Construimos durante más de 50 años un sistema de salud que adolece de varios problemas que no comenzaremos a describir en este artículo, solo me quiero referir a un sesgo que comparten los tres subsistemas de este intrincado organismo. Me estoy refiriendo al sesgo hacia la enfermedad que atraviesa el sistema, contrapuesto al principio de cuidar y mantener la salud de la población que constituye el núcleo duro de los sistemas sanitarios con mejores resultados.
Este trípode que conforman el público estatal, la seguridad social en sus diferentes expresiones y el privado (asegurador) comparten algunas lógicas e incentivos perversos que conspiran en la construcción y funcionamiento de un entramado de prevención y promoción de la salud. De manera muy sucinta podemos referirnos de manera puntual a cada uno de ellos de la siguiente manera:

.Sector público (estatal): históricamente centrado en hospitales y guardias, con presupuestos atados a la lógica del gasto histórico y la demanda espontánea.

.Seguridad social (obras sociales nacionales y provinciales + PAMI): modelo centrado en la atención de patologías declaradas y en la provisión de prestaciones “a demanda” de los afiliados, sin financiamiento explícito para promoción y prevención.

.Sector privado/prepagas: incentivos a captar y retener afiliados mediante acceso rápido a especialistas y diagnósticos de alta complejidad, escasa inversión en prevención más allá de marketing.

El resultado de esta anomalía congénita es la convergencia hacia un macrosistema de reglas y comportamiento construido sobre el eje de “recuperación de la enfermedad” y que tiende a ver a la prevención como gasto y no como inversión. Los mecanismos perversos con los que conviven las diferentes coberturas conspiran para la mejora en una asignación de recursos más costo efectivo.
El marco jurídico que hemos sabido construir en los últimos 20 años no aminoró, sino que agigantó el problema. Tanto los fallos de los jueces como la reforma constitucional o las legislaciones de ampliación de derecho han construido un modelo que promete de manera amplia pero que convive con una operatoria limitada por falta de recursos. El que llega primero o está mejor relacionado o tiene dinero consume en tanto el resto queda rezagado, mostrando la peor cara en materia de equidad. Incluso cuando los recursos abundan el mecanismo actúa de manera perversa y clasista relegando.
La reforma constitucional de 1994 se constituyó en un extraordinario multiplicador de los derechos a partir de la jerarquización constitucional de los pactos internacionales de derechos humanos y donde el derecho a la salud paso a tener en las declaraciones un rango supremo.
La construcción de una amplia panoplia de derechos, con una jurisprudencia expansiva que habilitó el acceso a prestaciones, medicamentos y tratamientos de alta complejidad se ve ampliada por la inexistencia de una política preventiva robusta y sin financiamiento explícito. En consecuencia, la promesa de cobertura universal se vuelve incongruente con la capacidad fiscal existente además de los costos de transacción que tienen las prestaciones para llegar al paciente.
La Argentina figura entre los países que más prometen en el papel, pero que menos cumplen en la práctica y en la operatoria del derecho en la vida real. El ajuste aparece siempre por algún lugar y toma la forma de: listas de espera, acceso desigual entre provincias o litigiosidad creciente.
Las consecuencias de no reconocer el rol central de la prevención terminan repercutiendo en las diversas áreas que conforman la salud organizada:

I. Financieras: los recursos se absorben en complejidad creciente, sin contrapeso de ahorro en carga de enfermedad evitable.

II. Clínicas: pacientes ingresan al sistema en etapas avanzadas, aumentando mortalidad y discapacidad evitables.

III. Culturales: tanto médicos como pacientes ven a la prevención como “extra” y no como parte del cuidado.

IV. De gobernanza: la rectoría nacional queda reducida a apagar incendios en medicamentos de altísimo costo y litigios, en lugar de orientar estratégicamente la salud poblacional.

Se constituye de esta manera un círculo vicioso que conspira para alcanzar mejores resultados con los recursos que destinamos a la cobertura de salud de la población, que suman un 10% del PBI (se estima entre un 25/30% que se pierden por gestión inapropiada) y obtenemos como resultado:

1. Esperanza de vida al nacer: 77,4 años en 2023.

2. Tasa de mortalidad infantil (muertes de menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos): 8-8,4 por 1.000 nacidos vivos en 2022.

3. Tasa de mortalidad materna: se estima en 37 por cada 100.000 nacidos vivos.
Esta simple relación muestra una ineficiencia importante si la comparamos con países de la Región como Chile, Uruguay o Costa Rica. La inequidad en la distribución explica muchas cosas, pero también la falta de una política continua y sostenida de prevención.

Mortalidad infantil: los datos de 2022 muestran que TMI más alta fue Formosa -alrededor de 15,1 ‰ y en el otro extremo la TMI más baja fue Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur- cerca de 3,9‰. Un estudio reciente (2025) confirma persistentes desigualdades: las provincias del norte y nordeste tienden a tener tasas más altas, mientras que provincias del sur (o con mejores indicadores socioeconómicos) aparecen con tasas bajas.
Esperanza de vida: hay estimaciones de “esperanza de vida al nacer” por provincia, aunque muchas provienen de estudios con datos de unos años atrás. Por ejemplo, en un relevamiento de 2018: la esperanza de vida varía considerablemente: desde 72,9 años en Chaco hasta 77,3 años en Neuquén. Esa variabilidad evidencia desigualdades regionales estructurales en salud, condiciones socioeconómicas, acceso a servicios y otros determinantes.
Mortalidad materna: si bien hay trabajos académicos que han analizado diferencias provinciales en mortalidad materna, las series disponibles públicamente son parciales o agregadas, con períodos anteriores, y no hay una base pública reciente consolidada (2022–2023) con mortalidad materna por provincia y que además incorpore contexto sociodemográfico de forma homogénea. Un dato puntual: análisis de desigualdades 1990-2010 muestran que hubo diferencias importantes entre provincias.

Circulo vicioso de la falta de prevención en el sistema

El círculo gira en falso y terminamos atrapados por una educación y una cultura olvidada del cuidado individual y familiar de la salud y de un sistema sanitario preparado solo para reparar. Una vez perdida la salud es cuando se pone en marcha el sistema y lo que se ha privilegiado a lo largo de los años es la complejidad por encima de lo sencillo y eficaz que son las prácticas preventivas y el acceso de la población a los centros de salud cercano y bien preparados.
En algunos países estos centros ya se están reconvirtiendo en centro de la comunidad para poder atender 360 grados toda la problemática del envejecimiento y todos los problemas sociales que aparecen estas nuevas sociedades donde vivimos. Los EBAIS en Costa Rica son un buen ejemplo, así como la estrategia de Saude da Familia implementada por Brasil en los últimos 20 años.
Uno de los caminos para tener una estrategia de abordaje del problema es transitar hacia un modelo basado en el valor. Lo que significa utilizar el valor como brújula del sistema. El objetivo último del sistema no es producir servicios, sino maximizar resultados de salud que importan a los pacientes por cada unidad de costo.

Para ello es necesario recorrer un camino que implica construir las columnas vertebrales que van a sostener la estrategia y que se pueden resumir de la siguiente manera:

I. Construir métricas de resultados en salud poblacional.

II. Introducir incentivos económicos para la prevención y el mantenimiento de la salud (capitación por riesgo, bonos por resultados, pagos por desempeño).

III. Promover y fomentar el cambio cultural en salud pública para cambiar la visión de una APS como “lo pobre para los pobres”.

IV. Terminar con la cultura política del “corto plazo” donde el rédito está en inaugurar hospitales, y no en sostener políticas de prevención silenciosas.

Pero este primer paso requiere después un programa por donde avanzar, definir las áreas y los temas por atacar para torcer una historia de baja inversión en prevención y promoción:

I. Reorientar el financiamiento: destinar un % fijo de transferencias sanitarias nacionales y provinciales a programas de prevención y promoción (con resultados medibles: vacunación, controles prenatales, tamizajes, salud escolar).

II. Introducir Pagos por desempeño: remunerar a provincias, obras sociales y prestadores por metas de cobertura preventiva (ejemplo: % de diabéticos con HbA1c controlada, % de hiper- tensos con presión normalizada).

III. Construir un Plan de Beneficios Federal (PBSF): donde se incluya explícitamente prestaciones preventivas y promoción de salud como derechos garantizados, no como anexos.

IV. Marco legal corrector: incorporar en la legislación sanitaria la obligación de invertir en prevención y promoción como política de Estado (con blindaje presupuestario).

V. Cambio cultural: campañas nacionales y formación profesional que posicionen la prevención como el “primer nivel de valor” del sistema.

El sistema argentino promete demasiado en derechos y cobertura, pero invierte muy poco en prevención. Esto termina generando un sistema orientado a la enfermedad y alejado de la salud, prisionero en una dinámica de gasto creciente, inequidad territorial y judicialización.

Quizás es momento de ensayar otras soluciones y la salida pareciera ser reprogramar el ADN del sistema: poner la prevención en el centro, remunerarla, medirla y gobernarla como piso de valor