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La medicina no permanece inalterable, sino que muta a lo
largo del desarrollo histórico, respondiendo a las
modificaciones en la ciencia, la tecnología y la
configuración social, entendida como el conjunto
dinámico del funcionamiento social.
La configuración social, respecto de la medicina,
diferencia contextos de manera de caracterizar algunos
hitos históricos según su especificidad en el estado de
la ciencia. Considérense los siguientes referentes:
Domingo Cabred (creador
de la Colonia Nacional Psiquiátrica “Open Door” en
1899).
Ramón Carrillo (Ministro
de Salud de la Nación, 1947-1954).
Héctor Noblía (Ministro
de Salud de la Nación, 1958-1962).
Arturo Oñativia (Ministro
de Salud de la Nación, 1963-1966).
En la época de Cabred y hasta la de Carrillo, la
“ciencia médica” se encontraba en sus inicios. Recién
comenzaba la transfusión segura de sangre hacia 1914
(con los aportes del argentino Luis Agote) y el uso de
antibióticos no se generalizó hasta luego de 1945. La
prioridad, entonces, pasaba por crear una
infraestructura hospitalaria de asistencia masiva.
Noblía centralizó servicios hospitalarios en las
provincias, inauguró el sistema de residencias médicas
hospitalarias, y priorizó la enfermería a fin de
invertir la proporción argentina de cuatro médicos por
enfermera. Oñativia vivió el primer punto de inflexión,
quien además de propiciar el desarrollo de hospitales de
comunidad, sufrió la incidencia de la industria
farmacológica, al punto que el rechazo a su conocida Ley
de Medicamentos fue un elemento de peso en el
derrocamiento de Arturo Illía.
El segundo punto de inflexión surgió con la ley 18.610,
bajo el pacto entre Onganía y Vandor, por la cual el
Estado delega (aunque en su real accionar transfiere) en
las Obras Sociales la asistencia sanitaria de los
trabajadores sindicalizados, dando lugar al posterior
desarrollo del “mercado” de la salud. Ya en la década
siguiente, la economía, las empresas, las finanzas y el
parque tecnológico reconformaron la medicina como hasta
hoy permanece. Para no hablar de Martínez de Hoz y
Domingo Cavallo que tergiversaron la lógica de inversión
productiva a una especulación financiera, con un
correlato social de creciente miseria, que asimismo
reconfiguró la sociedad tal como la conocíamos (es
decir, al Estado, a los individuos y a la sociedad
civil), consolidando un nuevo panorama estructural en el
ocaso de la crisis de 2001, que la reactivación
económica posterior no modificó.
Es decir que los hitos de la evolución sanitaria no
pueden entenderse de manera aislada de la correlativa
(aunque no siempre armónica) evolución
científico-técnica y económico-política, además de otros
factores como los demográficos, los bioéticos, los
medioambientales, etc. Para que su evolución sea lo más
satisfactoria posible, resulta indispensable una
evaluación que precisamente tome en cuenta la
confluencia de las modificaciones de las que forma
parte. Este monitoreo responde a la necesidad de una
planificación racional y estratégica de las políticas
públicas en general, y donde la salud debería tener un
rol central. Un análisis del Cippec, realizado en 2015
sobre 33 programas sociales nacionales, muestra que sólo
el 37% destina fondos a su evaluación.
Falta entonces primariamente una Agencia de Evaluación
de Políticas Públicas, y una específica de Tecnologías
de Salud. Pienso, para el área de la salud, en un
ensamble constituido por:
el Observatorio Nacional
de Salud.
el Ordenamiento
Territorial contemplando la actual reurbanización.
el Diseño en redes
coordinadas según grados de complejidad y economía de
escala.
la Función de Agencia de
Atención Médica (monitoreo y logística).
la Agencia de Seguridad
Biológica.
la Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET).
Hacia una Agencia
Nacional de Evaluación de Tecnologías DE SALUD (AGNET)
La necesidad de una Agencia Nacional de Evaluación de
Tecnologías de Salud conlleva la obligación de
sistematizar, normatizar y protocolizar para evitar el
uso acrítico. En el fondo, se debería tratar de
modificar el paradigma de oferta y demanda, según
preponderancia de intereses, por el de producción de
salud y consumo de asistencia, que determina la
necesidad para poder precisar la demanda en el devenir
histórico: ir del derecho individual al derecho social.
La Agencia debe lograr:
• la identificación e
informe de las tecnologías nuevas y establecidas que
necesitan evaluación.
• la producción, revisión, evaluación y síntesis de la
información científica en cuanto a su impacto médico,
económico, social y ético, tanto en tecnologías nuevas
como las ya existentes.
• la contribución a la adecuada formación de los
profesionales sanitarios para lograr la correcta
utilización de la tecnología.
• desarrollar el Registro Nacional de Eventualidades
Adversas.
• fundamentar técnicamente la selección, incorporación y
difusión en el sistema de prestaciones sanitarias en
todo el territorio nacional.
En definitiva, el objetivo de la Agencia es doble:
contribuir a un uso efectivo y oportuno de la tecnología
en la atención sanitaria, a la vez que evitar su
contracara, el uso indebido, que genera un derroche
económico, una cultura de oferta y demanda incorrecta,
resultados médicos inocuos o, lo que es más grave,
perjudiciales.
Una sociedad del
conocimiento para una Nación saludable
Necesitamos hacer uso de todas las ciencias (entre las
cuales sobresalen las biológicas y sociológicas,
químicas y energéticas, administrativas e informáticas)
para sistematizar normas y procedimientos, pero sin caer
en los peligros y falacias del biopoder y del
cientificismo presente, por ejemplo, en la llamada
“evidencia científica”. Es decir que, por un lado, la
planificación estratégica debe estar al servicio de la
salud y libertad humana. No se trata de construir
sujetos presos de una medicalización estatal, sino
portadores de su potencia vital por poseer el derecho
individual y social de una atención sanitaria integral
de manera oportuna. Por otro lado, la ciencia no
constituye una verdad autoevidente que se impone a los
sujetos (la “evidencia científica”), sino un método de
aplicación riguroso que brinda información fundada en
controladas observaciones estadísticas, pero que no
suplanta el trabajo de investigación científica, que en
el caso de la medicina incluye la anamnesis, la
percepción (observación, palpación, percusión,
auscultación) del caso particular, con referencia al
enfermo y no sólo a la enfermedad; y finalmente la
elaboración de síndromes y diagnósticos diferenciales,
utilizando los exámenes complementarios según criterios
de sospecha, aproximación y certeza que se sustenten en
el conocimiento, la experiencia y la reflexión.
Para construir una Nación de ciudadanos dignos,
necesitamos, en paralelo, edificar una verdadera
“sociedad del conocimiento”. Con este horizonte como
guía, y a través del incremento del capital humano del
país, podremos dejar atrás el subdesarrollo en sus
distintos órdenes. ¿Cómo desperdiciar la sinergia entre
sector público, privado y universidades, para,
enfocándonos en el campo de la salud, mejorar la
capacitación de médicos, enfermeros y auxiliares? ¿Cómo
facilitar interacciones político-económico-financieras
que favorezcan las investigaciones aplicadas para
combatir enfermedades? ¿Por qué no proponer vínculos
fecundos entre el sector público y el privado, dentro de
marcos establecidos por el Estado, y construir así un
Sistema Federal Integrado de Salud?
Si logramos combinar el saber científico de las
Universidades, los recursos tecnológicos de los
privados, el capital humano de los hospitales, y un
control eficiente y comprensivo desde el Estado, con una
finalidad ética y al servicio de todos los habitantes,
estaremos en condiciones de construir una sociedad del
conocimiento, un Estado responsable y ciudadanos dignos.
En definitiva, una Nación saludable.
Director Académico de la Especialización en
“Gestión Estratégica de Organizaciones de Salud”
Universidad Nacional del Centro (UNICEN).
Autor de: “Claves Jurídicas y Asistenciales para
la Conformación de un Sistema Federal Integrado
de Salud” - Editorial Eudeba (2012) - “Salud y
políticas públicas” - Editorial UNICEN (2016) |
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