En el número anterior de la revista propiciamos soluciones integradoras para mitigar los efectos de la judicialización del Sistema de Salud argentino. Allí hablamos de los frutos que puede tener la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias sobre este tema. En este artículo vamos a desarrollar el impacto que puede tener la reciente creación del Registro Nacional de Juicios de Amparos en Salud, por vía de la resolución n° 409/2016 SSSalud, sobre la judicialización.
Aunque obvio, nos parece oportuno recordar que existen un conjunto de causas que motivan la promoción de acciones judiciales tendientes a obtener la cobertura de prestaciones médico-asistenciales.

Sólo a título enunciativo podríamos mencionar:

1. La falta de cobertura médico-asistencial por parte de los prestadores o financiadores de salud a sus beneficiarios. Nos parece intelectualmente honesto comenzar reconociendo que, en ocasiones, los procesos judiciales se inician simple y razonablemente por la falta de atención necesaria al usuario del sistema, en tiempo y forma oportunos.
2. La relación médico-paciente menos familiar en este mundo globalizado. Hace no tanto tiempo atrás la palabra del profesional que nos atendía, médico en el caso, era indiscutible para cada uno de los pacientes. Hoy se observa en la sociedad una tendencia creciente a formular cuestionamientos, que muchas veces derivan en procesos judiciales. A ello, debe agregarse la exigencia de los sistemas gerenciados a los profesionales en cuanto a los tiempos de atención.
3. La información que hoy brinda Internet a todos sus usuarios fomenta este tipo de cuestionamientos. Resulta frecuente creer que sabemos de determinados temas simplemente por haber leído alguna nota “viralizada”, sin tener elementos suficientes como para determinar la fiabilidad de la fuente ni del propio contenido.
4. La legislación por enfermedad por parte del Congreso Nacional -celiaquía, diabetes, obesidad, fertilización asistida, entre otras-, hace que la sociedad intente obtener por vía judicial la cobertura de prácticas no legisladas o la cobertura adecuada de aquellas patologías que sí tienen legislación específica.
5. La utopía moderna de la “salud perfecta”. Ya nos referimos en artículos anteriores a este modelo de vida que impulsa la solicitud de tratamientos riesgosos que, frecuentemente, no tienen la evidencia científica suficiente.
6. La falta de actualización integral periódica del PMO. No tenemos dudas que la falta de actualización periódica del PMO –recordemos que la última actualización integral del PMO data del año 2004-, produce falta de fiabilidad suficiente por parte de la población, los médicos, abogados y los propios jueces.
7. La existencia de una sociedad mucho más judicializada que en décadas anteriores, se ve reflejada también en la mayor litigiosidad observada en los últimos tiempos en materia de salud.

Además de esas causas, se observan una concentración de acciones judiciales impulsadas por nombres de abogados y médicos, instituciones sanitarias, laboratorios, prácticas y zonas geográficas que se repiten de modo sospechoso.
Con respecto a este tema, consideramos que hay que adoptar medidas que eviten favorecer a algunos pocos de modo inequitativo y no solidario, que pongan en riesgo la cobertura y el financiamiento del resto del sistema.
En este sentido, el activismo de los jueces en casos individuales podría también potencialmente provocar distorsiones sobre el sistema de salud, si los tribunales al asegurar determinadas prestaciones o coberturas no consideran el impacto de sus decisiones sobre el conjunto del sistema, o no valoran adecuadamente las consecuencias de los compromisos presupuestarios que provocan sus fallos. No parecen existir aún reglas claras sobre cuando una prestación no autorizada por la ley o la autoridad administrativa puede ser garantizada por la vía judicial en función de la potencial vulneración del derecho a la salud.
Indudablemente, desde la reforma constitucional de 1994, que aseguró, por un lado, expresamente el acceso al derecho a la salud por parte de la población; y, por otro lado, de modo genérico la supremacía de los tratados internacionales sobre el ordenamiento legal nacional, las acciones judiciales vinculadas con este tema se multiplicaron de modo exponencial.
El diseño de un aplicativo informático previsto en la resolución n° 409/2016 SSSalud, sobre cuya base, las obras sociales, deberán consignar los datos relacionados con cada proceso judicial, en los que fuere parte demandada, por obligaciones prestacionales y de cobertura vinculadas a los usuarios, a excepción de aquellos reclamos por mala praxis, incumplimiento de pago a prestadores y cualquier otro de índole económica, nos va a permitir contar con datos fehacientes que permitirán luego analizar los niveles y motivos de litigiosidad y, además, diseñar políticas adecuadas para mitigar los efectos de la judicialización del sistema.
La importancia de la información que puede colectarse con esta nueva normativa permitirá evaluar no sólo la cantidad de los pleitos en materia de amparos, sino también su calidad. No se puede medir lo que no se conoce, motivo por el cual la difusión de esos datos -cuidando el secreto profesional- permitirá la generación de nuevos elementos para evitar que las decisiones judiciales se transformen en el establecimiento de políticas sanitarias.
Tenemos que trabajar todos en conjunto para no permitir la desconsideración de la evidencia científica, el desentendimiento de protocolos nacionales e internacionales y el fortalecimiento de los pilares de equidad y solidaridad que se ven afectados por este tipo de conductas.