Mientras se desarrollaba la intrigante saga de la medicina prepaga, ocupando tapa y gran parte del contenido de los diarios, transformando en una discusión sobre la salud de la “Nación” la transacción de pago (de un seguro de salud privado y voluntario) de alrededor de 2% de los argentinos (por otra parte, los de mayores ingresos); hecho sobre el que volveremos en algún capítulo posterior; pasaba sin pena ni gloria y sin merecer una línea periodística la emisión del decreto 1901, posiblemente uno de los cambios más trascendentes en el tratamiento del financiamiento de la seguridad social.
Este decreto, cuyos fundamentos fueron propuestos al Sr. Presidente de la Nación en el año 2005, fruto de un estudio realizado por entonces por la Superintendencia de Servicios de Salud, regula, entre otras cosas, la distribución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a través del llamado subsidio automático, por medio de un mecanismo de ajuste de riesgo por edad y sexo.
Veamos una explicación: la ley determina que aquellos beneficiarios del sistema de seguridad social, cuyo aporte (9%) no alcance una cifra determinada, son compensados por el FSR para alcanzar la cifra que se determine, con el claro objetivo de, utilizando un mecanismo solidario, lograr que los beneficiarios de salarios más bajos se acerquen lo máximo posible a un aporte que permita satisfacer las prestaciones garantizadas por el PMO.
Esta cifra, hasta el año 2002 era de $40 por titular del aporte. Quienes no alcanzaban esos $40 con su 9% de aporte, eran compensados.
En el curso de ese año, propiciamos desde la Superintendencia una modificación que tomara en cuenta la composición del grupo familiar del aportante, y se cambió la compensación llevándola a $22 por cada titular y $20 por cada uno de los integrantes del grupo familiar; de esta forma, todos aquellos titulares cuyo aporte del 9% no alcanzaba a cubrir una cifra de este volumen, sumada, era compensado por el FSR.
De esta manera se hacía más equitativa la compensación, favoreciendo a aquéllos beneficiarios con grupos familiares más grandes, en detrimento de los que recibiendo antes el mismo monto de dinero, no tenían familia, o beneficiarios obligados.
El nuevo decreto; como antes dijimos propuesto al Sr. Presidente en el curso del año 2005, fruto de un pormenorizado estudio llevado a cabo en la Superintendencia; mejora aún más las condiciones de equidad de dicha compensación, pues toma en consideración la edad y sexo de cada uno de los componentes del grupo familiar y del propio titular y consecuentemente el riesgo de enfermar de cada uno de ellos. De esta manera se consigue, por primera vez, ligar el ingreso que la seguridad social garantiza para cada uno de sus beneficiarios, con su probabilidad de gasto en salud, desligándola a la vez de su capacidad de aporte por salario, fortaleciendo el componente solidario del sistema.
Esta decisión, representa en mi opinión una de las reformas más trascendentes en el financiamiento de la seguridad social argentina; no por su volumen dinerario, ya que los montos del FSR disponibles para la compensación no lograran alcanzar todavía las cifras necesarias para hacer consistente los aportes con el costo del PMO (aunque se acercaran muchísimo), sino porque impone una lógica solidaria que respeta los comportamientos del irregular mercado de la salud.
Esta lógica, representada aquí en su primer paso, requiere de ajustes más finos, como por ejemplo una adecuación a los costos regionales, tan variables en nuestro país.
Y, si el sentido común logra imponerse sobre los intereses sectoriales el paso siguiente sería la distribución de la totalidad de los aportes (no sólo los del FSR) de acuerdo al riesgo de enfermar de los beneficiarios, independientemente de sus ingresos salariales y de su adscripción por rama de actividad.
Alcanzaríamos entonces la categoría de un sistema de seguridad social altamente solidario entre todos sus aportantes (y no sólo entre los de determinada actividad), transparente, y muy probablemente sostenible financieramente.
Si a esta medida agregáramos la instrumentación del decreto de regionalización, en vigencia, y la medición del producto por GRD, estaríamos , sin duda, en presencia del sistema de seguridad social en salud más equilibrado de America latina, y probablemente del mundo. Con estos agregados quedaría además saldada una discusión de costos entre prestadores y financiadores, que se asemeja hoy mucho a la saga de la medicina prepaga, con decisiones fundadas en el “mas á menismo”.
Cuando esto suceda, es posible, que algún medio decida prestar más atención a lo que acontece con el destino sanitario de los 15 millones de argentinos amparados por la seguridad social, o aquéllos más pobres, que sólo tienen como posible cobertura a nuestro sistema público. Caso contrario seguiremos discutiendo sobre la salud de los argentinos… el millón que aparece en la tapa de quienes “nos informan…”.