En 2024, la esperanza de vida en la Argentina llegó a 77,5 años. Desde el año 2000, ganamos 3,6 años de vida. Es un dato que aparece en informes oficiales y se cita como logro sanitario. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie formula: ¿cuántos de esos años transcurren con salud plena? ¿Y cuántos con dolor crónico, dependencia funcional y pluripatología?
La paradoja del envejecimiento argentino no está en que vivimos más. Está en que el sistema no fue diseñado para lo que viene después, y en que el debate público se agota en las jubilaciones, como si el único problema de envejecer fuera económico. Envejecer también es un problema sanitario, uno que el sistema de salud argentino no terminó de asumir.
La economía de la salud dispone de herramientas precisas para medir esa brecha. La esperanza de vida saludable, conocida como HALE (Healthy Adjusted Life Expectancy), calcula cuántos años puede esperarse vivir en condiciones de plena salud. La diferencia entre esa cifra y la esperanza de vida total representa los años vividos con discapacidad o enfermedad limitante.
En la Argentina esa brecha supera los nueve años. Dicho de otra manera: al final de nuestra vida, casi una década transcurre con algún grado de dependencia o cronicidad. Los AVADs -años de vida ajustados por discapacidad- permiten cuantificar ese peso sobre la población y sobre los sistemas que deben sostenerla. Son años que el sistema paga, con internaciones, medicamentos, asistencia domiciliaria o, con demasiada frecuencia, con la ausencia de todo eso.
La OPS documentó para América Latina que la brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable no se reduce con el envejecimiento poblacional: se amplía. El incremento de los años poco saludables no es proporcional al de la esperanza de vida total. Ganamos años, pero no siempre en buenas condiciones.
El dato demográfico agrava el escenario. Según el Dosier Estadístico de Personas Mayores del INDEC (2024), más del 15,7% de la población argentina ya tiene 60 años o más, y las proyecciones ubican ese porcentaje cerca del 21% hacia 2040. Al mismo tiempo, la tasa de fecundidad cayó por debajo de 1,4 hijos por mujer, muy lejos del 2,1 necesario para el reemplazo generacional.
La pirámide se invierte: más personas requiriendo cuidados, menos jóvenes para sostener el sistema. Esta transición demográfica se viene anunciando desde hace décadas. Lo que es nuevo es la velocidad a la que ocurre y la ausencia de respuestas institucionales a la altura del desafío.
Sin embargo, el debate público sobre envejecimiento casi no sale de la discusión previsional. Son discusiones legítimas e importantes, pero agotan el espacio de agenda y dejan fuera la pregunta central: ¿quién cuida a quién? ¿cómo, con qué recursos y a qué costo para el sistema? El envejecimiento no es solo un problema de la Seguridad Social. Es, ante todo, un problema sanitario de largo plazo que requiere planificación, financiamiento y decisión política.
El déficit del sistema de cuidados en la Argentina es estructural. El Ministerio de Salud reconoció en 2024 la necesidad de identificar fallas sistémicas al lanzar el Observatorio Integral del Sistema de Cuidado de Personas Adultas y Mayores. La OIT estimó que cubrir adecuadamente la demanda de cuidados de larga duración requeriría más de 780.000 nuevos puestos de trabajo en ese sector, en una economía donde el empleo informal en cuidados domiciliarios ronda el 78%.
No existe hoy un sistema público estructurado de cuidados de larga duración. El Estado financia internaciones, no la forma de evitarlas. Paga la crisis, no la prevención de la dependencia.
Las consecuencias sobre el gasto en salud son directas. Las enfermedades crónicas no transmisibles concentran la mayor parte de la carga de morbilidad en adultos mayores y explican una proporción creciente del gasto hospitalario, de las prescripciones de PAMI y de las consultas en el primer nivel de atención.
Cuando el acceso a medicamentos crónicos se interrumpe, por razones económicas o por cambios en las coberturas, el resultado no es un ahorro: es el diferimiento del costo hacia la internación de urgencia. Lo que no se gasta en prevención se gasta en la crisis.
Las obras sociales y los hospitales públicos absorben una demanda que seguirá creciendo sin que nadie haya diseñado colectivamente la respuesta. Los sistemas de financiamiento, pensados históricamente para episodios agudos, son inadecuados para la cronicidad.
Se financia por prestación, no por resultado. Se paga la consulta, no el control longitudinal de la enfermedad. Se financia la inter- nación, no el equipo interdisciplinario que podría evitarla. El modelo económico del sistema de salud argentino y el perfil epidemiológico emergente son, en su lógica más profunda, estructuralmente incompatibles.
¿Qué podría hacerse? Las respuestas existen y no son secretas: sistemas de cuidados de larga duración financiados públicamente con trabajo formal y bien remunerado; atención primaria fortalecida con foco en cronicidad y seguimiento longitudinal; modelos de pago basados en resultados sanitarios y no en actos médicos aislados; evaluación económica de prestaciones desde una perspectiva de ciclo de vida; políticas de envejecimiento activo que retrasen la dependencia funcional.
No es falta de conocimiento técnico. Es falta de decisión política y de voluntad para financiar lo que no tiene foto ni titular inmediato, lo que da frutos en diez años y no en el próximo ciclo electoral.
La Argentina envejece. Los números son claros, las proyecciones también. Lo que sigue siendo opaco es si el sistema de salud y sus financiadores, sus prestadores, sus planificadores, está dis- puesto a reconocer que el verdadero problema no es cuántos años vivimos, sino cómo los vivimos.
Mientras tanto, cada año ganado de esperanza de vida que no viene acompañado de políticas de cuidado es, en rigor, un año de sufrimiento evitable que el sistema terminará pagando -tarde, mal y a precio de urgencia-.