Las recientes elecciones legislativas de medio término en la Argentina, en un contexto convulso con un Ejecutivo y un Congreso donde el oficialismo ha consolidado su posición, crean un escenario crucial para las políticas públicas en salud.
El sistema de salud argentino enfrenta una de sus crisis más profundas en décadas, marcada por el ajuste fiscal, la caída del poder adquisitivo del personal sanitario y el deterioro de la infraestructura, lo que ha puesto en jaque a los hospitales públicos nacionales y ha impactado gravemente a las instituciones provinciales.
En este contexto, surge una pregunta urgente: ¿podrán las decisiones políticas resultantes de estas elecciones traducirse en mejoras reales para la salud pública?
El gobierno nacional, ahora consolidado tras el reciente triunfo electoral, ha implementado un programa de austeridad en búsqueda de un equilibrio fiscal. En el área de salud, esto se ha traducido en recortes presupuestarios y la transferencia de responsabilidades a las provincias para la ejecución de programas esenciales. Como resultado, se observa un aumento en la demanda, una oferta reducida y un clima de tensión en los hospitales.
A pesar de estos retos, la respuesta del sector de la salud no se ha hecho esperar. Movilizaciones de médicos, enfermeros y residentes han puesto de manifiesto el deterioro del sistema, destacándose instituciones emblemáticas como el Hospital Garrahan. En este contexto, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia en Pediatría, enfrentando al poder ejecutivo quien había advertido que vetaría la ley en caso de su aprobación.
Finalmente, la ley fue promulgada oficialmente por el gobierno nacional luego de una insistencia parlamentaria, tras que el Poder Ejecutivo realizara observaciones al proyecto original. Sin embargo, aunque ha sido promulgada, su aplicación ha sido suspendida temporalmente debido a cuestiones de financiamiento.
El gobierno ha solicitado que el Congreso defina las fuentes de financiamiento necesarias para su implementación, lo que retrasa su entrada en vigor hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Esto plantea un nuevo desafío en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
¿Puede el Congreso convertirse en un contrapeso que impulse al Gobierno a revisar su estrategia sanitaria? Las señales son mixtas. El oficialismo aún mantiene un control considerable sobre la agenda sanitaria, pero ha habido avances en los que la oposición ha logrado revertir algunos vetos presidenciales, lo que sugiere que el Parlamento podría comenzar a establecer límites.
Habrá que estar atentos a las negociaciones luego de diciembre y la nueva conformación de ambas cámaras. Los próximos meses serán determinantes para definir si la Ley de Emergencia en Pediatría se convierte en una herramienta efectiva para fortalecer el sistema o en un mero gesto simbólico.
Para ello, además las negociaciones políticas, será crucial que su implementación cuente con mecanismos de control ciudadano; sin ellos, no habrá transparencia ni rendición de cuentas. Para que se produzca un cambio sustantivo, son necesarios la voluntad política, recursos adecuados, consistencia técnica y control social. La falta de alguno de estos elementos podría no solo perpetuar la crisis, sino también generar nuevas demandas.

Más allá de la ley de emergencia en pediatría

El debate sobre la salud tiene dimensiones múltiples que van más allá de esta ley específica. En primer lugar, la equidad: el deterioro del sistema público afecta más severamente a los sectores más vulnerables, acentuando las desigualdades territoriales y sociales.
En segundo lugar, la sostenibilidad: el Gobierno sostiene que el Estado no puede mantener un sistema de salud gratuito y universal, aunque la evidencia sugiere que desfinanciar la prevención podría resultar más costoso en el mediano plazo.
Además, el problema estructural del sistema es evidente: es fragmentado e ineficiente, con funciones superpuestas entre Nación, provincias, obras sociales y el sector privado; sin una reforma integral que busque la integración, cualquier medida será insuficiente.
¿La salud se jugó en las urnas? Encuestas recientes muestran que una mayoría de la población rechaza los recortes en hospitales públicos y demanda mayor inversión en salud. Sin embargo, esta exigencia no se tradujo en votos. Esto puede parecer contradictorio, pero refleja la complejidad de las decisiones de los votantes y cómo las prioridades no siempre se traducen en acciones electorales.
La cuestión central es hasta dónde queremos -y podemos- llegar en términos de cobertura sanitaria. ¿Debería el Estado garantizar el acceso universal o limitarse a brindar una cobertura mínima? ¿Hasta qué punto es viable garantizar servicios de salud de calidad y gratuitos mientras se busca estabilizar la economía?
La discusión sobre cómo revalorizar el trabajo sanitario es clave, dado que la fuga de profesionales y las precarias condiciones laborales impactan en la calidad y accesibilidad de los servicios.
Las respuestas a estos interrogantes no dependen únicamente del resultado electoral, sin embargo, las elecciones de medio término siempre son excelentes oportunidades para instalar temas en la agenda pública. Si bien ha pasado el tiempo de votación, el activismo cívico es necesario para llevar las necesidades sanitarias al nuevo Congreso Nacional.
Del mismo modo, también pueden ser una oportunidad perdida si no se utilizan para discutir sobre las reales prioridades del Estado. Dependerá tanto del oficialismo como de la oposición capitalizar esta oportunidad.
Lo que se decidió en las urnas no solo afectará la composición del Congreso, sino también el futuro de los hospitales, los tiempos de espera para consultas y la calidad de atención. En última instancia, se votó también por el derecho a la salud.