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En el fútbol, los argentinos no
logramos evitar compararnos con
Brasil. Si extendiéramos la
competencia al acceso a los
medicamentos, el resultado sería
menos favorable: Brasil concretó dos
avances muy relevantes, mientras que
la Argentina permanece rezagada. El
marcador, por ahora, es dos a cero.
No es que Brasil tenga un sistema de
salud perfecto. El SUS -Sistema
Único de Saúde- enfrenta problemas
de financiamiento, desigualdades
territoriales, listas de espera y
presiones crecientes por incorporar
tecnologías cada vez más costosas.
Pero entendió algo decisivo: el
mercado farmacéutico no puede
gobernarse con una sola regla.
Existen, en realidad, dos mercados
muy diferentes. Por un lado, están
los medicamentos cuyos monopolios ya
expiraron. Allí, la política pública
debe promover la competencia. La Ley
de Medicamentos Genéricos (Nro.
9.787 de 1999) hizo precisamente
eso: fortaleció la competencia,
redujo la dependencia de las copias
comerciales y garantizó calidad a
precios asequibles. Los genéricos
tienen envases diferenciados, su
intercambiabilidad es garantizada
por la autoridad regulatoria (Anvisa),
su precio de comercialización debe
ser un 35% inferior al del producto
de referencia y su compra y
prescripción son obligatorias en los
servicios públicos.
El segundo mercado es el de los
medicamentos innovadores protegidos
por patentes, donde la competencia
prácticamente no existe. En estos
casos, la regulación debe reemplazar
al mercado. La creación de CONITEC
Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologías, través de la Ley Nº
12.401de 2011, institucionalizó la
evaluación de tecnologías
sanitarias. Incorporó criterios
explícitos de eficacia, seguridad,
costo-efectividad e impacto
presupuestario antes de decidir qué
medicamentos y tecnologías financia
el SUS.
Brasil aplicó con mayor fidelidad
que muchos países liberales uno de
los principios básicos de la
economía de mercado: competencia
donde la competencia es posible;
regulación donde el monopolio impide
que el mercado funcione. Como mostró
el premio Nobel de Economía, Kenneth
Arrow, en su clásico artículo de
1963 sobre la economía del cuidado
médico, “los mercados de salud se
apartan sistemáticamente del modelo
competitivo: hay incertidumbre,
asimetrías de información y poder de
mercado”.
Brasil pareció tomar esa lección en
serio: promovió competencia donde
podía haberla -genéricos- y reguló
con evaluación explícita allí donde
el monopolio hacía imposible confiar
solo en el mercado. En materia de
medicamentos, esa distinción se
tradujo en dos herramientas:
genéricos para promover la
competencia y CONITEC para evaluar
las tecnologías en las que la
competencia no alcanza.
Las cifras ayudan a dimensionar el
problema. Brasil y la Argentina
gastan proporciones similares de su
producto en salud. La diferencia se
observa al analizar cómo se organiza
ese gasto y cuánto espacio ocupan
los medicamentos.
En Brasil, las cuentas de salud más
recientes ubican a los bienes
médicos -principalmente
medicamentos- en torno a una quinta
parte del gasto total en salud. En
Argentina, estimaciones previas
ubicaban a los medicamentos
alrededor del 30% del gasto total en
salud. En el gasto directo de los
hogares, además, los medicamentos
siguen siendo el rubro más pesado.
La Argentina avanzó parcialmente en
ambas direcciones, pero no consolidó
una estrategia nacional coherente y
sostenida. En términos del uso de
genéricos la Ley 25.649 de 2002
también introdujo la prescripción
por Denominación Común
Internacional, pero nunca se
consolidó una regulación de la
oferta, ni una política nacional de
compras con la misma coherencia.
Persistió un amplio mercado de
“similares” o copias comerciales; la
implementación fue desigual entre
las jurisdicciones y los
financiadores. En síntesis,
Argentina aprobó una ley; Brasil
construyó una política de Estado.
Con respecto a los medicamentos
monopolísticos la Argentina avanzó
algo en 2018 con la creación de
CONETEC,- Comisión Nacional de
Evaluación de Tecnologías de Salud
mediante la Resolución 623/2018 del
Ministerio de Salud. Pero la misma
no toma decisiones de cobertura
obligatoria para todo el sistema de
salud. Sus recomendaciones solo
tienen carácter de referencia
técnica nacional para el Ministerio
de Salud nacional y sus organismos
dependientes, pero no ordenan
automáticamente la cobertura por
parte de provincias, obras sociales
o prepagas. En otras palabras, los
miembros de la Comisión se enteraron
de que la misma existe, pero parece
que los jueces no.
Mientras tanto, el gasto en
medicamentos continúa absorbiendo
una proporción excesiva de los
presupuestos sanitarios y del gasto
de bolsillo. La consecuencia no es
solo contable. Cada peso que se
gasta de más en medicamentos de bajo
valor terapéutico, copias sin
competencia efectiva o innovaciones
incorporadas sin evaluación rigurosa
es un peso que no se invierte en
atención primaria, prevención,
calidad de servicios o protección
financiera de los hogares.
La principal diferencia entre ambos
países no reside en la capacidad de
sus profesionales ni en el nivel de
sus universidades. Tampoco en la
calidad de sus investigadores o de
su industria farmacéutica. Argentina
posee recursos humanos e
instituciones de excelencia. La
diferencia radica en la capacidad
para construir políticas de Estado.
Brasil decidió regular con más
inteligencia uno de los mercados más
complejos del sistema de salud:
competencia donde podía haber
competencia; evaluación, negociación
y reglas explícitas donde el
monopolio hacía imposible confiar en
el mercado. Argentina, en cambio,
sigue respondiendo a las urgencias
sin generar acuerdos duraderos sobre
las reglas del juego.
Por eso el resultado es, por ahora,
dos a cero.
La buena noticia es que el partido
todavía no terminó. Argentina no
necesita copiar el modelo brasileño.
Cada país debe construir sus propias
soluciones. Lo que sí necesita
recuperar es la capacidad de debatir
estratégicamente su política de
medicamentos y transformar esos
acuerdos en instituciones estables.
Porque los sistemas de salud no
cambian cuando cambia un ministro.
Cambian cuando una sociedad decide
construir políticas públicas capaces
de sobrevivir a los ministros.
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