“Durante el cuarto año nos planteamos la integración plena de las obras sociales de las fuerzas armadas, de seguridad, universitarias, del poder legislativo y judicial y la realización de un estudio del estado de funcionamiento de los hospitales públicos y centros de atención primaria (perfiles, normativas y financiamiento). Esto para tener al hospital público como un efector de los centros de atención primaria, como efectores de privilegio del sistema y presupuestar necesidades según perfiles, servicios y áreas”.
“A partir del quinto año comenzaría el funcionamiento en red de los hospitales públicos y centros de atención primaria de acuerdo a las posibilidades de aplicación de programas prestacionales y la adecuación de normas del sistema.
“En el sexto año, veríamos la integración de los beneficiarios de los planes sociales nacionales y provinciales y de los beneficiarios de los seguros provinciales y municipales de salud. También se daría inicio al financiamiento a través de rentas generales, a un módulo del plan médico obligatorio y al fondo solidario de redistribución. También la generalización según el módulo definido, que es la administración de programas especiales”.
“En el séptimo año planteamos la adecuación normativa y administrativa de las obras sociales provinciales como paso previo a la integración plena y el empadronamiento de desempleados y carenciados. Si hablamos de proceso de tantos años, esperamos que el porcentaje de desempleados que tengamos en nuestro país sea mínimo (el denominado desempleado funcional).

“Durante el octavo año estamos hablando de una primera integración parcial de las primeras obras sociales provinciales según las posibilidades de la adecuación normativa. Esto tiene mucho que ver con el trabajo que tenemos que hacer con las legislaturas provinciales. Muchas obras sociales necesitan el acuerdo parlamentario, los dos tercios necesarios, porque son leyes fundamentales y todo esto, en un proceso que hemos planteado en estos plazos.
También incluimos en este año el comienzo de la integración de desempleados y carenciados por padrón, el módulo del plan médico obligatorio del fondo solidario y los aportes de rentas generales. Esto servirá para ver cómo pensamos en el día de mañana cómo será el financiamiento de las prestaciones, si únicamente a través del salario diferido o con aportes genuinos del tesoro.
Además, comenzaría la integración plena de la red pública como prestadora central y el financiamiento mixto entre el capital privado y el público.
Por último, planteamos la integración plena con las obras sociales provinciales restantes, la integración plena de la población desempleada y carenciados.

La influencia de los avances

Por su parte, Carlos Garavelli, titular de la Organización Internacional de la Seguridad Social (OISS), aseguró que las reformas en materia sanitaria son imprescindibles “a raíz de los cambios vertiginosos que se dan en lo que hace al diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades” y debido “al crecimiento de la expectativa de vida, que se ha duplicado durante la década del 90 en todo el mundo.
Este aspecto, según Garavelli, no es menor porque “tenemos que crear los mecanismos y generar los recursos para poder, desde la Seguridad Social, dar respuestas a una población que ya se conoce con el nombre de “cuarta edad” y que se caracteriza por vivir muchos más años que los adultos que los precedieron”. “Este desafío exige reformas, tanto en materia de prestación de servicios como de financiamiento, ya que los caminos que hasta aquí se recorrieron nos llevaron a un sistema fragmentado, empobrecido y sin capacidad de respuestas”, sentenció el titular de la OISS.

EL PODER LEGISLATIVO

Durante el desarrollo del XII Congreso Internacional Salud: Crisis y Reforma, se analizaron distintos aspectos legislativos referidos al sistema de salud y se expusieron los posibles aportes que se pueden realizar desde el Congreso para mejorar la situación sanitaria en todo el país.
En ese sentido, Jorge Capitanich, senador y titular de la Comisión de Hacienda del Senado, aseguró que “cuando se plantea cuáles son los aportes del poder legislativo a una reforma del sistema de prestaciones del sistema de salud, lo importante es reconocer cuáles son los temas que forman parte de la agenda legislativa en estos momentos”.
Para Capitanich está claro que la crisis del año 2002 ha sido muy grave y ha afectado sustancialmente al sector por varias razones. Por un lado, la caída del producto bruto interno desde 1998 al 2002 era equivalente al 20,9 por ciento, lo que generó un incremento de la tasa de desocupación cercano al 24% y consecuentemente un aumento en los números de pobreza e indigencia. “Naturalmente, eso impactó en el financiamiento del sistema de seguridad social, entre los cuales, obviamente, las obras sociales constituyen un factor importante, y lo mismo ocurre con el tema de financiamiento del Pami o eventualmente el poder adquisitivo de las familias para poder acceder a mejores servicios en materia sanitaria”, subrayó el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

En el año 2002 se sancionó la ley 25.561, que era de emergencia económica y, con posterioridad -cuando Capitanich estaba en el gabinete como Jefe de Ministros- mediante el decreto 486 del mismo año, se estableció la emergencia sanitaria. “Esta fue muy importante para cumplir con varios objetivos: la articulación de un sistema de fondos de redistribución, con el objeto de garantizar un sistema redistributivo para obras sociales en virtud de que había 11 millones de beneficiarios potenciales del sistema de obras sociales que requerían un proceso de atención especial”, reconoció el senador justicialista.
En 2002, Pami tenía una crisis de carácter terminal con deudas equivalentes a casi siete meses de prestaciones, tanto en 2001 como los primeros meses de 2002, más la acumulación de la deuda verificada, consolidada y no instrumentada, que es la del decreto número 925 del año 1996. “Esta acumulación de acreencias por parte de prestadores de servicios médicos y complementarios generó, por un lado, que tenían cuentas a cobrar y por el otro devengamiento de obligaciones provisionales e impositivas que no podían cumplir, y por eso el decreto 486 significó la posibilidad de parar cualquier tipo de ejecución de carácter fiscal y reprogramar los modelos de procesos de cancelación de deudas provisionales e impositivas a la espera de una ley de carácter estructural”, recordó Capitanich.
La ley de emergencia económica fue la número 25.561, el decreto 482 del año 2002. Con posterioridad hubo varias leyes de prórrogas sucesivas y modificatorias que luego incluyeron el 486 en el articulado. Por ejemplo, la ley 25.561 fue modificada por la 25.790, luego la 25.820, la 25.972 y la última ley de emergencia económica fue la 26.077, donde se incluyó expresamente el decreto 486. “Y en el ámbito del Senado, aprobamos una nueva prórroga por un año más de la ley de emergencia económica y también la emergencia sanitaria”, informó el senador.
“Esto implica la necesidad de tener cobertura para la problemática vinculada a deudas provisionales e impositivas, ya que ahí había un problema: los servicios de atención médica psiquiátrica no estaban incorporadas a la emergencia -en la interpretación que hacía la AFIP– y también los servicios de emergencias médicas eran complementarios”, puntualizó Capitanich