El sector de la salud viene reclamando a los sucesivos gobiernos que asuman a la salud como una de las prioridades esenciales. Salvo en época de pandemia nunca estuvo en el centro de la agenda pública y en las diferentes encuestas siempre aparece como una de las ultimas prioridades de la población.
Sin embargo y es una paradoja, que ese reclamo y esa falta de centralidad para la población, haya cambiado bruscamente a partir de la aparición de varios eventos (denuncias de fraudes, fentanilo, conflictos con el Garrahan, etc.) producto de marcadas impericias y de hechos delictivos aún poco claros.
Ha pasado más de un año y medio desde el inicio de la nueva gestión nacional en salud (con cambio Ministerial incluido) y desde nuestra perspectiva no existe claramente un derrotero que muestre cual es el modelo de sistema de salud que se pretende para todo el país. Las acciones que se han desarrollado, aplicadas sobre todo en el sector privado (que cubre a muy poca población), no muestran cual es el camino para mejorar la calidad del sistema y su equidad para el 100% de la población.
Desde hace tiempo definimos a nuestro país en transición epidemiológica. Sin embargo, es ampliamente difundido que desde hace unos años existe un incremento de enfermedades infectocontagiosas, tales como la tuberculosis, las ETS (sífilis, gonorrea, HIV, etc.) sarampión, enfermedades respiratorias agudas, hepatitis A, etc., que son producto de la pobreza, el hacinamiento, la desnutrición, y de dificultades de acceso al sistema de salud y de la disminución de las tasas de vacunación.
Son todas señales epidemiológicas de países poco desarrollados y no se debe descartar que veremos su impacto en los indicadores poblacionales a futuro. Estos son problemas de toda la Nación, no jurisdiccionales. Se ha repetido que la salud constitucionalmente es una responsabilidad provincial, pero es indiscutible que la seguridad social (Obras Sociales Nacionales, PAMI, Prepagas, etc.) son responsabilidad del gobierno Nacional.
Que la salud sea una responsabilidad provincial no es óbice para recordar que la Argentina es una sola y que la función de “Rectoría” es patrimonio de la Nación y que la gobernanza es compartida entre todos, pero con coordinación nacional. Y si bien la pobreza y la desnutrición son determinantes sociales muy importantes, todo lo que se haga desde el sistema sanitario, por lo menos sirve para paliar la diferencia de igualdad y equidad del conjunto.
La consigna del Gobierno Nacional y de su Ministerio de Salud ha sido el reordenamiento del sistema con pilares en la libre elección y la desregulación. Es perfectamente conocido desde la Salud Pública de la necesidad de regular en muchos ámbitos para asegurar calidad, y efectividad, tal cual lo hacen los sistemas de salud de los países más desarrollados, logrando mejores resultados poblacionales.
Las medidas inadecuadas de desregulación impactan gravemente en la calidad de los modelos. A nivel internacional la Argentina decidió, siguiendo a EE. UU., retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aduciendo múltiples errores de la OMS, estructuras burocráticas y priorización de intereses políticos.
Se coordinó con las provincias un plan de vacunación y de abordaje del dengue, y luego del brote de sarampión uno similar para esta patología, debiendo tenerse en cuenta que los indicadores de cobertura en vacunas están muy deprimidos desde la pandemia, por lo que es necesario un planteo integral de vacunación.
Se implementó la receta electrónica y la matriculación digital (avances destacables). También se desregularon medicamentos que pasaron a ser de venta libre con la idea de reducir costos de adquisición por los usuarios, efecto que se logró, pero sin considerar que ello generó la falta de cobertura de estos por las obras sociales y las prepagas, impactando una vez más en el gasto de bolsillo de una población ya de por sí económicamente muy castigada.
Se ha visto una reducción de cobertura de muchos medicamentos en el PAMI, lo que impacta sobre jubilados con escasos recursos. Según informes oficiales se ha moderado el aumento del precio de los medicamentos, en algunos meses por debajo de la inflación.
Es necesario analizar específicamente que ha ocurrido con las drogas de mayor consumo, sobre todo, porque el impacto de los medicamentos es muy importante sobre todo en las clases más deprimidas. Es necesaria una política nacional de medicamentos no limitada al precio de venta de estos y abordar los medicamentos de alto costo por su impacto en el sistema.
Se han producido cambios significativos en la regulación de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, que aparecen como los ejes fundamentales del Gobierno, aunque las EMP dan cobertura a un porcentaje muy reducido de la población y sobre todo de los sectores socioeconómicos más altos.
Desde la SSSalud se ha comenzado un proceso de auditoría de Obras Sociales reduciendo la cantidad de entidades que por su masa de beneficiarios o por su crisis financiera son insustentables. Es una medida apropiada y solicitada desde diferentes sectores.
El control del gasto médico se ha convertido en uno de los principales desafíos para todas las instituciones de salud, obras sociales y empresas de medicina prepaga. Existen dificultades para analizar la información, incremento del gasto sin una causa muy clara con desvíos en las prestaciones. Se torna necesario ordenar procesos, optimizar los recursos y mejorar las decisiones a tomar respecto a la eficiencia y eficacia en las prestaciones, centradas en la calidad y seguridad del paciente.
Al mismo tiempo, sin embargo, se han producido algunas intervenciones de obras sociales que han generado serios cuestionamientos desde el sector por la forma en que se han realizado. Ha sido acertada sin dudas la eliminación de terceras obras sociales como mecanismo para desregular aportes, aunque ello no ha impactado en los valores de las cuotas como se había previsto.
Tampoco se tiene muy claro aún como impactan las me- didas en el sector de obras sociales, habida cuenta que favorecer el pase de las personas con mejores sueldos y menor carga de enfermedad al sector privado perjudica a un sistema solidario como es el de las Obras Sociales, donde quedan los salarios más bajos, y los beneficiarios con patología y les dificulta aún más la cobertura del PMO obligatorio.
Respecto al PMO, no se han publicado, como canasta de prestaciones, ningún tipo de nuevo análisis de este y los trabajos para su modificación por líneas de cuidados, realizados con financiamiento del BID, han quedado cancelados a la fecha.
Desde nuestras publicaciones del costeo del PMO, año a año, se marcó como imprescindible, como política Nacional, la creación de una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. (AGNET). Analizar la costo-efectividad de la tecnología de alto costo, analizar su cobertura y al mismo tiempo aportar conocimientos a la justicia para reducir la litigiosidad.
El Gobierno Nacional en marzo 2025 comunicó la creación, mediante decreto del Poder Ejecutivo, de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS). Esa comunicación no ha sido plasmada en hechos y como en versiones anteriores de varios proyectos de leyes (algunos todavía con estado parlamentario), han existido seguramente motivos de mucho peso, intereses e influencias para que no haya ocurrido.
Debe destacarse como un elemento importante para abordar la alta litigiosidad del sistema, la creación del PROMESA. La aplicación de mediación prejudicial en materia de salud como solución alternativa de conflictos, aparece como muy conveniente según el análisis realizado por expertos.
Un tema esencial para repasar en este último año es el estado de situación de los recursos humanos en salud y su formación. A los complejos problemas presupuestarios de las universidades públicas y las bajas tasas de graduación, se ha sumado el tema de la residencia, para cuyo ingreso estuvo vigente el examen único con el que, cada año, se cubre gran parte de los cupos en el país para las residencias en medicina, enfermería y bioquímica.
Fue una política en salud que logró sostenerse a lo largo de distintos gobiernos y gestiones nacionales, y que, sin dudas, necesita modificaciones. Este año, un examen irregular, llevó a que el Ministerio de Salud suspendiera en adelante el examen único dejando como potestad de cada jurisdicción su realización. La medida es por lo menos cuestionable en lo que tiene que ver con la menor articulación de la calidad del recurso humano entre los diferentes estamentos, lo que atenta contra la igualdad del sistema.
Las residencias no son obligatorias (posiblemente deberían serlo). Cada vez menos recibidos las eligen porque durante su desarrollo la expectativa salarial es muy baja y la carga asistencial es muy alta, y las condiciones laborales precarias. Los que deciden su realización eligen sobre todo las especialidades con mejor rendimiento económico en el sistema, con el consiguiente desmedro de muchas del primer nivel, esenciales, o de las de cuidados especiales. En general es muy grave la crisis de los recursos humanos del sector, médicos, enfermeras, técnicos, etc.
Los hospitales nacionales están perdiendo recursos muy calificados por las bajas remuneraciones. Recursos que pasan al sector privado. En el sector privado los honorarios médicos también se encuentran depreciados, hay muchos cobros de copagos, y turnos atrasados para los que quedan dentro del sistema.
La crisis de los recursos humanos, pilar de todo sistema de salud, impacta y mucho sobre la calidad de atención en el sistema. No se ha avanzado en certificaciones y recertificaciones de profesionales, ni en acreditación de establecimientos para mejorar calidad, también una política a impulsar desde la Nación junto a las provincias.
Parece haberse naturalizado que salud y educación son gastos de bolsillo dejando libradas a las personas a su suerte, y a pacientes y equipos de salud postergados u olvidados. La gente silenciada por el agobio no reclama. La fuerza de lo aspiracional, la crisis y el nuevo descreme de las obras sociales, hacen que las personas se priven de otras cosas, para pagar educación de los hijos y salud.
Parece un final de época. El sistema, en terapia intensiva hace treinta años, parece estar navegando a ninguna parte, y pierden todos: pacientes, financiadores, y prestadores. O tal vez el plan este yendo hacia lo esperado: provincias que se hagan cargo de la salud de sus habitantes, traspaso de las capitas más altas a los prepagos, su integración vertical, desaparición de obras sociales, deterioro de la capacidad instalada y del nivel de ingreso de los profesionales de la salud.
Sin duda, se requerían reformas para abordar las persistentes inequidades e ineficiencias, pero el enfoque actual plantea interrogantes; los recortes presupuestarios, y una reestructuración orientada al mercado, podrían exacerbar los problemas subyacentes.
La reforma requiere intervenciones focalizadas para fortalecer subsidios cruzados y mancomunación de riesgos, y redistribución de fondos de ricos a pobres, sanos a enfermos y jóvenes a mayores. Es prematuro realizar una evaluación integral de las políticas actuales, y solo en los próximos años se podrán mensurar los cambios, en acceso y resultados, y la sostenibilidad del enfoque libertario de la rectoría sanitaria.
Pero hay un profundo cambio ideológico que privilegia la austeridad, reduce las responsabilidades federales en salud y se aleja de la redistribución y tradicional solidaridad de nuestro sistema, y la presentación de estas medidas como una defensa de la libertad frente a la intervención estatal conmueve los cimientos de la salud pública.
No se soluciona el problema con la delegación en las jurisdicciones de los servicios de salud; sin cambiar el modelo de atención, especialmente cuando hay una sobrecarga en los prestadores públicos. Nadie parece pensar o buscar una salida, y el mercado no lo hará, y queda un agotamiento moral y bajos salarios y honorarios de los equipos de salud que sostienen un sistema, que aumenta su desigualdad y concentración en pocos actores ganadores.
Este presente requiere muchas correcciones que no pueden esperar, reformas profundas y estratégicas para evitar el colapso definitivo del sistema de salud, que se halla en crisis desde hace mucho tiempo