En el mes de enero de 2017, el Ministerio de Salud de la Nación dictó la resolución n° 58/2017 que modificó el valor de algunos de los coseguros previstos en el Programa Médico Obligatorio. Ese Programa es aplicable tanto a las obras sociales nacionales (incluidas en la ley 23.660) como a las empresas de medicina prepaga, a partir de la vigencia de la ley 26.682 ¹
Vale aclarar, previamente que las palabras “copago” o “coseguro” son utilizadas indistintamente para definir el componente económico que abona de su bolsillo el usuario (beneficiario – cliente) del servicio de salud, y si bien ninguno de los dos términos forma parte del vocabulario de la Real Academia Española, no hay duda que es un tipo de financiación de los servicios de salud.
En el caso que nos ocupa, se trata de sumas fijas que se aplican a ciertos servicios de salud y que se abonan generalmente al momento en que se produce el consumo o la prestación. En nuestro país, la potestad de establecer las prestaciones que posean coseguros o copagos y su importe se encuentran incluidas en el Programa Médico Obligatorio, vigente con la actual estructura desde el año 2002 ².
Habitualmente, los usuarios de los sistemas de salud tanto de la seguridad social como del sistema privado son pagadores de copagos o coseguros que ya están culturalmente aceptados. Así, cuando se trata de medicamentos de práctica ambulatoria y dependiendo del tipo de uso, ya sea habitual o crónico, varía del cuarenta por ciento (40%) al setenta por ciento (70%), siendo absolutamente gratuito para aquellos casos en que las normas así lo disponen; por ejemplo, para los casos incluidos en la ley 24.901 de discapacidad y vinculados a ella. La resolución ya citada dice expresamente que la falta de actualización de los valores desde 2002 han generado resultados asimétricos significativos y desnaturalizándose el verdadero sentido por el que han sido dispuestos. Basta señalar un par de ejemplos que justifican esa afirmación: en la consulta a domicilio, el coseguro para personas mayores de 65 años era de diez pesos ($ 10). Y el PMO dice expresamente:

• Se establece un monto de hasta $ 4 en concepto de coseguro para todo tipo de consultas médicas en ambulatorio, siendo facultad del Agente del Seguro el cobro del mismo y la modalidad operativa para su percepción.

• Se unifican en un solo valor de hasta $5 los montos para estudios de alta y baja complejidad.

Esa falta de actualización de valores generó también en el sistema una anarquía en cuanto al establecimiento de montos de copagos, siendo que las instituciones de salud fijaron valores unilaterales -llamémoslo ilegales- sin fundamentación.
En el cuadro que sigue, se detallan los nuevos valores de los coseguros en lo que la propia resolución ministerial llama “actualización”.

La normativa en cuestión agrega algunas características a su aplicación:

• Se trata de topes máximos, por lo cual serán aplicados por las entidades según criterios y modalidades operativas que ellos mismos determinen.

• Contarán con un ajuste automático de aquí en más, en los plazos y porcentajes establecidos en la ley 24.013 para el salario mínimo, vital y móvil.

• Las prácticas que no se encuentren incluidas y no estén expresamente exceptuadas tendrán un valor de hasta cincuenta pesos ($ 50).

1 Si bien la ley 26.682 de mayo de 2011 lo menciona expresamente, las empresas de medicina prepaga debían dar las mismas prestaciones obligatorias que las obras sociales a partir de lo dispuesto en la ley 24.754.

2 Resolución 201/2002, producto de la Emergencia Sanitaria Nacional prevista en el Decreto 486/2002.