Es cierto que las reformas micro se deben hacer en los momentos de bonanza y no cuando se debe hacer el ajuste, es por ello imperdonable que este gobierno argentino siga dando vueltas con la mayoría de las reformas que el país, la sociedad y la economía requieren.
En el caso de la regulación de la industria del medicamento muchas veces se tiende a diluir los límites entre “desarrollo económico” y “exigencias de calidad y seguridad”. Un cierto discurso populista (e interesado) plantea que las exigencias de calidad de los procesos y de los medicamentos pueden terminar sacando del mercado a pequeñas y medianas empresas (farmacéuticas) que necesitan “tiempo” para consolidarse y lograr el “milagro argentino y latinoamericano” en materia de industria farmacéutica.
En el caso de la industria del medicamento ese “tiempo” ya parece haber transcurrido suficientemente. Hace muchos años que el mercado interno financia las industrias locales y multinacionales. No se puede retroceder en materia de institucionalidad y reglas del mercado, cuando un grupo no menos importante ha llegado ya a una posición de calidad y seguridad como pueden exhibir importantes sectores de la industria del medicamento en la Argentina.
La competencia debe darse entre iguales y para ello el mecanismo de acreditación de las plantas industriales, los procedimientos y los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad para aquellas áreas terapéuticas que así lo requieran constituye el piso a partir del cual es posible hablar un mismo idioma tanto si es un laboratorio de producción nacional como multinacional, si es de marca o genérico, si es innovador o similar, etc.
No se puede hacer la vista gorda en materia de calidad, eficacia y seguridad del medicamento apelando al tema del empleo o los menores precios que podrían tener aquellos laboratorios que no cumplen con las normativas. La calidad de los medicamentos no puede estar sujeta a ningún tipo de interpretación política. El margen de error se paga con la vida, o con demoras en la recuperación de los pacientes. La gran ventaja de los que tienen este discurso es que esto no se mide ni se controla y menos se informa.
La Argentina tiene laboratorios nacionales que invierten, que exportan y que tienen producciones de excelente calidad. Eso se consigue no sólo con el accionar privado que es muy importante sino con una autoridad regulatoria (ANMAT) que debe mantener y elevar gradualmente la calidad de la oferta.
Debemos ser conscientes de que la producción de medicamentos sin investigación y desarrollo, sin innovaciones costo efectivas, sin calidad adecuada, no agrega valor a la economía y a la salud y lo que no podemos hacer como país (a pesar de que el gobierno lo está haciendo en todos los sectores) es subsidiar cierta industria para que pueda sobrevivir a las exigentes condiciones del mercado. Sólo se sobrevive cuando se está protegido por el tipo de cambio y por las facilidades administrativas que se tiene por ser de capital nacional.
No estoy diciendo que no deben existir subsidios o promociones, como podría plantear un economista clásico alejado de la realidad y las vinculaciones históricas de la política con la economía. Todos los países del mundo, utilizan regulaciones y subsidios, lo que estoy diciendo es que deben tener límites, deben estar pautadas, deben ser explícitos, deben tener exigencias, tiempos y obligaciones de la industria subsidiada (beneficiada). No puede ser un cheque en blanco que se entrega y sobre el cual nunca más se revisará quién cumplió su parte y quién no. La promoción industrial que supimos conseguir y “mantener” durante los últimos veinte años no me deja mentir al respecto.
Existe un momento donde es necesario dejar que el mercado haga lo mejor que sabe hacer que es asignar eficientemente los recursos y para ello es conveniente que la intervención pública en vez de seguir distorsionando el mercado sea por ejemplo facilitando créditos o negociando un plan estratégico de inversión y desarrollo con la industria que permita saber hacia donde se va, con cuántos recursos y en qué tiempos.
Cuando la política ignora las reglas económicas, y el superávit fiscal permite financiar y subsidiar indiscriminadamente, reemplazando la gestión eficiente que exige el mercado para sobrevivir por un mecanismo prebendario y lobbista, el país se hace menos competitivo, se cierra y no existe destino para un país cerrado al mundo. La política pública debe guardar un equilibrio entre eficiencia y equidad, sin dejar que ninguna de las dos prevalezca. Los riesgos que genera la primera, los tenemos presentes exclusión, marginación y concentración del capital y la segunda cuando se construyen políticas que sólo miran “la igualdad y equidad” termina generando desincentivos al desarrollo, disminuye el nivel de competitividad y termina vendiendo las industrias a los capitales multinacionales.
Es muy cortoplacista pensar que el “mercado interno” argentino va a permitir que todos los laboratorios de capitales nacionales puedan sobrevivir haciendo los mismos productos, es necesario en esta materia establecer criterios de racionalización y de concentración que miren no sólo el mercado interno sino la potencialidad de los mercados externos. El tema es que afuera solo pueden salir determinados conglomerados (como Bagó por ejemplo) y una estrategia continuada y sistemática de exportación requiere una presencia del Estado ayudando a vender a través de sus consejerías económicas en el exterior.
Ni este gobierno ni otros ha construido una política industrial farmacéutica que integre la salud al desarrollo económico y esto implica pensar no sólo en lo que puede dar el mercado interno sino fundamentalmente los sistemas de salud del resto del mundo y lo que puede significar la exportación de conocimiento y valor agregado detrás de una estrategia donde el Estado abre el juego, explicita los incentivos y luego deja que el sector privado avance inventando, innovando, produciendo con calidad y vendiendo sus procesos y productos al resto del mundo.