682 la llamé “el regreso de los muertos vivos”. (Edición 62 - diciembre de 2010)
Debido a la transferencia de obligaciones estatales a los particulares, sin prever la financiación.
Y sobre todo por las facultades omnímodas que concedía a la autoridad de aplicación que incluía la de actuar arbitrariamente dando a uno lo que negaba a otro por la ausencia de normas generales.
Además de ser “trifrontre”: el Ministerio de Salud, el de Economía (este último suponíamos bien que a través de la Secretaría de Comercio) y las autoridades sanitarias de cada jurisdicción.
Cuando fue reglamentada mediante el decreto 1993/2011 (Reglamentación de la Ley de Medicina Prepaga “Dura Lex Sed Lex” Revista Médicos Nº 68 - marzo 2012) dije que establecer como autoridad a la Superintendencia de Servicios de Salud era un acierto o al menos, el mal menor, salvo en un aspecto.
Ese “aspecto” era precisamente el aumento de las cuotas, que debían ser tramitados ante la Superintendencia y aprobados previo “dictamen vinculante” de la Secretaría de Comercio Interior, por entonces a cargo de “el cuco” Guillermo Moreno y aprobadas por Resolución del Ministro.
Prometió implementar la estructura de costos (mediante resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud) que debería comprender:
Los costos en sí, los cálculos actuariales, la “verificación fehaciente” del costo de las prestaciones obligatorias, suplementarias y complementarias, las nuevas tecnologías y reglamentaciones legales que modifiquen o se introduzcan en el Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia.
El incremento de costos de recursos humanos y cualquier otra circunstancia que la Superintendencia y las entidades consideren que incide sobre los costos de la cuota de los planes ya autorizados.
No parecía un análisis de costos particularmente fácil de establecer en épocas de inflación.
Los “costos prestacionales” son diferentes para las prepagas según la franja económica a la que atiendan y en cada empresa dependen del tipo de plan.
No son los mismos prestadores los que atienden a los prepagos más caros o más económicos.
Y dentro del mismo financiador los del plan “magnum” que los del “PMO”.
La inclusión de “cálculos actuariales”, por la utilización de cada prestación por la población afiliada a “esa” prepaga es sumamente compleja.
Y si se calculan por el total de la población adherida a todo el sistema puede generar diferencias.
E implicaba a las empresas sincerar los precios, quizás, con cada prestador donde “se dice” que hay diferencias apreciables dentro de la misma categoría.
Era pues una tarea técnicamente compleja y de ejecución lenta.
Al menos de los costos prestacionales entre los que debería incluirse los que resultan de la judicialización de la cobertura que, en materia de discapacidad, están llegando a una entidad crítica.
Hasta que se aceptaran esas estructuras de costos todo seguiría dependiendo de lo que resolviera, con o sin razón la Superintendencia y la Secretaría de Comercio para cada pedido de aumento.
La duplicación de los órganos intervinientes añade un factor más de desequilibrio.
La Superintendencia conoce el sector salud y sus muchas variables.
La Secretaría de Comercio tiende a verlo como un actor más dentro de los muchos que inciden en el índice de precios.
Y de esas ópticas se derivan conductas diferentes.
Las estructuras de costos permanentes no se aprobaron y la resolución de los aumentos siguió dependiendo de “Janus Bifronte” esa semideidad de dos caras que miran en sentidos opuestos.

¿PROFECÍA CUMPLIDA?
Moreno ya no está, se fue un gobierno sumamente intervencionista y vino otro de ideología casi opuesta, que cree en el mercado.
Pero las atribuciones y el órgano que resuelve sobre las cuotas siguen actuando parecido, con una Superintendencia comprensiva y una Secretaría un tanto intolerante.
Y la forma en que se ejercitan esas facultades se sigue pareciendo al escudo de un país vecino “por la razón o por la fuerza”.
La situación es complicada y lo seguirá siendo porque:
El flagelo inflacionario, cambia permanentemente las estructuras de costos de un sector que financia a buena parte de los prestadores, que aumentan los salarios hasta tres veces por año y que si no lo hiciera sumiría bajo la línea de la pobreza a los trabajadores de la salud.
El sistema es concentrado, si bien existen muchas empresas, en verdad las que pueden fijar precios son unas pocas y las chicas subsisten siempre que se mantengan a cierta distancia por debajo de las grandes y esto despierta las sospechas de cartelización de Comercio.
Si no hubiera tanta inflación podría existir un aceptable esquema de costos que permitiría detectar los abusos e impedirlos ante la mera tentativa.
O mejor aún, dejarlos ocurrir y ver como el abusador pierde masivamente clientes en beneficio de sus competidores, implementando un sistema de “pases” ágil.

¿LA MUERTE DE LAS IDEOLOGÍAS?
Mientras la realidad sea tan voluble no existirá tiempo material para implementar la estructura de costos del sector que necesita cálculos actuariales que permanezcan y fatalmente la autoridad pensará que un sector con capacidad para formar precios abusa de esa condición.
Y los principales actores del sistema necesariamente intentarán cubrirse para no sufrir quebrantos, ya que en ese contexto unos pocos meses de desfase pueden ser fatales.
Tenemos un gobierno que reconoce la inflación y cree en el mercado.
Y teníamos al anterior que la ocultaba y al menos decía que todo era una turbia conspiración de los “grupos concentrados” (cualquiera sea el significado del término).
No obstante, ello, actúan en forma sorprendentemente parecida.

PRONÓSTICOS
El marco legal sigue igual y confiere amplias facultades a la Secretaría de Comercio para impedir aumentos.
El contexto inflacionario hace más que difícil que el Gobierno se autolimite.
Sólo es esperable una mayor comprensión, por la vía de no negar la realidad.
Habrá que seguir negociando cada punto de aumento y su fecha.
Es la época que nos toca vivir.